La ley que limita los alquileres de temporada arranca su tramitación en el Congreso con el apoyo de Junts

• Se han introducido varios cambios para conseguir el 'sí' de los de Puigdemont, que rechazaron el texto en septiembre
• Uno de los cambios es que los contratos de temporada no puedan superar los nueve meses

Un bloque de pisos en Madrid. GETTY IMAGES

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado tramitar la propuesta de ERC, Sumar, Bildu, Podemos y BNG para limitar el alquiler de temporada y habitaciones. El texto fue rechazado el pasado 17 de septiembre, pero se han incluido varias modificaciones para atraer el voto favorable de Junts.

La toma en consideración de la ley ha salido adelante en el pleno con 176 votos a favor y 169 en contra, al contar con el apoyo del PSOE, PNV y Junts y la oposición del PP y Vox.

Cabe recordar que el voto en contra de los de Carles Puigdemont fue decisivo en el resultado del 17 de septiembre. Aunque un principio aseguraron que se iban a abstener, a última hora de la tarde decidieron votar en contra porque entendían que el texto "criminalizaba" la propiedad e institucionalizaba el alquiler de una habitación como la solución al problema de la vivienda.

El resultado no sentó bien a los grupos que propusieron el texto, pero estos han decidido volver a llevar la propuesta legislativa con modificaciones para respetar las competencias de Cataluña en vivienda.

Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos

La norma consiste en una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso, sobre todo en zonas declaradas como tensionadas para rebajar los precios. Por otra parte, se crea la obligación por parte del arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y, por tanto, de probarla en unos términos equivalentes a la legislación laboral.

Uno de los cambios introducidos, a instancias de ERC, es una reforma para que el contrato de temporada no pueda exceder de nueve meses, en lugar de los seis que estipulaba la ley original.

Así, cuando la duración supere los nueve meses o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y se aplicarán todos los preceptos previstos para dichos contratos, incluido el plazo mínimo y las prórrogas previstas.

Asimismo, el arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se le comunique al arrendador con una antelación mínima de 30 días. La norma dice que las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, el arrendatario deba indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los periodos de tiempo inferiores al año darían lugar a la parte proporcional de la indemnización.

En los contratos temporales, el arrendatario podría desistir del contrato de arrendamiento cuando haya transcurrido al menos un mes desde su formalización. Deberá comunicarlo al arrendador con 10 días de antelación, sin que en ningún caso dé derecho a indemnización.

Respeto a las competencias de las comunidades

También se introduce una nueva disposición adicional duodécima para que, en los casos de las comunidades autónomas que hayan desarrollado legislación propia en materia de vivienda, será de aplicación "la normativa autonómica, respetando así la división competencial".

Con estas modificaciones al texto, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha confirmado que su formación se puede abrir a apoyar la admisión a trámite de la proposición de ley. "Para Junts preservar las competencias de la Generalitat es esencial, y en este caso no solo se preservan, sino que se blindan", ha indicado nada más conocer el nuevo texto.

Otro de los cambios que Junts ve con buenos ojos es eliminar la posibilidad de que, en caso de una subrogación del contrato de alquiler, no se tenga que informar al propietario de la nueva persona inquilina.

laDILLO

Durante el debate, los representantes de ERC y Bildu han responsabilizado a los socialistas de este fenómeno, al recordar que ya les advirtieron, durante la negociación de la ley de vivienda, de que ocurriría ese trasvase del alquiler estable al de corta duración.

"Esta ley pretende achicar la vía de agua que supuso no regular los alquileres de temporada y de habitaciones en la ley de vivienda de mayo de 2023, cuando ya advertimos de que era por ahí por donde se iban a fugar los que buscan mayores niveles de especulación", ha señalado el diputado de Bildu Oskar Matute.

Este ha suscitado la protesta de la bancada del PP al afirmar que "cuando hay miedo (a no tener vivienda) no hay libertad" para tomar decisiones, aunque puede que la haya "para tomar cañas".

La diputada de Sumar Gala Pin ha reivindicado el trabajo de la sociedad civil en esta iniciativa, de la que ha dicho que también es una "forma de luchar contra empresas carroñeras y filonazis como Desokupa", mientras que Ione Belarra (Podemos) ha criticado la "falta de valentía" del Gobierno para "cambiar entero un sistema violento".

Puerta abierta a negociar

Durante el debate, tanto el PNV como Junts han subrayado que su voto a favor de la tramitación de esta ley no significa que apoyen el modelo de vivienda de la izquierda, el cual, en su opinión, ha agravado el problema habitacional en España por la inseguridad jurídica que ha generado entre los pequeños propietarios.

La parlamentaria del PNV Pilar Vaquero ha avanzado que presentará enmiendas que no solo afectarán a la LAU, sino que intentarán responder a la necesidad de hacer "retoques" a la ley de vivienda.

En esa línea, Marta Madrenas (Junts) ha advertido de que su grupo hoy "abre la puerta a negociar, nada más y nada menos" y ha avanzado que no aceptará "equiparar una habitación con una vivienda", al tiempo que ha reclamado a los socios del Gobierno que "dejen de liar más la cuestión con retoques legislativos de poco calado y aumenten el parque público de vivienda".

Desde Vox, Carlos Hernández Quero ha responsabilizado del "drama" de la vivienda a cinco años de legislación "fallida" y "devastadora", mientras que el 'popular' Joan Mesquida ha sostenido que el "intervencionismo sectario" del Ejecutivo de Pedro Sánchez es lo que la ha llevado del número diecisiete al primero en la lista de problemas que más preocupan a los españoles.

También el socialista Guillermo Hita ha explicado el voto favorable de su grupo para que esta iniciativa "pueda ser debatida y mejorada" y ha recordado que el Gobierno sigue trabajando para publicar en el BOE antes de fin de año el decreto de creación de un registro único para los alquileres de temporada, turísticos y de habitación.