Ábalos pide al Supremo que anule la causa contra él por una presunta intervención ilegal de la UCO

• La defensa del diputado del Grupo Mixto recurre el suplicatorio enviado al Congreso para suspender su inmunidad
• El exministro alega una vulneración de derechos fundamentales y una actuación irregular por parte de la Guardia Civil

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, este jueves durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados EFE/ Mariscal

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha pedido este viernes al Tribunal Supremo la nulidad de la causa por su presunto papel en el caso Koldo, al considerar que el juez ha vulnerado sus derechos fundamentales porque entiende que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) interceptó ilegalmente sus comunicaciones.

La defensa del ahora diputado del Grupo Mixto por Valencia ha presentado un escrito ante el instructor del caso, Leopoldo Puente, por el que recurre la decisión de elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para la suspensión de su inmunidad porque "adolece del rigor necesario".

En el recurso de reforma, el abogado de Ábalos pide la nulidad de las actuaciones "por entender que se han vulnerado tanto las garantías procesales (...) como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución" y avanza que si el magistrado no atiende esta petición, acudirá en amparo al Tribunal Constitucional.

El exministro denuncia como hechos muy graves que se han vulnerado la privacidad de su correspondencia y la inviolabilidad de sus comunicaciones cuando era aforado; por tanto entiende que todo lo investigado hasta la fecha es nulo.

El propio Ábalos ha publicado este escrito en su red social X, resaltando que el juez "no ha tenido en cuenta las pruebas que he aportado y que, como he denunciado ante la Fiscalía General del Estado, considero que he sido investigado ilegalmente por la UCO" durante la instrucción del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Los hechos concretos que denuncia Ábalos

El exministro explica que cuando su exasesor Koldo García tenía el móvil intervenido, los investigadores captaron conversaciones en las que tuvieron conocimiento de que Koldo le iba a entregar una documentación del Ministerio a través de su hermano Joseba.

Según señala, la Guardia Civil hizo un control al coche de Joseba el 4 de noviembre de 2023 en el punto kilométrico 542 de la autopista AP-7 dirección Valencia. El vehículo fue inspeccionado y en él "localizaron un sobre que había sido entregado por el subsecretario", el cual iba "nominado en la parte delantera" a su nombre, y en el anverso estaba cerrado y "con el sello oficial del Ministerio".

"Como consecuencia de ese operativo, que tuvieron conocimiento por las operaciones telefónicas, procedieron a abrirlo y a fotografiar toda la documentación que contenía el sobre", añade el exministro.

Tras ello, señala que los agentes siguieron a Joseba hasta su domicilio en Valencia, donde comprobaron que salía ya sin el sobre. En esta cadena de acontecimientos, Ábalos denuncia que más tarde la Guardia Civil le fotografió a él cuando salía de su domicilio y a su coche.

"Los hechos descritos son de suma gravedad por cuanto vulneran mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones" y "nunca consentí que se abriera dicha documentación", como "tampoco a día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser aforado) que motive la apertura de la correspondencia".

Al respecto, explica que "la correspondencia privada solo puede ser abierta por tercera personas cuando existe de forma inequívoca el consentimiento del destinatario, o bien, autorización judicial".

Para el abogado, resulta "inequívoco" que se ha vulnerado un derecho fundamental cuando, además, Ábalos "ha querido cooperar con la administración de Justicia".

El exministro también aprovecha el escrito para destacar que el suplicatorio que el juez Leopoldo Puente ha pedido al Congreso carece del rigor necesario por cuanto no hay prueba de las acusaciones que el empresario Víctor de Aldama ha vertido contra él de supuesta comisiones en dinero o mediante viviendas en Madrid y Cádiz.