La prohibición de la acusación popular para los partidos, una vieja propuesta frustrada del PP y del PSOE

• El debate sobre esta figura jurídica ya fue abierto en 2011 y 2017 por los Gobiernos de Rajoy y Zapatero
• La acusación popular existe solo en España: no hay un equivalente en el derecho europeo

Vista del coronamiento superior de la sede del Tribunal Supremo EFE

La proposición de ley del PSOE para limitar a los partidos que ejerzan como acusación popular no ha sido bien recibida por el PP, que le ha acusado de "laminar al poder judicial", ni por las principales asociaciones de jueces y de fiscales, que han defendido que "la judicatura también es ciudadanía". Sin embargo, la propuesta no es inédita: los socialistas y los 'populares' ya pusieron sobre la mesa medidas similares en 2011 y 2017, que cayeron en saco roto.

Casos como los denominados Begoña Gómez y Koldo, que han marcado la actualidad política en 2024, han reabierto el debate sobre la acusación popular, ya que esta peculiar figura jurídica, que permite la participación de los ciudadanos en la justicia, es única: no existe un equivalente en el derecho europeo.

Viene recogida tanto en la Constitución (art. 125) como en la ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyos artículos 101 y 217 establece que "la acción penal es pública" y que todos los españoles, "hayan sido o no ofendidos por el delito", pueden querellarse. Además, su regulación recae en manos de los legisladores, lo que ha llevado a diferentes Gobiernos a plantear limitaciones en varias ocasiones.

Sus partidarios la describen como una herramienta democrática y fundamental en la lucha contra la corrupción, mientras que los más escépticos advierten de su utilización para "fines espurios".

El PP ofreció la medida a Cs en 2017

En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy planteó la posibilidad de impedir que los partidos se personasen en las causas sin ser perjudicados. Lo hizo en un contexto de crisis política en la Región de Murcia, donde el entonces presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez (PP), estaba siendo investigado en la trama Púnica y en el caso Auditorio por supuestos delitos cometidos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.

Tras la dimisión de Sánchez, PP y Ciudadanos se sentaron a negociar el relevo al frente del Gobierno autonómico y, mientras la formación de Albert Rivera pidió eliminar los aforamientos por considerarlos un "privilegio político", el PP instó, sin éxito, a limitar las acusaciones populares. Ciudadanos rechazó la propuesta al cuestionar su constitucionalidad y considerar que era una cuestión nacional y no autonómica.

Mientras estaban en marcha las negociaciones, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, fue quien trasladó que la formación era partidaria de estudiar una reforma legal que impida el uso "espurio" de la acusación particular por parte de los partidos para "obtener en los tribunales lo que no se gana en las urnas" a través del desprestigio de los políticos. "Ya son muchas las sentencias que hemos visto de gente que estaba acusada, a la que se le había hecho el paseíllo mediático y que luego ha resultado inocente", manifestó Hernando en una entrevista a EFE.

El PSOE trató de regularla en 2011

Seis años antes, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Justicia Francisco Caamaño abrió la puerta a limitar esta figura jurídica.

Caamaño creó junto al Ministerio de Fomento un anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal que buscaba, entre otras cosas, trasladar la instrucción penal a las Fiscalías e impedir que ejercieran la acusación popular sindicatos, partidos políticos o personas jurídicas públicas. Asimismo, establecía que no podría actuar por sí sola si el fiscal o los perjudicados habían pedido el archivo de la causa.

En un evento organizado por la agencia Europa Press en septiembre de 2011, el ministro argumentó que resultaba "muy difícil" de explicar a los ciudadanos "que en España el interés general no lo defiende solo el Ministerio Público", sino también una figura "sorprendente" y que "no existe en derecho comparado". Por ello, abogó por modificarla "respetando el mandato que da la Constitución".

Finalmente, aunque el proyecto sí llegó al Consejo de Ministros, su aplicación no se materializó con el fin de la legislatura y la convocatoria de las elecciones generales en noviembre de ese año.

La acusación popular, fundamental en varios casos mediáticos

La acusación popular ha resultado fundamental en varias ocasiones. Una de las más destacadas fue la del caso Nóos, donde el sindicato Manos Limpias logró que la infanta Cristina ―que finalmente fue absuelta― fuera incluida en el macrojuicio sobre el desvío de dinero público hacia el Instituto Nóos, que estaba dirigido por su marido Iñaki Urdangarin.

Además, este sindicato de ultraderecha denunció al juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo y logró que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. A este último caso, se sumaron más tarde Hazte Oír, Iustitia Europa y el Movimiento para la Regeneración Política de España.

En otras ocasiones, han sido los propios partidos políticos quienes han presentado o se han sumado a la denuncia. Por ejemplo, el PP ejerció como acusación popular en el caso de los ERE en Andalucía, en el que se investigó a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán; y actualmente hace lo propio en el caso mediador.

Por su parte, los socialistas impulsaron la acusación contra el PP en el caso Gürtel y en estos momentos, de aplicarse, su propuesta afectaría de lleno a la propia personación del partido en asuntos tan relevantes como el 'caso Koldo' o la causa de los hidrocarburos, en la que se investiga al empresario Víctor de Aldama. Otra causa relevante en la que el PSOE ha ejercido y ejerce como acusación popular es el 'caso Villarejo'.

No son los únicos: Unión, Progreso y Democracia (UPyD) se personó contra los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato en el caso de las Tarjetas Black y solicitó para ellos 10 años de cárcel. El ya extinto partido fue también el primero en presentar denuncia en el caso de Bankia, logrando la imputación de más de 30 consejeros del banco.

Vox, por su parte, ha ejercido de acusación popular durante el juicio del 'procés', donde ganó gran relevancia mediática, y, en fechas recientes, en el caso de Begoña Gómez.