La Junta de Andalucía debe indemnizar a un padre tras ignorar 11 llamadas de auxilio previas al asesinato de su hijo

• El padre de Sergio, de siete años, alertó con insistencia a las autoridades del riesgo que corría su hijo
• La madre estranguló al niño meses después de que su padre comenzara las llamadas que pretendían protegerlo

La Junta de Andalucía, obligada a indemnizar a un padre por la desprotección de su hijo

La muerte de un niño de siete años asesinado por su madre en octubre de 2019 recibe de nuevo atención, tras una resolución que señala directamente a las instituciones encargadas de protegerle. Cinco años después de lo sucedido, el Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Almería no cumplieron con su deber de protección al menor al no atender las más de diez llamadas de auxilio realizadas por el padre, Sergio Fernández. El organismo insta a indemnizar al progenitor con 140.000 euros.

En agosto de 2019, comenzó una serie de llamadas desesperadas por parte de Sergio Fernández al Servicio de Protección al Menor de Andalucía, para alertar de que la vida de su hijo, también llamado Sergio, corría peligro bajo la custodia de su madre, Ana María.

A lo largo de dos meses, hasta en 11 ocasiones, el padre pidió a las autoridades que intervinieran. Las llamadas telefónicas no fueron el único recurso que empleó: también presentó seis denuncias ante la Guardia Civil, con el objetivo de proteger a su hijo. Sin embargo, las administraciones responsables no adoptaron medidas cautelares para cuidar al menor.

El 10 de octubre del mismo año, Ana María estranguló a su hijo, introdujo su cuerpo sin vida en un coche y lo trasladó hasta Las Norias de Daza, en la provincia de Almería.

Reconocer la responsabilidad institucional

El Consejo Consultivo de Andalucía ha determinado que el riesgo que sufría el menor era evidente y que la insistencia del padre demostraba la gravedad de la situación. Además, señala que las administraciones debieron adoptar medidas para proteger al niño. Califica su inacción como una vulneración del deber de protección.

Aunque el informe del Consejo no es vinculante, la Junta de Andalucía suele acatar este tipo de resoluciones. La abogada de Sergio Fernández ha declarado que esperan la resolución final de la Junta, pero destaca que “la propia Administración ha reconocido su culpa”.

Sergio Fernández busca evitar que otros niños sufran el mismo destino. “Ya he llamado anteriormente, pero aún no se ha hecho nada. El niño sigue en lo mismo, en el mismo riesgo, con la misma persona y no se han tomado ningún tipo de medida. Eso es lo que de lo que se trataba, que no pasara lo que finalmente pasó”, ha lamentado.