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Marchena, el juez que estuvo al frente de los juicios del 'procés', deja la presidencia de la Sala Penal del Supremo

  • Una trayectoria marcada por las tensiones con el Gobierno por su postura ante la cuestión independentista
  • Tras dos mandatos no prorrogables, el magistrado cede las riendas de su cargo a Andrés Martínez Arrieta

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El presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena
El presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena EFE/Javier Lizon

El juez Manuel Marchena ha dicho adiós a su carrera como presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo tras 10 años en el cargo desde que sucediera a Juan Saavedra, en el año 2014.

Una década de mandato profundamente marcada por los juicios del 'procés' contra los líderes independentistas catalanes, donde mostró férrea determinación, así como por un pulso prácticamente constante mantenido con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una enemistad entre instituciones cuyo origen se remonta a un polémico mensaje donde el portavoz en el Senado del PP, Ignacio Cosidó, aseguraba que, con Marchena, su formación seguiría controlando "la Sala Segunda por detrás" y que cobra peso por su manifiesta posición contra los indultos a los dirigentes del 'procés' así como por el reajuste de la reforma que modificó la malversación a petición de las formaciones independentistas.

Dos mandatos no prorrogables de continua exposición ante foco mediático que ahora dan por concluida esta etapa de su carrera judicial, aunque seguirá como magistrado en el Alto Tribunal, donde entró con 48 años.

Canario de nacimiento y fiscal de formación

Originario de Las Palmas de Gran Canaria, su trayectoria como jurista se desliza desde bien temprano como fiscal entre diferentes instancias judiciales. Fue en 2007 cuando finalmente logró instalarse como magistrado en el Tribunal Supremo, donde accedió tres años antes como fiscal, adscrito a la Sección de lo Penal.

Sería nombrado entonces por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) magistrado de la Sala Segunda, entrando por el turno reservado para juristas de reconocida competencia, convirtiéndose así en uno de los magistrados más jóvenes en llegar al alto tribunal.

A lo largo de esta etapa, asumió casos que trascendieron en la esfera de lo mediático y que le otorgaron cierto renombre. Son ejemplos el caso Campanario, por una operación de fraude a la Seguridad Social; el caso Mari Luz, por el asesinato y abuso sexual de una menor; el caso saqueo de Marbella, por el desvío de 30 millones de euros a las arcas municipales de la ciudad; y el caso Atutxa; con el que se inhabilitó al presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa por desobediencia.

2014, salto a la Presidencia de la Sala Segunda del Supremo

En 2014, Marchena dio el salto a la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo, cargo que ha asumido hasta ahora y que disputó con su entonces compañero y actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y con el presidente de la Junta Electoral, Miguel Colmenero, obteniendo 12, 7 y un voto, respectivamente.

Hasta ese año, destaca también su papel en el año 2012 como presidente de Comisión para estudiar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Durante ese primer mandato al frente de la Sala de lo Penal, fue autor de importantes sentencias, como la que avaló que la conocida como 'lista Falcani' -integrada por miles de nombres de personas físicas y jurídicas involucradas en el tráfico de drogas y diamantes, así como señores de la guerra- fuera prueba válida para fundar una condena por delito fiscal en España.

Por otro lado, cabe destacar otro fallo que consolidó la jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El 'procés', huella de toda su trayectoria profesional

Pero si algo marcó realmente toda su carrera profesional fue juicio del 'procés' que sentó en los tribunales a los líderes independentistas por el referéndum ilegal en Catalunya del 1 de octubre de 2017.

Fue en su etapa como presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal cuando, a lo largo de 52 sesiones, juzgó a los dirigentes catalanes, incluido al expresidente del Govern Oriol Junqueras y firmó el fallo que el 14 de octubre de 2019 condenó a algunos de ellos a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación por delitos de sedición, malversación y desobediencia.

Un recorrido en los tribunales que llevó la firma de Marchena hasta su culminación y que consolidó su imagen durante meses en los medios como la cara judicial frente al independentismo.

Tanto fue así que incluso desde las redes sociales hubo quienes difundieron sus intervenciones, sacando a relucir célebres citas como: "Yo le digo que es una sugerencia para que usted me entienda, pero no es una sugerencia"; "las preguntas hay que traerlas pensadas de casa"; y "hacernos perder el tiempo tiene consecuencias jurídicas"

Reelegido en 2019, esta vez sin rival, Marchena siguió fallando contra el independentismo, primero para desaconsejar los indultos a Junqueras y a los demás condenados, después por la reforma que derogó la sedición y modificó la malversación, para reajustar la sentencia manteniendo la malversación agravada, lo que impidió levantar las inhabilitaciones.

Y por último, para decidir sobre los términos de la aplicación de la ley de amnistía, que no perdonaría finalmente bajo resolución del Supremo los delitos de malversación y su constitucionalidad, todavía en trámite

Choques con el Gobierno: "Por la puerta de atrás"

Bien son conocidas las tensiones de Marchena con el Ejecutivo, que hunden sus raíces en la quiebra de un acuerdo en 2018 a través del cual PP y PSOE situaban a Marchena como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a cambio de que hubiera 11 vocales progresistas y 9 conservadores.

Un acuerdo que saltó por los aires tras darse a conocer un polémico whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de los senadores 'populares' del momento, en el que se jactaba de que con el nombramiento de Marchena su formación seguiría controlando "la Sala Segunda desde detrás".

Pero fueron sus resoluciones judiciales en torno al 'procés' las que agravaron ese pulso con el Gobierno de coalición, más todavía tras aceptar como socios de investidura a ERC y Junts.

En concreto, el texto que ratificaba el acuerdo entre el PSOE y el partido de Puigdemont terminó recogiendo por válidas acusaciones de 'lawfare' contra las que se pronunció el Consejo General del Poder Judicial en septiembre de 2023.

Ese año, también recibió críticas por parte del Ejecutivo tras el aval del Supremo a las rebajas de penas acordadas por instancias inferiores en aplicación de la llamada como 'ley del solo sí es sí', impulsada por el ministerio de Irene Montero, quien atribuyó el fallo al "machismo judicial".

Andrés Martínez Arrieta asume el cargo hasta que el CGPJ tome una decisión

El nombre de Marchena ha sido una constante en los numerosos intentos de renovar el CGPJ, aunque su nombre no saliera nunca adelante.

También le han cortejado grandes bufetes, con el mismo resultado. Así, ha seguido vinculado, por voluntad propia, a la Sala Segunda hasta ahora y, por la misma voluntad, cede las riendas de su cargo a Andrés Martínez Arrieta, ya que podría seguir interinamente hasta que el órgano de los jueces eligiese sucesor, pero no lo hará.

Este último le reemplazará en funciones por ser el magistrado más antiguo, aunque aspira a la plaza y rivaliza por ella con Ana Ferrer.