De la amnistía y la ley ELA a las reformas del Poder Judicial y RTVE: las 24 leyes del año

• El escudo social para paliar los efectos de la dana o el desbloqueo de la renovación del CGPJ, entre las leyes clave
• Las cámaras han logrado articular complejas mayorías parlamentarias para sacar adelante 24 leyes en 2024

Enfermos de ELA celebran la aprobación de la ley ELA en el exterior del Congreso de los Diputados en octubre de 2024 EFE

Como si de una casualidad se tratase, el 2024 cierra con 24 leyes convalidadas en el Congreso de los Diputados, una por año de siglo que llevamos. Ni una más ni una menos. En un periodo en el que volvieron las acusaciones de corrupción a la primera línea de debate político, con el hemiciclo más fragmentado afrontando su primer año natural completo, y con el Gobierno haciendo continuos malabares para lograr consensos y buscar apoyos a un lado y a otro del espectro de los socios de investidura, desde el PNV o Junts a Podemos, el año cierra con dos docenas de leyes. Y todo ello en medio de un clima creciente de crispación política.

Algunas de las normas que han visto la luz en estos doce meses han sido de gran calado político como la ley de amnistía o la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Aunque también ha habido espacio para la aprobación de otras como la ley para regular las enseñanzas artísticas superiores o los paquetes de ayudas de los llamados "escudos sociales" por la guerra de Ucrania o la dana del pasado 29 de octubre. A través de siete leyes, seis Leyes Orgánicas y 11 Reales Decretos - Leyes, los 350 diputados concluyen el año con menor iniciativa parlamentaria aprobada desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno a mediados de 2018. Todo ello en un contexto de complejas negociaciones, algunas de ellas hasta altas horas de la madrugada o con inesperados giros de guion con tintes de suspense en votaciones trascendentales para la estabilidad del Gobierno. Estas son las 24 leyes de 2024.

Amnistía, la piedra angular para sostener apoyos parlamentarios

Desde el comienzo de la legislatura a finales de 2023, un objetivo y una palabra sobrevolaba buena parte de la política española: amnistía. Esta cuestión se había convertido desde las elecciones generales del 23J en la piedra angular que, a priori, garantizaría la viabilidad y estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, necesitado de los apoyos de los partidos independentistas catalanes Junts y ERC, entre otros, para obtener una mayoría estable.

Su aprobación se demoró seis meses y se logró tras negociaciones, cambios y delicados equilibrios para evitar la retirada de los apoyos al Ejecutivo por parte de Junts y ERC. El periplo parlamentario logró sortear también el lento camino por el Senado, donde el PP usó su mayoría absoluta para bloquear y retrasar al máximo su tramitación. El 30 de mayo, en el Congreso vio la luz la llamada 'Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña'.

Con un tenso debate en el Congreso y después de obtener 177 votos a favor, 172 en contra y ninguna abstención, se aprobaba la norma que amnistiaba los delitos de los independentistas involucrados en el 'procés'. La ley en la que el Gobierno trabajó salía así adelante y con ella el Ejecutivo respiraba algo más aliviado para afrontar futuras votaciones que le permitieran poder aplicar su programa electoral.

ELA, la ley que unió al dividido y polarizado Congreso

Y como si de otro balón de oxígeno puramente limpio se tratase, pero esta vez para todo el Congreso, este 2024 ha dejado una ley que ha logrado que los diputados aparquen todas las diferencias. Por unas horas se alinearon para sacar adelante la ley que mejoraba las condiciones de los pacientes enfermos de ELA.

Después de casi tres años de debates, multitud de retrasos, y cientos de reivindicaciones por parte de las asociaciones de enfermos, en octubre el Congreso dio luz verde por unanimidad a una norma que pretende agilizar la evaluación de dependencia, garantizar cuidados las 24 horas a pacientes en fase avanzada y proteger a los cuidadores de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

Con 344 votos a favor y sin ningún voto en contra ni abstención, la proposición de ley se envió al Senado, que la aprobó, también por unanimidad, el 23 de octubre. Un oasis en el desierto en estos tiempos de crispación y desacuerdos políticos.

Este año también se aprobó con apoyo unánime del Congreso otra ley en materia sanitaria destinada a la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos o tejidos para su posterior trasplante.

La reforma, cinco años tarde, del Poder Judicial

Justo antes de cerrarse el periodo de sesiones antes de las vacaciones de verano y tras más de un lustro caducado, los dos grandes partidos, PSOE y PP, se pusieron de acuerdo para poner fin al "bloqueo" del que se acusaban mutuamente por no renovar el Consejo General del Poder Judicial.

La alianza de los dos grandes partidos permitió reformar el CGPJ tanto en el Congreso como en el Senado y llegar a un consenso en los órganos clave de la judicatura. La ley, sin embargo, no contentó a todos. En frente estuvieron las críticas de Vox, pero también las de los socios clásicos del Gobierno. En el caso de ERC, EH Bildu y BNG incluso llegaron a ausentarse de la votación, como muestra del rechazo al PSOE por haber pactado los nombramientos de los vocales con el PP. Los diputados de Sumar, como parte de la coalición en el Ejecutivo, optaron por la abstención.

