Los Mossos certifican que el móvil de Aragonès fue espiado con Pegasus sin aval judicial durante un año

• El último informe de la policía catalana acredita que el móvil del expresident fue infectado con Pegasus desde julio de 2018
• Los servicios de inteligencia no recibieron autorización del Supremo para el espionaje hasta un año después

El expresidente catalán y exdirigente de ERC, Pere Aragonès

El móvil del expresident catalán Pere Aragonès estuvo infectado con el programa espía Pegasus durante un año desde 2018 sin contar con el aval del Tribunal Supremo, según concluyen los Mossos d'Esquadra tras analizar su teléfono por encargo del juez.

El Alto Tribunal no autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a espiar el dispositivo de Aragonès hasta julio de 2019. En cambio, el exdirigente de ERC tuvo el móvil infectado entre julio de 2018 y marzo de 2020, por lo que el espionaje de los servicios de inteligencia se realizó más allá del período en el que contaba con cobertura judicial.

Fuentes jurídicas han informado a EFE que la policía catalana ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, un informe sobre el análisis forense efectuado al móvil de Aragonès, que el pasado mes de septiembre facilitó su teléfono para que fuera analizado.

Las conclusiones del análisis del móvil, según las mismas fuentes, coinciden con las de la pericial informática que Aragonès aportó al juzgado junto a la querella que presentó por el ataque con Pegasus.

Poco después de trascender el informe pericial, el expresident de la Generalitat, ha publicado un mensaje en la red social X asegurando que esta es la enésima demostración que revela que tuvo el móvil infectado en esas fechas. "El CNI y todos los implicados deben asumir la responsabilidad", ha denunciado.

La exdirectora del CNI, imputada por este caso

En esta causa permanece imputada la exdirectora del CNI Paz Esteban, quien fue destituida a raíz del escándalo por el espionaje masivo al independentismo con Pegasus.

Tras comparecer ante la justicia el pasado mes de enero, pidió que se archivara el caso, pero el juez lo descartó alegando que era necesario aclarar si todos los ataques al móvil de Aragonès contaban con aval judicial.

En su declaración como investigada ante el juez, Esteban no aportó dato alguno sobre los ataques con Pegasus al móvil del expresident, más allá de los autos del Tribunal Supremo que avalaron el uso del software, escudándose en que afectaba a información protegida por secretos oficiales.

De acuerdo con esos autos, que el Gobierno remitió al juez con fragmentos suprimidos alegando que contenían información reservada, el juez del Supremo encargado del control del CNI avaló el espionaje del móvil de Aragonès de julio a octubre de 2019 —con dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 a enero de 2020 y de enero a marzo de 2020—, después de que los servicios secretos adujeran que coordinaba las acciones de los CDR.

Por lo tanto, las infecciones detectadas desde julio de 2018 con Pegasus, un software que la empresa israelí NSO comercializa en principio solo a Estados, quedarían fuera de esa cobertura legal, han apuntado las mismas fuentes.

En julio de 2018, el director del CNI era Félix Sanz Roldán —cuya imputación ya ha puesto sobre la mesa el abogado de Aragonès— y Esteban, que lo sucedió en febrero de 2020, era la secretaria general de los servicios secretos.

Tampoco estarían amparados legalmente los ataques detectados los días 4, 5, 6 y 7 de julio de 2019, cuando Paz Esteban ya era directora interina del CNI, dado que el primer auto del Supremo que avala el espionaje es del 24 de ese mes.

Tras entregar el informe, el juez instructor ha preguntado a las acusaciones y a la defensa —a cargo de la Abogacía del Estado— si quieren plantear nuevas diligencias antes de finalizar la investigación del caso, que está prorrogada hasta el próximo mes de abril, con el criterio favorable de la Fiscalía.

Espionaje a diputados de la CUP

Por otra parte, el juez que investiga el espionaje con Pegasus a los móviles de los exdiputados de la CUP Albert Botran, Carles Riera y David Fernàndez, ha solicitado al CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional que aporten toda la información que dispongan sobre el caso. Esta petición llega después de que un informe de los Mossos d'Esquadra haya corroborado que sus teléfonos fueron atacados con el software malicioso.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz, ha acordado además librar una orden europea de investigación a las autoridades de Luxemburgo, tal y como solicitaba la Fiscalía, para que identifiquen las cuentas bancarias a nombre de las empresas del grupo NSO.

El objetivo del juez es saber los movimientos de esas cuentas bancarias entre los años 2016 y 2022 para poder identificar a "los posibles pagadores españoles del spyware Pegasus".

También ha acordado remitir una comisión rogatoria a Israel para que se requiera a las empresas agrupadas bajo el nombre de NSO las informaciones, datos o registros informáticos que conserven sobre el uso de Pegasus en los móviles de los diputados de la CUP.