Cuatro años del asalto al Capitolio de Estados Unidos: una insurrección premiada

• A pesar de que Trump alentó una sublevación, ha sido reelegido presidente
• La principal secuela es el temor a que pueda repetirse en cada derrota del movimiento trumpista

Cuatro años del asalto al Capitolio: los asaltantes pasan de apestados a héroes

Lo vimos en directo y sin embargo nos costó creerlo. Mucho. Lo inverosímil no era el qué, sino el dónde. Habíamos visto asaltos a parlamentos y palacios presidenciales, pero solía ser en países con escasa o nula tradición democrática, contra dictaduras o en situaciones sociales y políticas muy volátiles, pero no era el caso de lo que vimos en directo aquel 6 de enero de 2021, hace cuatro años.

El asalto violento a la sede de soberanía popular, el Congreso Federal, se produjo en la mayor democracia de Occidente, en el país que se autodenomina faro de la democracia, los Estados Unidos de América. Por la fuerza, vandalizando y amenazando, una turba, no exclusivamente, pero sí mayoritariamente masculina y blanca, quiso impedir que se certificara el resultado electoral, obligar con violencia a cambiar la voluntad de los votantes, un golpe de Estado, un golpe a la democracia.

Lo que vimos en las pantallas partidas de televisión fue, en una mitad, una multitud que se dirigía con ánimos exaltados al Congreso, la colina del Capitolio, mientras en la otra mitad veíamos y oíamos al aún presidente arengar a los suyos para "detener el robo", animarlos a "luchar/pelear" y prometer que "nunca" reconocerá "la victoria del rival". Una secuencia en paralelo que podemos recordar en la reconstrucción cronológica de la cadena pública estadounidense PBS.

El enemigo está dentro y no respeta las normas

La principal consecuencia del asalto al Capitolio ha sido la evidencia de que la mayor amenaza a la democracia estadounidense no viene de fuera, sino de dentro.

El movimiento que lidera Donald Trump lleva años alimentando la teoría de la conspiración de un estado profundo, un estado paralelo y oculto —del Partido Demócrata— que trabaja contra la democracia del país, pero hasta ahora el único intento de cambiar por la fuerza el resultado de las urnas lo han protagonizado ellos, los trumpistas. Los días previos a la toma de posesión de Joe Biden, en el mismo Congreso que habían asaltado dos semanas antes las hordas trumpistas, Washington, la ciudad escenario, era la imagen de una anomalía democrática: una localidad vacía, con la mayoría de comercios cerrados y con todas la cristaleras tapiadas con tablones de madera para evitar daños. Se temían más ataques.

Un miedo que pervive. Hasta la madrugada del pasado 6 de noviembre, cuando hubo consenso en que Donald Trump había ganado, imperaba el miedo a un segundo episodio de violencia, si quien se declaraba ganadora era Kamala Harris, la candidata demócrata. Había miedo a que incluso esa misma noche se produjeran altercados, se llegó a especular con la posibilidad de una especie de guerra civil, si no se daba por ganador a Donald Trump.

El mismo expresidente rehuyó comprometerse a aceptar el resultado electoral, lo condicionaba a "si era una elección justa", es decir, siguió hasta el último momento poniendo en duda el sistema electoral del país que presidió y volverá a presidir. La atmósfera era tal en los días previos que una amiga mía de Washington comentó jocosa: "Tenemos llena la despensa y los palos de golf a mano".

La victoria de Donald Trump aceptada por los demócratas dispersó ese miedo. La candidata Harris reconoció la derrota y el presidente saliente, Biden, prometió una trasmisión pacífica del poder. Lo obvio, lo básico en democracia, convertido en noticioso por el precedente de Trump y los suyos hace cuatro años.

Legisladores que niegan la democracia que representan

Election denier, negacionista de las elecciones, es desde hace cuatro años parte del lenguaje político en los Estados Unidos, se refiere a quienes no aceptan aún que la victoria de Joe Biden en noviembre de 2020 fue limpia, que no hubo fraude, que se investigaron las denuncias y no se encontró ninguna anomalía que invalidara el resultado electoral.

En la lógica de la era en que vivimos un sector muy importante del electorado y de los políticos rechaza los datos, los hechos comprobados, si estos no coinciden con sus ideas o sus intereses, y eso ha llevado a que más de un tercio de los miembros del Congreso federal saliente fueran negacionistas electorales, es decir más de un tercio de los encargados de legislar y defender con sus leyes la democracia estadounidense no reconocen el resultado de las urnas ni la legitimidad del presidente Biden.

Tras las elecciones del pasado noviembre el porcentaje ha variado mínimamente a la baja, pero sigue alrededor de un tercio y, más importante, tienen más poder porque los dos cargos más relevantes del país, el presidente, Donald Trump, y el vicepresidente, JD Vance, son negacionistas, siguen sin reconocer la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en 2020.

Así fue el asalto al Capitolio: una violenta protesta convertida en asedio

¿Por qué un 6 de enero de 2025 pacífico?

