CSIF denuncia al Defensor del Pueblo la suspensión de citas médicas de Muface por parte de las aseguradoras

• Afirma que "están poniendo en riesgo la atención sanitaria de más de un millón y medio de funcionarios y sus familias"
• El sindicato registrará en el Congreso "centenares" de quejas que están recibiendo por parte de los mutualistas

Fachada del edificio de Muface en Madrid. Ricardo Rubio / Europa Press

El sindicato CSIF ha denunciado este lunes ante el Defensor del Pueblo que las clínicas están suspendiendo y retrasando citas médicas de Muface. Esto se produce después de que la primera licitación del concierto sanitario quedara desierta porque las aseguradoras no se presentaron a la renovación del convenio al no considerar suficiente la subida de la prima propuesta por el Gobierno.

CSIF ha destacado que tanto el Gobierno como las aseguradoras "están poniendo en riesgo la atención sanitaria de más de un millón y medio de funcionarios y sus familias". De esta manera, con el objetivo de "intentar corregir y visibilizar esta situación muy grave", la asociación ha presentado ante el Defensor del Pueblo una carta firmada por Miguel Borra, líder de la organización sindical.

Con todo, el secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Lama, ha recalcado que "el Gobierno debe corregir esta situación" y que "CSIF no va a permitir estos recortes ni que los funcionarios tengan que pagar de su bolsillo un derecho como es la atención sanitaria".

Retrasos en operaciones de gravedad

Según el sindicato, se están dando "incluso retrasos en intervenciones quirúrgicas de gravedad, al tiempo que han llegado a pedir a los funcionarios que se sufraguen ellos mismo los tratamientos si quieren ser atendidos", por lo que ha definido la situación como "de máxima gravedad" y, por ello, ha defendido que "hay que dar una solución de manera inmediata".

Lama ha explicado, además, que el convenio vigente vence este 31 de diciembre, por lo que las situaciones mencionadas son "irresponsabilidad de las aseguradoras". Por tanto, desde la organización han animado a todos los afectados a que lo reclamen y lo denuncien públicamente.

Licitar un nuevo concierto para 2025

"La realidad es que efectivamente la Ley de Contratos del Sector Público establece que por cuestiones de interés general se puede prorrogar ese concierto, pero la realidad también es que deben de haberlo licitado con tres meses de antelación", ha detallado el secretario. En este contexto, ha añadido que la situación "es anómala y las compañías seguramente se acojan a ese derecho".

Así, Lama ha reivindicado que la solución "pasa por licitar de manera expresa un nuevo concierto y que se resuelva de manera inmediata, para que a partir del 31 de diciembre de este año los funcionarios puedan acudir con total normalidad a recibir esa prestación sanitaria que es un derecho que tienen".

Por último, el representante sindical ha subrayado que, desde que la licitación quedó desierta, CSIF solicitó una reunión con el ministro de Función Pública, Óscar López, que a día de hoy no se ha celebrado. "La verdad es que nosotros, como sindicato mayoritario, estamos presentes en el Consejo General de Muface y estamos solicitando información que se nos está dando a cuentagotas", ha indicado Lama.

El sindicato continuará durante esta semana con las protestas por esta situación, ya que este próximo miércoles 11 de diciembre registrará en el Congreso de los Diputados "las centenares" de quejas que están recibiendo por parte de los mutualistas sobre la situación. Además, el sábado 14 de diciembre han convocado una concentración frente a la Dirección General de Muface, a la que esperan que acudan "miles de funcionarios de toda España".

El Gobierno abrió una consulta a las aseguradoras

Las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12%, por debajo de la petición de las aseguradoras, que estaba en torno al 40%.

Al quedar desierta la licitación, el Gobierno abrió un plazo de diez días hábiles, desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras notificaran a Muface a qué precio prestarían el servicio sanitario, especificando las primas fijas que se tendrían que abonar por cada grupo de edad para cada ejercicio del nuevo concierto (2025, 2026 y 2027).

La primera licitación para el concierto abarcaba el periodo 2025-2026, pero la consulta preliminar establece un periodo de vigencia estimado del nuevo concierto de tres años, de 2025 a 2027.

Tras cerrarse el plazo de consulta el pasado miércoles, DKV ha trasladado a Muface que la subida de la prima por cada asegurado dentro de la licitación de asistencia sanitaria a funcionarios debería subir un 40,6% y ha pedido a la mutualidad que los fármacos o coberturas que se incluyan en el sistema público de salud no se incorporen al convenio en vigor, sino al siguiente que se firme.

Asisa también ha participado en el proceso de consulta preliminar de Muface, pero, ha declinado hacer ningún comentario al respecto sobre el contenido de la documentación que ha remitido a la mutualidad.

En el caso de Adeslas, que ha estado informando a lo largo de noviembre de que no se presentaría al nuevo concierto y que les facilitaría atención sanitaria hasta el 31 de enero de 2025, ha acudido a la consulta y ha trasladado "varios anexos" donde reitera la posición de la empresa, analiza las "nuevas circunstancias" y ofrece datos que "sustentan" su posición.

Muface elaborará un informe tras las consultas

Tras finalizar el plazo de la consulta, Muface recopilará las contestaciones presentadas y si lo considera oportuno, podrá solicitar aclaraciones a las entidades participantes.

Una vez finalizadas estas actuaciones se elaborará un informe final en el que se incluirá la información recabada durante la consulta, que formará parte del expediente y será publicado en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado.

Pese a quedar desierta la primera licitación, Muface ha garantizado que los 1,5 millones de mutualistas, muchos de ellos funcionarios del sector de la enseñanza, recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad, pues la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar el servicio hasta nueve meses, atendiendo a circunstancias de interés público.