Seis de cada diez españoles creen que reciben del Estado menos de lo que pagan en impuestos, según el CIS

• El 82,3% considera que el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada no está garantizado en España
• La mayoría opina que las administraciones públicas deberían gastar más o mucho más en sanidad, educación y pensiones

Una persona usa una calculadora y un ordenador Getty Images

El 62,1% de la ciudadanía considera que recibe de las administraciones públicas menos de lo que paga en impuestos, un porcentaje que sube ligeramente respecto al año anterior (59,1%), según un reciente estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El informe 'Actitudes hacia el Estado de bienestar (II)', publicado este lunes y elaborado a partir de una muestra de 3.858 encuestas realizadas entre el 20 y el 28 de noviembre, desvela que solo un 8% considera que sí recibe del Estado más de lo que paga en impuestos, frente al 9,1% de hace un año; mientras que el 25,7% restante cree que recibe "más o menos" lo que abona en tributos, cuando en la encuesta previa fue del 29,9%.

A su vez, los datos revelan que un 58,8% de la ciudadanía opina que se beneficia entre poco y nada de lo que paga a las administraciones en impuestos y cotizaciones, respecto a un 38,7% que piensa que se beneficia mucho o bastante. Hace un año eran del 48,3% y del 49,4%, respectivamente.

Por último, siete de cada diez personas encuestadas (un 69,4%) no se creen que en España pague más quien más tiene cuando se habla de impuestos, cuando el año pasado lo pensaban el 77,4%. Enfrente hay un 28,3% que sí lo piensa (un 19,7% antes).

El 82% considera que no está garantizado el derecho a la vivienda

El 82,3% de la ciudadanía considera que el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada no está garantizado en España: sólo un 15,7% estima que sí lo está para toda las personas. Y un 58,5% cree que va a empeorar el acceso a una primera residencia.

El pesimismo sobre la situación se evidencia también en el dato de que menos del 30% cree que esté garantizado el derecho a vivir en un medioambiente adecuado (29%), mientras que el 64% opina que todas las personas pueden acceder a una educación pública de calidad y el 61,5%, que toda la ciudadanía puede acceder a la protección de su salud.

A la hora de valorar los servicios públicos, el 63,8% califica de muy o bastante satisfactorio el funcionamiento de la enseñanza; el 60,9%, el transporte público; y el 55,3%, la sanidad. Sin embargo, un 69,3% tacha los servicios de justicia de poco o nada satisfactorios; el 63,9% opina lo mismo de la ayuda prestada a las personas dependientes y un 49,5%, del funcionamiento de los servicios sociales.

Las farmacias son los servicios que mejor nota obtienen de la ciudadanía (un 8,24 sobre 10), seguidas de internet (7,74), las tiendas de alimentación (7,62), las tiendas de ropa (7,19), el colegio de enseñanza básica (7,07), el instituto de enseñanza secundaria (6,85), la oficina postal (6,73), el transporte público (6,57) y el centro de salud (6,5). Peor puntuación alcanzan las oficinas bancarias (5,33), los centros para personas dependientes (5,89) y los ayuntamientos (5,92).

Más gasto en sanidad, educación y pensiones

Una gran mayoría de la ciudadanía española opina que las administraciones públicas deberían gastar más o mucho más en sanidad (un 92,7%); en educación (un 89%) y en pensiones (un 72,5%). Sin embargo, casi el 25% cree que se debería gastar menos o mucho menos en defensa.

Un alto porcentaje de la muestra, el 71,3%, está convencido de que en España, a la hora de aplicar las leyes, se hacen diferencias en función de quién se trate. Además, un 51,5 % cree que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder a los servicios públicos.

Al preguntar por los motivos que explican ese acceso diferencial a los servicios públicos, las principales razones que se alegan son los ingresos económicos (13,1%), la comunidad autónoma de residencia (7,2%), el pueblo o barrio en que se vive (6%), la nacionalidad (5,2%), la etnia o raza (5%), el nivel de estudios (3,7%), la ideología política (2,4%) o tener alguna discapacidad (1,8%).