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El Constitucional admite a trámite el primer litigio por "inacción" climática en España

  • Varias ONG denunciaron al Gobierno en 2020 ante el Supremo por incumplir sus obligaciones de reducción de emisiones
  • El Alto Tribunal rechazó en 2023 los recursos de los ecologistas, pero ahora el Constitucional estudiará el caso

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Sede del Tribunal Constitucional
Sede del Tribunal Constitucional Europa Press/Marta Fernández

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado el pasado junio por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo en el primer litigio al que se enfrenta España por "inacción contra el cambio climático".

El TC estudiará el asunto para pronunciarse en los próximos meses a favor o en contra, tras admitir a trámite la demanda apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal.

Este juicio climático en España arrancó en septiembre de 2020, cuando los grupos ecologistas presentaron un escrito de interposición ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por incumplimiento de sus obligaciones climáticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como señala el Acuerdo de París.

El Supremo dio la razón al Gobierno en 2023

Más tarde, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo admitió a trámite ese recurso, por lo que las organizaciones ecologistas registraron una demanda contencioso-administrativa en diciembre de 2020.

Pero en 2023 el Tribunal Supremo dio la razón al Ejecutivo y rechazó en julio de 2023 los recursos de esas organizaciones contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, la hoja de ruta gubernamental en materia de transición ecológica en esta década.

La corte consideró que los objetivos de reducción de nuestro país se ajustaban a los de la UE. En su primera demanda, denunciaban que el objetivo vigente en 2020 -una disminución del 23% en 2030 respecto a los niveles de 1990- era insuficiente para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados a final de siglo respecto a niveles preindustriales. Pedían que fuera, al menos, del 55%.

En el nuevo PNIEC, presentado el pasado septiembre, elevaba al 32% la reducción de gases de efecto invernadero al final de la década, todavía lejos de las exigencias de los ambientalistas.