El Ministerio de Juventud e Infancia urge a la Fiscalía a escuchar al hijo de Juana Rivas para garantizar sus derechos

• La justicia italiana ha exigido que el hijo menor regrese con el padre a su país
• Juana ha vuelto a denunciar recientemente a su marido por el "riesgo" que corría su hijo menor con él

Imagen de archivo de Juana Rivas. EFE

El Ministerio de Juventud e Infancia ha trasladado a la Fiscal de Sala Coordinadora de la Unidad de Menores, Teresa Gisbert, la "urgencia" de que se escuche al hijo menor de Juana Rivas para que se garanticen sus derechos.

Según han explicado fuentes del departamento de Sira Rego a RTVE.es, han reclamado la "urgencia" de que un órgano judicial en España, o la propia Fiscalía si así se considera, escuche al menor, así como que se asegure la protección de los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño y las diferentes normas de protección a nivel nacional.

Todo ello después de que la justicia italiana haya reclamado a Juana Rivas que el menor de los dos hijos, fruto de su relación con Francesco Arcuri, regrese con su padre, quien posee la custodia. Asimismo, ha solicitado que ponga fin a un permiso por el que está de visita en España y que acabó el pasado 2 de enero.

El equipo jurídico de Rivas ha informado en un comunicado de que la Corte de Apelación de Cagliari, el equivalente italiano a una audiencia provincial, les ha notificado este martes la obligación de que el menor, que tiene ahora 10 años, vuelva a casa con su padre antes de este miércoles.

Desde la defensa de la madre aseguran que "es absolutamente inadmisible e impresentable que en un Estado Social y Democrático de Derecho un menor manifieste temor por perder su vida y ninguna autoridad judicial se moleste siquiera en escucharlo. Daniel jamás ha sido oído en España por ningún juez, a pesar de los gravísimos hechos que refiere. Recordemos que Daniel tiene casi 11 años (los cumplirá la semana que viene), cuenta con madurez para ser escuchado, es ciudadano español y está territorio nacional de nuestro país".

"Vamos a acatar todas las órdenes judiciales por muy injustas que nos parezcan, pero ejerceremos todos los recursos oportunos hasta que logremos que Daniel esté a salvo", añaden los abogados de Rivas en un comunicado.

La justicia italiana ha respondido así a la petición de esta vecina de Maracena (Granada), que el pasado 2 de enero volvió a denunciar al que fue su marido, el italiano Francesco Arcuri. Rivas solicitaba que el menor de sus hijos se pueda quedar en España por el "riesgo" que supondría volver con su padre, denunciado por maltrato.

Rivas denunció también amenazas y coacciones al menor

El equipo jurídico de Rivas también cursó una denuncia ante la jurisdicción penal italiana por amenazas y coacciones al menor, que al llegar a España relató que su padre "le obliga a mentir sobre el maltrato que sufre" y declarar a su favor en el procedimiento italiano.

En este contexto, el despacho de Aránguez Abogados, que representa a Rivas, solicitó el pasado 26 de diciembre medidas cautelares de protección del menor ante el Juzgado de Primera Instancia 10 de Granada. Asimismo, solicitaron una comparecencia urgente y escucha del menor por parte de la jueza titular del mismo, Dña. Juana Carrero. Sin embargo, este martes el Juzgado ha notificado que no se considera competente para dictar medidas de protección del menor, así como que se inhibe al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Granada.

A los letrados de Rivas se les ha informado de lo siguiente: "La Magistrada Titular disfruta aún de sus días de vacaciones, y que la causa ha sido archivada. Puestos en contacto con la Magistrada suplente, nos indica que no puede adoptar ninguna medida hasta que el expediente no sea remitido por el anterior Juzgado, y debidamente examinado", han señalado en un comunicado. Aránguez Abogados ha añadido que, ante "la extrema urgencia de la situación", que obliga a que el menor a volver el miércoles con su padre, han solicitado a la Fiscalía Provincial de Granada medidas urgentes para proteger al menor, "en riesgo y bajo amenazas", pidiendo protección internacional.

En los últimos días, Rivas ha denunciado a Arcuri por enviarle varios mensajes "intimidatorios" y por un "constante acoso telefónico" con más de cuarenta llamadas en una semana. Según su equipo jurídico, esto constituye un delito de violencia de género por amenazas leves y acoso telefónico.

Estas denuncias se suman a un nuevo procesamiento a Arcuri en Italia por delitos de maltrato a sus dos hijos que el italiano ha negado.

El caso se remonta al 2017

Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores por desaparecer con sus hijos, en el verano de 2017, para evitar que volvieran con su expareja, al que denunció por maltrato.

El Supremo estimó parcialmente el recurso de esta vecina de Maracena y le rebajó la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito.

Rivas recibió un indulto parcial por el que el Supremo conmutó su condena firme por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y un curso de parentalidad positiva. Sin embargo, esta medida de gracia no eliminaba sus antecedentes en la justicia italiana.

Aunque señalaron que la medida se anularía ante la comisión si se produjera un delito como no entregar al menor de los hijos a su padre, que tiene la custodia.