Este 6 de enero es de nuevo el día en que las dos cámaras del Congreso federal se reúnen y validan los resultados de las elecciones de noviembre que, previamente, han sido certificados por los 50 estados. Cabe señalar que en varios la autoridad que debía cotejar esa validez era un negacionista electoral. ¿Por qué este año esa certificación ha transcurrido sin problemas? Porque quienes podían repetir lo de hace cuatro años, quienes podían negar de nuevo el resultado electoral, quienes podían denunciar pucherazo sin pruebas esta vez han ganado y ya no ponen en duda el resultado. Y porque quienes han perdido, los candidatos, legisladores y gobernantes del Partido Demócrata, aceptan la derrota.

¿Quiere eso decir que con Trump los Estados Unidos ha entrado en una fase donde uno de los dos partidos de gobierno acepta las reglas sólo cuando les benefician? Es una pregunta pertinente.

La venganza será terrible

El expresidente y hoy presidente electo, Donald Trump, ha insistido en que vuelve con ánimo de venganza, que hará pagar a quienes se atrevieron a investigarlo. En la prensa, en el Congreso o en los juzgados. Con la prensa ya ha empezado, antes de tomar posesión, poniendo demandas contra medios que han publicado o emitido informaciones que no le han gustado. Ganar esas demandas es secundario, lo que persigue Trump en primera instancia en asustar a los medios y obligarles a gastar un dineral en pleitos; que quien trabaje con la información sepa que decir algo que contraríe a Trump le costará tiempo, energía y dólares, miles y miles de dólares. Aunque al final Trump pierda la demanda.

A por Liz Cheney. Liz Cheney, hija y correligionaria de Dick Cheney, una de las figuras más poderosas del Partido Republicano, el vicepresidente todopoderoso de George W. Bush, fue la vicepresidenta de la comisión del Congreso que investigó el asalto del 6 de enero de 2021 y se alzó como el principal ariete contra el expresidente. Cheney se erigió en la de defensora más notable de las esencias del Partido Republicano frente al movimiento trumpista en que se ha convertido, y perdió su escaño en 2022.

En estas últimas elecciones sus posiciones la llevaron a hacer campaña con la rival de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris. Con ese currículum Liz Cheney no podía escapar a la ira de Trump, quien ha prometido invertir los papeles y usar su poder, cuando vuelva a ser presidente, para que investiguen a Cheney por cómo condujo la investigación contra él. En un anticipo, hace un par de semanas los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un documento, según el cual Liz Cheney incurrió en posibles faltas o delitos durante aquella comisión. En este contexto hay que entender que el presidente saliente, Joe Biden, en una de sus últimas medidas haya condecorado esta semana a la excongresista "por sus servicios al país y a la ciudadanía".

El asalto al Capitolio de EE.UU. cumple cuatro años a pocos días de la vuelta de Trump a la presidencia

A por por el sistema judicial. Es lo que ha prometido como candidato Donald Trump. Siguiendo su discurso de que durante la presidencia Biden ha sido víctima de una persecución judicial que obedecía a una persecución política, Trump pretende deshacerse de todos los cargos importantes en la Justicia y la Fiscalía, substituir a quienes han participado en investigaciones contra él. Los designados para esos cargos son todos ellos fieles a Trump y a sus ideas. Uno de los casos más relevantes, el del fiscal que lo investigó y le imputó cuatro delitos federales por conspirar para revertir el resultado electoral, antes de que lo destituyan ya ha anunciado que dimitirá y, mucho más trascendente, días después de la elección de Trump pidió archivar el caso porque la tradición es que no se investiga a un presidente en ejercicio, y Trump volverá a serlo en breve. Pero, ojo, el fiscal apostilló que ello "no quita gravedad a los delitos imputados ni solidez a las pruebas y la acusación".

Parte de la venganza de Donald Trump sería también otorgar el perdón presidencial a los condenados por el asalto al Capitolio hace cuatro años, en una entrevista Donald Trump dijo que lo haría "en los primeros nueve minutos" de su segunda presidencia.

Lo que cambia en 50 años

En agosto de 1974 el presidente Richard Nixon dimitió antes de que el Congreso lo destituyera, el impeachment, o la justicia lo condenara. Todo empezó con la investigación periodística de un robo en un edificio de Washington, el mítico ya caso Watergate con el que el periódico The Washinton Post y los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward pasaron a la posteridad del periodismo como cuarto poder, el que vigila a los otros tres. Cincuenta años después, en ese mismo periódico se censuró un editorial que iba contra el candidato Donald Trump, y la lectura general es que fue por orden de su propietario, Jeff Bezos, un empresario (dueño de Amazon entre otras empresas) cuyo interés principal no es el periodismo, sino sus negocios y que sabe, por experiencia, cómo se las gasta Donald Trump en la Casa Blanca.

Y la ciudadanía, el electorado, ha pasado de condenar moralmente en 1974 a un presidente por indicios de corrupción, a, en 2024, devolverle la presidencia a otro con sentencias condenatorias y varias imputaciones por delitos más graves que el juego sucio de Nixon. La creencia inmediata tras el intento de golpe de Estado fue dar a Donald Trump por muerto políticamente.

Una democracia con solera no puede consentir un dirigente que subvierte la Constitución y la legalizad que ha jurado defender, y sin embargo, cuatro años después, la mayoría de los electores, democráticamente, han premiado a Donald Trump con el cargo más importante del país, y con un mandato mayor al que tuvo en su primera presidencia. Así terminó 2024 y así empieza 2025.