La UCO asegura que el fiscal general cambió de teléfono una semana después de ser encausado por el Supremo

• Álvaro García Ortiz cambió el terminal telefónico el pasado 23 de octubre, según un informe
• El tribunal le encausó por la presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso

La UCO asegura que el fiscal general cambió de teléfono una semana después de ser encausado por el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de teléfono el pasado 23 de octubre, una semana después de ser encausado por el Tribunal Supremo por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo concluye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe, al que ha tenido acceso RTVE, y en el que se analizan los números de teléfonos e IMSI/IMEI (identificadores) asociados a las tarjetas del dispositivo incautado a García Ortiz durante el registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre.

Ese día, tras la inspección, copiaron el contenido de dos teléfonos móviles, su ordenador y una tableta para analizar los datos comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo de este año. Días después, la unidad afirmó haber hallado "cero mensajes" instantáneos en el móvil del Álvarez Ortiz, algo que el presidente del Gobierno consideró que exculpaba al fiscal y calificó el caso como "una inmensa cortina de humo".

Se han identificado dos números de teléfono

En el escrito de la UCO se apunta, sin embargo, a que "el inicio de actividad" de los identificadores corresponden al 23 de octubre de 2024. "Es decir, —aclaran las autoridades— se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas". Además, detalla que, "en lo que respecta a los números de teléfono asociados a las tarjetas objeto de dicha diligencia, y la titularidad asociada a los mismos, se han identificado dos números".

Uno está a nombre del propio García Ortiz, que es donde recibió los mensajes de WhatsApp de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la otra imputada por la filtración de correos en los que González Amador se declaraba culpable de defraudar más de 350.000 euros por la venta de mascarillas en la pandemia y ofrecía un pacto a la Fiscalía; y el otro a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda.

La unidad de la Guardia Civil precisa, asimismo, que ha detectado dos "IMSIs (identificador único de cada abonado) de las tarjetas que se encontraban en el dispositivo móvil localizado durante la diligencia de entrada y registro", uno vinculado al primer número de teléfono y otro al segundo, y ambos activados en 2020. "En relación con los números de IMEI (identificador único de cada dispositivo telefónico) asociados al terminal móvil localizado", se han encontrado dos, añade.

El Supremo abrió causa contra el fiscal el 16 de octubre

El Supremo abrió causa contra el fiscal el pasado 16 de octubre. Como parte de las diligencias, el instructor del caso, Ángel Hurtado, pidió a la UCO esta información después de que en el móvil incautado a García Ortiz se hallaran "0 mensajes", a pesar de que en el análisis del móvil de Rodríguez sí encontró intercambio de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, los días investigados por ser los clave de la presunta filtración. La Fiscalía atribuyó la ausencia de mensajes, según recogen EFE y Europa Press, a un procedimiento interno de borrado de datos por los protocolos de protección de datos y seguridad de la institución.

Las pesquisas judiciales comenzaron a raíz de una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigada por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.

El PP reclama que sea "cesado fulminantemente"

Tras conocerse este nuevo informe de la UCO, el PP ha acusado a García Ortiz de intentar "ocultar pruebas" y ha reclamado que sea "cesado fulminantemente" por ello.

A través de varios mensajes en la red social X, dirigentes 'populares' han reaccionado al informe de este viernes. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha ironizado con que, "curiosamente, a García Ortiz le llegó la necesidad de cambiar de teléfono justo cuando le imputó el Supremo". "Cada vez queda más claro que el 'protocolo de seguridad' del fiscal no es más que su intento de ocultar pruebas. Y eso es precisamente lo que le delata como culpable", ha señalado.

De su lado, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha afirmado que el fiscal general "tiene que ser cesado fulminantemente" y ha cuestionado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "será capaz de cesar a quien cumplía órdenes".

Muñoz ha indicado que la independencia de la Fiscalía "está completamente comprometida si un presunto delincuente, que es pillado intentando borrar pruebas, se mantiene al frente".

A la vez, el portavoz nacional del partido y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha expresado que la situación de García Ortiz "es absolutamente insostenible". "Uno de los mayores escándalos posibles es que el encargado de perseguir delitos, los cometa y los oculte, presuntamente", ha calificado.