La reforma de la 'ley mordaza' sigue su trámite tras fracasar las enmiendas a la totalidad del PP y Vox

• Ahora la reforma de la 'ley mordaza' continuará su camino en la Comisión de Interior del Congreso
• En un debate bronco, PP y Vox han calificado la reforma como 'ley Otegi'

El Pleno del Congreso rechaza las enmiendas a la totalidad a la reforma de la 'ley mordaza'. EFE/Juan Carlos Hidalgo

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', que fue pactada por PSOE, Sumar y sus socios habituales, continúa su tramitación parlamentaria después de que el Pleno del Congreso haya rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Ahora la reforma de la 'ley mordaza' continuará su camino en la Comisión de Interior del Congreso con la presentación de las correspondientes enmiendas parciales.

En un bronco debate de poco más de hora y media, en la línea de lo que es habitual últimamente en el Congreso, PP y Vox han defendido sus enmiendas a la totalidad a la modificación de la 'ley mordaza', que han rebautizado como "ley Otegi", por estar "redactada por un condenado por terrorismo", en referencia a que la reforma fue pactada por el Gobierno y Bildu, o de "inseguridad ciudadana".

La diputada del PP Ana Vázquez y el diputado de Vox Javier Ortega Smith han sido los que han subido a la tribuna para defender las enmiendas a la totalidad de sus respectivos partidos con duras críticas al Gobierno, al entender que se ha "saltado todas las líneas rojas" marcadas en la pasada legislatura -cuando fracasó la reforma- por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en temas como la supresión de las pelotas de goma o la rebaja de graves a leves de las multas por faltas de respeto y desobediencia a la autoridad.

En el Pleno también se han escuchado duras críticas a la vigente ley, que podría cumplir una década en vigor en julio si la reforma no prospera, como encendidas defensas a la modificación que impulsan PSOE, Sumar y EH Bildu, con una proposición a la que se sumaron ERC, PNV y BNG y que el pasado 29 de octubre obtuvo su primer visto bueno en las Cortes.

El PP cree que "defiende a delincuentes"

Para la diputada del PP Ana Vázquez esta norma, que ha denominado "ley Otegi", que supone, a su juicio "el mayor ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", y "defienden a delincuentes y a los que quieren echar a la Policía y la Guardia Civil del País Vasco y Cataluña".

Asimismo ha criticado la eliminación del uso de pelotas de goma como material antidisturbios que "obligará a los agentes a enfrentarse cuerpo a cuerpo" y se ha dirigido a los diputados de Bildu a quienes ha espetado: "No se dan cuenta de que jamás vamos a tener tantos policías como manifestantes en las calles. Ustedes lo que quieren es que haya un muerto".

Vázquez ha lamentado también que disminuir las sanciones provocará que los ciudadanos sientan que pueden desobedecer sin consecuencias, lo que reducirá la efectividad policial y aumentará los desórdenes públicos.

Además, ha considerado que la reforma solo se debe a querer "mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno", pues cree que el Ejecutivo ha pactado la nueva norma debido a los casos de corrupción que cercan al entorno del presidente del Gobierno. "Cuanta más corrupción en el Gobierno, más cesiones en el Parlamento a Bildu", ha advertido.

Vox augura "inseguridad ciudadana"

Vox ha pedido la retirada de la reforma con la que, según el diputado Javier Ortega Smith, sus autores lo único que pretenden es "proteger a los violentos y a los delincuentes". "Ya lo hemos visto con los indultos, ya lo hemos visto con la ley amnistía y ahora lo vemos con esta ley de inseguridad ciudadana".

Para Vox, con esta ley el Gobierno pretende "desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los españoles que actúan de manera legal y pacífica" generando "inestabilidad y caos en las calles", además de "amordazar a la oposición".

Ortega Smith ha acusado al Ejecutivo de apoyarse en sus socios para "amordazar a ciudadanos que quiere salir a la calle tranquilos, poder defender su propiedad contra la 'okupación' o tener unas fronteras seguras".

Para el diputado de Vox, el "objetivo" de la reforma es el "control de las calles y mantenerse en el poder". Además, ha tachado de "golpistas" a ERC, de "separatistas de las nueces y la 'kale borroka'" al PNV, y de "filoetarras que no condenaron el terrorismo" a Bildu.

Ortega Smith ha protagonizado un momento muy tenso, cuando dirigiéndose al portavoz de Sumar, Enrique Santiago, ha calificado a esta formación como "fuerza criminal", unas palabras que han sido reprobadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien le ha pedido que "modere su vocabulario", pues "todos los diputados son electos".

Los socios creen que "no perjudica a las fuerzas policiales"

El Gobierno y sus socios parlamentarios han acusado a estos dos grupos parlamentarios de "desbarrar" en sus textos alternativos y vivir en "una realidad paralela", y han calificado las enmiendas a la totalidad de "excéntricas" y "contradictorias".

