Suspenden la detención del presidente de Corea del Sur ante la obstrucción de su servicio de seguridad
- La Policía ha desplegado 2.700 efectivos en el exterior de su residencia para frenar a los manifestantes
- Acusado de insurrección y de abuso de poder, ha ignorado tres citaciones para ser interrogado
Las autoridades han cancelado este viernes la operación para detener al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para interrogarlo por haber decretado la ley marcial en diciembre ante la obstrucción de su servicio de seguridad en su residencia en Seúl.
Según la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango, la operación se ha cancelado hacia las 13.30 hora local (4.30 GMT), después de que 30 agentes de ese organismo y 50 policías se encararan durante unas tres o cuatro horas con el servicio de seguridad presidencial, que se ha negado a facilitar el acceso al interior de la vivienda.
"En cuanto a la ejecución de la orden de arresto hoy, ante el punto muerto persistente, hemos determinado que era virtualmente imposible ejecutar la orden y estábamos preocupados por la seguridad de las personas sobre el terreno debido a la obstrucción para ejecutarla", ha explicado un portavoz en declaraciones a la agencia Yonhap.
El portavoz ha explicado que se estudiarán ahora otras medidas y ha añadido que lamentan "profundamente la actitud del sospechoso", que no ha acatado "los procedimientos legales".
Muchos han apuntado que la ejecución de la orden, obtenida el martes por los investigadores después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar a cuenta del estado de excepción, podría llegar este viernes, puesto que caduca el lunes y el fin de semana se espera que el número de seguidores del presidente en el exterior de la residencia se incremente, complicando las operaciones.
La Policía despliega a 2.700 agentes en el exterior de la residencia
El servicio de seguridad presidencial se ha negado a aceptar como válidas las órdenes de arresto temporal y registro obtenidas el martes después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar en relación a su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Los seguidores del presidente congregados cerca de su residencia, en torno a unos 1.200 según la policía, han celebrado la noticia con vítores.
La Policía ha desplegado un nutrido contingente que incluye 2.700 agentes sobre el terreno en las cercanías de la residencia presidencial, situada en el barrio de Hannam en Seúl, para evitar altercados.
Los abogados de Yoon han solicitado una orden judicial para anular la orden de detención argumentando que solo la Fiscalía puede solicitar ese tipo de arresto, y han insistido en que es "ilegal" tras conocer que las autoridades estaban dentro del recinto.
En caso de que puedan arrestarlo, el equipo conjunto formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional, dispone de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo cree necesario.
Yoon, al que se ha prohibido salir del país, fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a Junio si lo restituye o lo cesa definitivamente
Acusan al jefe del Ejército surcoreano por su papel en ley marcial
Los fiscales han acusado este viernes al comandante superior del Ejército y al jefe de las Fuerzas Especiales por su presunto papel en la imposición de la ley marcial en Corea del Sur el pasado diciembre.
El jefe del Estado Mayor, el general Park An-su, a cargo del comando militar durante la ley marcial, y el teniente general Kwak Jong-keun, jefe del Comando de Fuerzas Especiales, han sido acusados por cargos de insurrección y abuso de poder, según ha dicho a Fiscalía.
Park fue nombrado Comandante de la Ley Marcial tras declarar el presidente, Yoon Suk-yeol, el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y fue el encargado de emitir el decreto, el cual los investigadores creen que contiene elementos anticonstitucionales, como la prohibición de toda actividad política.
Kwak, por su parte, está acusado de enviar fuerzas de operaciones especiales a la Asamblea Nacional bajo órdenes del presidente Yoon para asegurar el edificio e impedir que los legisladores aprobaran la moción para rechazar la ley marcial.