Rebaja de penas, ETA y polémica con el voto a favor del PP y VOX

Una de las grandes polémicas parlamentarias de los últimos doce meses se produjo en la segunda mitad del año. Al poco de estrenarse el curso parlamentario, en el mes de septiembre, el Congreso aprobó por unanimidad modificar la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, siguiendo el mandato de una directiva europea de obligado cumplimiento. En el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, tampoco se introdujeron enmiendas y siguió su tramitación sin retrasos. Iba viento en popa y ningún grupo parlamentario interpuso objeciones a la ley, hasta que dos semanas después se desató la polémica tras la denuncia de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT).

La AVT denunció que el Congreso había aprobado por unanimidad, es decir, con el apoyo incluido de PP y de VOX, una ley que podía llegar a facilitar una rebaja de penas que beneficiaba, entre otros, a casi medio centenar de presos de ETA. Incluso siete de ellos podían llegar a ser excarcelados en pocos meses.

Con esta nueva ley, que reformaba una de 2014, y que seguía el mandato de una directiva europea, los presos de cárceles españolas que hubiesen cumplido condenas en un país europeo, podrían contabilizar esos años para salir antes de prisión y ver de esta manera rebajadas sus penas impuestas en España.

Vox pidió perdón de inmediato "a los españoles" por lo que ellos aseguraban ser un error. El PP, por su parte, se apresuró en culpar al Gobierno de la ley que ellos mismos habían apoyado e intentó en vano retrasar su tramitación definitiva aprovechándose de su mayoría en el Senado. Finalmente, la ley salió adelante, y se publicó en el BOE unas semanas después cumpliendo con lo dictado por Europa.

La reforma de RTVE y los decretos de la dana

Otra de las reformas que suscitó agrías discusiones en el hemiciclo fue el decreto impulsado por el Gobierno para rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para nombrar los consejeros de RTVE, pasando de dos tercios a mayoría absoluta, que ha aumentado el número de consejeros de diez a 15. Una reforma que fue denunciada también por los propios trabajadores de la corporación pública.

Junto a las críticas del PP al Gobierno por lo que consideraban un "asalto de las instituciones", la discusión se vio acentuada el día de la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados ya que la votación se produjo justo a la mañana siguiente de la dana. En un día en el que se suspendió la sesión de control al Gobierno y toda la actividad parlamentaria, solo se mantuvo la votación sobre RTVE, ante las críticas de PP y VOX, que se ausentaron del hemiciclo en señal de disconformidad.

Finalmente, el decreto salió adelante gracias a 175 votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC y Junts, mientras que el BNG se opuso y, Compromís, Vox y PP no acudieron para protestar por no haber suspendido la votación por la catástrofe en Valencia y Albacete.

Precisamente, a raíz de la dana de Valencia tres de las 24 leyes de este año tienen que ver con el desastre. Desde que ocurrió, el Congreso ha convalidado hasta tres reales decretos leyes para movilizar recursos para auxiliar a los miles de afectados en la provincia de Valencia y Letur (Albacete). El último real decreto ley salió adelante hace dos semanas con el apoyo de todos los partidos, menos de Vox. En total, a través de los estos paquetes de medidas, el Gobierno ha movilizado 16.200 millones de euros en ayudas a los damnificados por uno de los mayores desastres de la historia de España.

El impuesto a la banca o el gravamen temporal a las energéticas

El Congreso también ha convalidado otras leyes menos conocidas, por ejemplo para crear una autoridad independiente que investigue accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil o para regular el estatus de los agentes y bomberos forestales y medioambientales. Además, en el plano económico, se ha establecido un impuesto complementario para las multinacionales y gravar los beneficios extraordinarios de la banca o impuestos sobre los cigarrillos electrónicos y productos relacionados con el tabaco.

También se han impulsado leyes orgánicas para garantizar la representación paritaria y equilibrada de mujeres y hombres o para modificar el Régimen Foral de Navarra en cuanto a tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.

Además, han salido adelante reales decretos leyes con un fuerte componente social tales como el aprobado para prorrogar la suspensión de desahucios a colectivos vulnerables, rebajas en el transporte público, la ley de eficiencia judicial o el reciente gravamen temporal a las energéticas durante el 2025.

2024, el año con menos leyes aprobadas en la 'era Sánchez'

El 2024 cierra pues con 24 leyes aprobadas, lo que supone el periodo en el que menos leyes han salido adelante desde el año 2018. La cifra supone una ley una menos que el año pasado, cuando se sacaron adelante 25 normas y dos menos (26) que en 2019, los años que menos normas ha podido aprobar el Ejecutivo. Frente a las 74 leyes aprobadas en el año 2022, las 65 de 2021 o las 54 de 2020.

Con un horizonte en el que los apoyos van a tener que seguir buscándose en un contexto de difícil aritmética parlamentaria en el hemiciclo, el Gobierno afronta un 2025 también complicado a la hora de legislar y tendrá, como ha admitido Sánchez, que "sudar la camiseta" para poder sacarlas adelante por tercer año consecutivo.