Consumo abre una investigación a empresas que gestionan cientos de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas

• Se centra en operaciones que pueden estar siendo gestionadas de forma irregular por empresas de intermediación
• Bustinduy asegura que hay "bastante pruebas" de conductas que están "cercenando" el derecho a la vivienda

Vista de los carteles de alquiler en un piso de Madrid. EFE/ Jennifer Gómez

La Dirección General de Consumo ha abierto una investigación a empresas que gestionan y administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, ya que podrían estar incurriendo en "prácticas engañosas" y en otras infracciones de la ley para la defensa de los consumidores.

Esta nueva investigación abierta desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según fuentes de este departamento, se centra en operaciones de pisos turísticos que, aún teniendo licencia, podrían estar siendo gestionados de forma irregular por empresas de intermediación que trabajan en diferentes lugares de España.

El ministro que dirige este departamento, Pablo Bustinduy, ha explicado que existen denuncias públicas de usuarios sobre posibles prácticas engañosas de las empresas que gestionan pisos turísticos.

Existen "modelos de negocios asociados a la vivienda turística" que obtienen "pingües beneficios" y hay "bastantes pruebas" de conductas que están "cercenando el derecho a a la vivienda en España", según ha asegurado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación previas a la inauguración del congreso 'EDI Derechos Humanos en el centro: avanzando hacia la desinstitucionalización' que organiza la Universidad Carlos III de Madrid.

Además, Bustinduy ha dicho que percibe "una sensación generalizada en la ciudadanía de que el descontrol en este ámbito no es asumible" y cree que el "modelo de negocio" de los pisos turísticos está "vaciando nuestras ciudades".

Posibles prácticas engañosas de las gestoras

La ley de competencia desleal define en su artículo 5 como "prácticas engañosas" cualquier conducta que contenga información falsa o que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico.

La misma ley menciona algunos supuestos que se considerarían "engañosos", como por ejemplo afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario.

Esta nueva investigación del ministerio, a través de la Dirección General de Consumo, se suma a otra anunciada el pasado mes de junio sobre la publicidad de viviendas turísticas sin licencia.

En esa ocasión se examinaron los anuncios que publican algunas plataformas para ofertar este tipo de viviendas como enclaves turísticos sin disponer de licencia para ello, una práctica que también supondría una infracción de la ley de defensa de los consumidores.

El pasado mes de octubre los técnicos de la referida Dirección General examinaron algunas agencias inmobiliarias que podrían haber ejecutado "prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler", según Consumo.

Estas prácticas van desde obligar a los consumidores a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o a aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.

Estas iniciativas van al hilo de las intenciones de Bustinduy de atajar la crisis de la vivienda en España, una cuestión que, según ha declarado públicamente en varias ocasiones, es uno de los principales problemas que tiene el país.

Recientemente, el ministro abogó por intervenir el mercado de la vivienda en los presupuestos generales del Estado de 2025 y por incorporar que los pisos turísticos paguen un 21% de IVA, igual que los hoteles, una medida que finalmente se quedó fuera del paquete fiscal recientemente aprobado.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció el pasado mes de octubre que el registro único de alquiler turístico, de temporada y por habitaciones "estará listo antes de que acabe 2024", según la ministra, que advertía que las viviendas turísticas, de temporada o por habitaciones que no hayan pasado por ese registro, no podrán comercializarse en plataformas.