El Supremo pide a la UCO que intente recuperar los mensajes y llamadas de los teléfonos del fiscal general

• En un reciente informe, la UCO asegura que el fiscal cambió de teléfono una semana antes de abrirse la investigación
• Fuentes fiscales aseguran que García Ortíz los borró como parte de los protocolos de protección de datos y seguridad

El Supremo pide a la UCO que intente recuperar los mensajes y llamadas de los teléfonos del fiscal general

El juez del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que trate de recuperar los mensajes del teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Dicha petición se enmarca en la investigación sobre una presunta filtración relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el auto, el instructor del caso se dirige a la UCO "para que informe sobre la posibilidad de recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantánea que pudieran haber existido asociadas a los números" asociados a García Ortiz.

Petición a las compañías telefónicas

Además, reclama a las operadoras de esas dos líneas telefónicas, Movistar y Vodafone, "los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten", así como "los paquetes de datos emitidos y recibidos" y "la identificación del receptor y del emisor".

Hurtado da este paso después de que la UCO le enviara el 3 de enero un informe donde detallaba los identificadores de las líneas y los teléfonos localizados a García Ortiz. En este concluyó que el fiscal general habría cambiado de terminal el 23 de octubre, justo una semana después de que el Supremo le encausara.

En el documento también explicaban que el teléfono tenía asociados dos números: uno a nombre de García Ortiz y otro a con titularidad de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que depende del Ministerio de Hacienda.

La UCO halló "cero mensajes"

Cabe recordar que, tras analizar el contenido del teléfono incautado al fiscal general, la UCO halló "cero mensajes". Esto contrasta con el informe sobre el análisis del teléfono requisado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, donde sí se hallaron intercambios de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, las fechas clave de la presunta filtración que está siendo investigada.

Fuentes fiscales reconocen que García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, aunque aclaran que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes. Consideran que fue parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su móvil por los protocolos de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado.

Investigación de la presunta filtración

La investigación a Álvaro García Ortiz se originó a raíz de una denuncia presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González Amador está siendo investigado por presunto fraude fiscal y falsedad documental. En concreto, por defraudar 350.951 euros a Hacienda mediante facturas falsas a través de una empresa de su propiedad.

El conflicto surgió cuando, en marzo de 2024, se filtraron a la prensa correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal del caso, Julián Salto. Dichas filtraciones llevaron a la publicación de informaciones que sugerían un supuesto pacto entre la Fiscalía y González Amador. El Ministerio Público difundió un comunicado para desmontar lo que consideraba un "bulo", en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en El Mundo, donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador.

La nota de prensa detallaba la cronología de los hechos, publicando la conversación entre ambos, donde se constataba que había sido el abogado de González Amador quien admitió la comisión de los delitos y ofreció un pacto al Ministerio Público.

Tras la publicación, González Amador presentó una querella por presunta revelación de secretos, argumentando que la difusión de estos correos vulneraba su derecho de defensa. Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó un delito en esa nota de prensa, ya que la información que ofrecía había sido publicada horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los correos a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.

Además, la UCO, en su informe sobre el móvil de Rodríguez, culpó a la Fiscalía de la filtración. Según dicho informe, esta filtración reveló a la prensa la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, un caso que terminó haciéndose público a través de una noticia en eldiario.es, publicada a las 6:01 del 12 de marzo.