Óscar López acusa al juez Peinado de prevaricar al "utilizar una mentira" para imputar a Juan José Güemes
- El juez imputó a Güemes por negar que Begoña Gómez fuera contratada por ser la mujer del presidente
- "Lo que hemos conocido del señor Peinado es claramente prevaricador", apunta el ministro
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes que el juez Juan Carlos Peinado ha prevaricado al "mentir en sede judicial" y "utilizar una mentira para imputar" a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa (IE) e investigado en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
López se ha pronunciado en estos términos tras la publicación en La Hora de la 1 de TVE unos audios sobre las declaraciones de Güemes, exconsejero madrileño con el PP, y de Soledad Gil, directora de Recursos Humanos del IE, en los que el juez atribuye a la segunda unas declaraciones que no hizo.
"Lo que hemos conocido de hoy del señor Peinado es claramente prevaricador, es el que el señor Peinado ha mentido en sede judicial, él, y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona", ha subrayado el ministro en declaraciones a la prensa en una visita a la sede del operador de telecomunicaciones Cellnex Telecom.
El interrogatorio de Peinado a Güemes, inicio de la polémica
En concreto, Peinado preguntó a Güemes si ordenó a Gil contratar a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno porque, según el juez, así lo había asegurado previamente su subordinada, cuando en realidad ella no había dicho nada al respecto, sino que esa afirmación provenía de la abogada de Vox, que ejerce la acusación popular.
Al negar el exconsejero madrileño esa acusación, Peinado suspendió inmediatamente la declaración como testigo para citarlo como investigado.
Posteriormente, la Fiscalía recurrió esa imputación por "carecer de la necesaria y mínima concreción fáctica y jurídica". López ha apuntado a que están saliendo cosas a la luz "muy, muy preocupantes" y ha incidido en que España es "un estado de Derecho" donde "los ciudadanos tienen derechos".