Consumo abre expediente sancionador a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por no retirar anuncios ilícitos

• Consumo le envió un requerimiento instándola a retirar miles de anuncios que no ofrecían su número de licencia
• La investigación comenzó el pasado mes de junio con un requerimiento de información a diversas plataformas

Imagen de un piso turístico en Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas, tras requerirle la retirada "inminente" de miles de anuncios que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Según ha informado a través de un comunicado el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que integra a esta dirección general, el expediente tendrá un periodo de instrucción hasta que se resuelva si sanciona a la plataforma, a la que no identifica.

En relación con este expediente, el ministro Pablo Bustinduy ha señalado en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso que el sector "descontrolado" de pisos turísticos opera "en muchas ocasiones en condiciones de ilegalidad", algo que no se toleraría en ningún otro sector o actividad económica. "Hay que asegurar que ninguna empresa por grande que sea pueda estar por encima de la ley", ha dicho el responsable del departamento.

Bustinduy ha explicado que el expediente seguirá su curso "con todas las garantías" y el ministerio velará por el cumplimiento de la ley que defiende los derechos de los consumidores para que "sea íntegro y con todas sus consecuencias".

Se trata de la tercera investigación abierta por parte de Consumo relacionada con pisos turísticos tras detectar el pasado octubre diversas irregularidades en agencias inmobiliarias por prácticas abusivas en alquileres temporales y hace apenas una semana iniciar otra investigación contra grandes empresas de viviendas turísticas que podrían estar incurriendo en "prácticas engañosas" e infracciones de la ley para la defensa de los consumidores.

Las prácticas mencionadas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, que pueden alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

La plataforma no ha retirado los anuncios

En este caso, las pesquisas de la Dirección General de Consumo comenzaron el pasado mes de junio con un requerimiento a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios.

Consumo ha señalado en su comunicado que a esta petición de información, se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a una de estas plataformas en la que se le instó a retirar "de forma inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Ahora, meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema detectado.

Anuncios en distintas comunidades autónomas

Consumo destaca que los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, a ojos de la Dirección General de Consumo, "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada".

Según recuerda el comunicado todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España.

"Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha llegado a manifestar el ministro, al tiempo que también ha señalado que "ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley".