La Guardia Civil registra empresas de socios de Aldama en Madrid, Zaragoza y Sevilla por la causa de los hidrocarburos
- La UCO ha inspeccionado las empresas de Luis Alberto Escolano, quien declaró ante el juez por el caso Koldo
- Los registros producen al mismo tiempo que Aldama comparece en el Supremo por el caso Koldo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva realizando desde primera hora de la mañana de este lunes varios registros en empresas en Madrid, Zaragoza y Sevilla en la causa en la que se investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros y por la que el presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, permaneció un mes en prisión preventiva.
Los registros se han producido al mismo tiempo que Aldama comparecía en el Tribunal Supremo por el caso Koldo. Asimismo, todos ellos se encuentran relacionados con varios de los socios de Aldama investigados en la causa de los hidrocarburos, por la que permanece en prisión provisional el propietario de la empresa Villafuel, Claudio Rivas.
Por el momento, los agentes de la UCO han inspeccionado las empresas que tiene en Calatayud, Zaragoza, Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, quien ya compareció como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Koldo.
Escolano negó ante el juez su vinculación con la trama
En su declaración en noviembre como investigado ante el juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, Escolano solo accedió a responder a su abogado y se limitó a desvincularse de los contratos de compra de mascarillas por los que se investiga a esta trama.
Su abogado también le preguntó por dos empresas que tiene en Portugal, respecto de las que afirmó que ninguna de ellas tenía relación con la trama de las mascarillas.
El instructor del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, atribuye a Aldama, a Claudio Rivas, y a la hermana de este, María Luisa Rivas, detenidos el pasado octubre por este presunto fraude, delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude estimado en 182,5 millones de euros.