El Gobierno aprueba el proyecto de ley de industria y autonomía estratégica: "Es un cambio de paradigma"

• Sumar se atribuye las medidas contra la deslocalización, como que las empresas devuelvan las ayudas públicas si se marchan
• El Ejecutivo podrá impulsar proyectos estratégicos como los PERTE, mecanismo que se creó para canalizar los fondos europeos

Vista aérea de una zona industrial, en una imagen de archivo. GETTY

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de industria, que se debatirá y votará en el Congreso de los Diputados e introduce el concepto de "autonomía estratégica", que se ha revelado clave en los últimos años para España y la Unión Europea, como evidenciaron las crisis derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania.

"Es un cambio de paradigma", ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sobre el texto, que incluye la obligación de las grandes empresas de devolver las ayudas públicas recibidas si se deslocalizan abandonando el espacio económico europeo.

"La política industrial ha vuelto y ha vuelto con fuerza", ha subrayado también el ministro de Industria, Jordi Hereu, en la rueda de prensa al término del consejo, y ha enumerado otros conceptos, que no aparecían en la ley anterior, de 1992: descarbonización, digitalización, talento, brecha de género, resiliencia, transición verde y simplificación administrativa.

El proyecto de ley supone establecer como un mecanismo permanente para la política industrial los llamados PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica), que se crearon para canalizar los fondos europeos tras la pandemia. "Con la nueva ley, el Consejo de Ministros podrá aprobar PERTE que irán dirigidos a los ecosistemas industriales, conceptos que surge de la política industrial de la Unión Europea", ha explicado Hereu.

De hecho, el ministro ha vinculado el impulso de los PERTE a la decisión de Stellantis y la china CATL de invertir 4.100 millones para una fábrica de baterías en Zaragoza, noticia que ha calificado de "fabulosa". "Es evidente que se basa en la enorme competitividad del sistema industrial español", ha enfatizado sobre el proyecto de gigafactoría. "Tiene que ver con la implantación de una política industrial activa.

Sumar se atribuye las medidas frente a la deslocalización

Además, de cara a "mantener y proteger la actividad industrial que ya existe en España", el proyecto de ley crea un nuevo protocolo en el caso de que una empresa quiera finalizar su actividad industrial en el país.

Según ha detallado Hereu, la empresa deberá avisar con nueve meses de antelación al Gobierno, que convocará una "mesa para la reindustrialización", donde se sentarían la dirección empresarial junto al Ministerio de Industria, sindicatos y las comunidades autónomas implicadas. Su objetivo será "analizar las distintas alternativas para revertir la decisión o, en su caso, asegurar todas las opciones para el mantenimiento de las capacidades industriales".

Poco antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, fuentes de Sumar se han atribuido las medidas frente a la deslocalización de empresas, que condicionan las ayudas públicas a la permanencia en suelo europeo, y el mayor peso de la transición ecológica, a pesar de la "resistencia" del ala socialista del Gobierno.

De acuerdo con el partido de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda ha presionado en las negociaciones para incluir que las grandes empresas que se vayan fuera del espacio económico europeo tengan que devolver el total de las ayudas públicas que han recibido, incluidos los expedientes de regulación de empleo (ERE) y los expedientes de regulación temporal (ERTE). Además, en caso de deslocalización, esta no podrá justificar despidos, cambios sustanciales en las condiciones de trabajo o rupturas del convenio colectivo.

Según ha precisado luego Hereu, las empresas que hayan recibido subvenciones públicas superiores a tres millones de euros en los últimos cinco años deberán mantener su actividad y empleo durante un tiempo establecido en la ley. Pero si reducen un más de un 65% su producción o recortan en al menos 500 personas su plantilla, deberán devolver dichas ayudas públicas. En el anteproyecto de ley, el umbral se ubicaba en seis millones, una reducción que también reivindica Sumar.

Las mismas fuentes del partido progresista han recalcado que la colaboración público-privada en España estará condicionada a criterios de mantenimiento del empleo y responsabilidad medioambiental. "La Vicepresidencia segunda ha conseguido un texto que sitúa la transición ecológica en el centro de la política industrial", han indicado, señalando las energías renovables como "palanca" para la reindustrialización y la cohesión territorial.

Una "reserva" para crisis y "especial protección" a la industria energética

Por su parte, Hereu ha destacado que el texto aportará "modernización, seguridad, certidumbre y nuevos instrumentos de apoyo" al sector. "Tiene como objetivo la reindustrialización, generar oportunidades de equidad social y territorial, garantizar autonomía estratégica, la atracción de nuevas inversiones industriales a España, el impulso de la innovación y la competitividad, la descarbonización de la industria y la transición digital", ha condensado.

Entre otras cuestiones, el proyecto de ley crea una Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), un fondo, de productos y capacidades estratégicas, susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis. "No se trata tanto de tener productos almacenados, como de disponer de un listado de artículos estratégicos, y de capacidades de producción nacional, ante casos excepcionales de situaciones críticas", aclara una nota de prensa.

El Gobierno asegura, además, que la ley garantizará una "especial protección a la industria intensiva en energía" (eléctrica o gas), con medidas para facilitar la descarbonización de sus procesos y su transición energética.

Se crea un Consejo Estatal de Política Industrial

De acuerdo con la nota de prensa del Ministerio, las líneas estratégicas de la política industrial se elaborarán tras consultar con comunidades autónomas y agentes económicos y sociales y se irán aterrizando a través de planes estatales y programas de mejora de la competitividad. Como novedad, además, se creará el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI), un órgano consultivo que coordinará las acciones de la Administración y los trabajos de los distintos Ministerios implicados en la política industrial.

A estos foros, se suman los ya existentes: la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, que reúne a Gobierno y comunidades autónomas, y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, un órgano colegiado con autonomía funcional que asesorará al Ministerio de Industria y Turismo en el diseño de las políticas. Este último integra a representantes ministeriales y del sector industrial de ámbito nacional.

El proyecto contiene también un régimen de sanciones en caso de infracción, con multas que ascienden hasta los 100 millones de euros en casos muy graves.