El diputado de Sumar Enrique Santiago ha defendido que se usen los "medios menos lesivos" y con "proporcionalidad" en las actuaciones policiales siguiendo el criterio de organismos internacionales como Naciones Unidas, después de que PP y Vox hayan acusado al Gobierno de "desarmar" a la Policía y la Guardia Civil al pactar la supresión de las pelotas de goma como material antidisturbio. Además, ha acusado a PP y Vox vivir en una "realidad paralela".

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha ironizado sobre la "capacidad de influencia" que le atribuye PP y Vox: "Ojalá tuviéramos tanta capacidad de influencia", ha dicho el parlamentario vasco antes de recordarle también a Ortega Smith que los sindicatos policiales le rehuyen después de sus críticas a la actuación policial en la calle Ferraz.

Iñarritu ha apuntado que hubo 50 agentes heridos y la incautación de palos, barras, porras extensibles, una pistola, material pirotécnico, bengalas, una escalera y una pala. "Curioso concepto de manifestación pacífica", ha ironizado.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha acusado a PP y Vox de "desbarrar totalmente" al querer mantener la ley que aprobó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, una idea repetida por los demás grupos en un debate en el que no ha intervenido ningún diputado de Junts.

Desde ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro ha denunciado que la ley mordaza es una "aberración democrática" que produjo "un gran sufrimiento a las personas" y que "falló a la gente" y ha asegurado que la reforma que se propone no perjudica a las fuerzas policiales.

Más escéptica se ha mostrado la líder de Podemos, Ione Belarra, que, a pesar de manifestar su rechazo a ambas enmiendas a la totalidad, ha vuelto a apuntar que la propuesta es una "derogación parcial" y no total como prometió el Gobierno, por lo que presentarán enmiendas.

Con todo, su intervención, no ha estado exenta de polémica, ya que ha aprovechado el debate para cargar con "los jueces corruptos que no hacen sentencias sino política" como Manuel García Castellón, Carmen Lamela, Concepción Espejel o "el sacrosanto Machena".

Quien no ha intervenido para fijar su posición es Junts quien, a pesar de que han rechazado los vetos de PP y Vox, también ha mostrado con anterioridad sus recelos a la reforma y, al igual que Podemos, registrará enmiendas parciales.

Patxi López carga contra Ortega Smith

Las calificaciones empleadas en el debate por Ortega Smith al hablar de Gobierno "criminal", de partidos que "odian" la libertad y apoyan "el crimen, la violencia y la amenaza" o su insinuación de que la reforma favorece el consumo de drogas "porque muchos son consumidores" ha provocado algunas interrupciones del debate.

Así, el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, ha pedido la palabra para censurar sus expresiones: "Estas actitudes y palabras no se pueden permitir en esta Cámara, porque esto lo único que hace es alimentar el odio en las calles".

Y ha apostillado: "La Cámara está para defender tus ideas, no para amenazar las de los demás, por muy nostálgico del régimen dictatorial que sea. Por eso creemos que esas palabras no tienen que estar en el diario de sesiones y que esas actitudes matoniles no se puede permitir en esta tribuna".

Policías y guardias civiles, en contra de la reforma

Por otra parte, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil coinciden en rechazar la reforma de la ley al entender que "desprotege" a los agentes y merma el principio de autoridad.

Desde Justicia Policial (JUPOL), han mostrado su "absoluto rechazo y repulsa" a la modificación de la norma, que supone "la pérdida total del principio de autoridad" en los supuestos de desobediencia y faltas de respeto a los agentes. Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) ha lamentado "la falta de apoyo y reconocimiento" y la "continua puesta en tela de juicio" de la labor policial, dos cuestiones que "debilitan" su capacidad para desempeñar sus funciones adecuadamente.

Y la Confederación Española de Policía (CEP) ha tildado la reforma como "el mayor ataque a la operatividad" de los agentes "en toda la democracia", al incidir en que convertir en leve la infracción grave de desobediencia y faltas de respeto situará a los profesionales de la seguridad pública en un escenario de "desprotección y riesgos", así como retirar las pelotas de goma

También la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha mostrado su "preocupación y rotundo rechazo" al pacto, que "pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas".

Casi diez años de 'ley mordaza'

La 'ley mordaza' entró en vigor 1 de julio de 2015. Llegó, después de manifestaciones como el 15M o Rodea el Congreso, para proteger las actuaciones policiales, endurecer las sanciones y dar más peso a la presunción de veracidad de los agentes en los atestados policiales.

Fue aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, haciendo uso de su mayoría absoluta, y con la oposición frontal del resto de partidos, que entonces se comprometieron a derogarla o reformarla si gobernaban.

La norma contempla multas de 100 euros hasta 600.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones. Entre las muy graves, están las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos; entre las graves, está la negativa a identificarse o perturbar la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, Senado o parlamentos autonómicos.

El PSOE, Sumar y EH Bildu pactaron en octubre el texto que, tras varios intentos frustrados, buscaba reformar la polémica 'ley mordaza'. A ese texto se sumaron ERC, PNV y BNG, aunque este último grupo, al igual que Podemos y Junts, anunció que presentaría enmiendas parciales durante su tramitación. La reforma pactada plantea la modificación de los cuatro puntos "más lesivos": desobediencia, falta de respeto, pelotas de goma y 'devoluciones en caliente'.