Los jueces recelan de la reforma que propone el PSOE para limitar la acusación popular

• La APM y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria creen que puede ser inconstitucional y que abre la puerta a la impunidad
• Critican también la iniciativa desde las acusaciones del 'caso Koldo', contra Begoña Gómez o el fiscal general del Estado

Vista de los juzgados de Plaza Castilla en Madrid EFE/ Mariscal

La mayoría de las asociaciones de jueces coinciden en que limitar la acusación popular es un error. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y conservadora y Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han expresado este viernes sus recelos hacia la proposición de ley presentada por el PSOE para prohibir la acusación popular a partidos y asociaciones afines e impedir que se pueda abrir un proceso judicial con meros recortes de prensa. Ambas consideran que la reforma puede ser contraria a la Constitución y abre la puerta a la impunidad. Pero también la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de tendencia progresista, se opone a la reforma que ha calificado el planteamiento de "desacertado". No están de acuerdo con que se prive a los partidos políticos de intervenir como acusación popular porque, aseguran, son partes procesales y tienen que tener plenos derechos.

Por su parte, las acusaciones populares de los casos 'Begoña Gómez', 'Koldo' y contra el fiscal general del Estado creen que la proposición de ley "mata" a la acción popular y busca "blindar" al Gobierno, dado que podría suponer que algunas de ellas quedaran fuera de los procedimientos.

Los socialistas consideran que se ha realizado un "uso abusivo de la figura de la acusación popular para atacar sistemáticamente a adversarios políticos a través de procesos penales" y pretenden que su reforma se aplique a las causas abiertas "en el momento de la entrada en vigor" de la ley orgánica. PP y Vox ya han expresado su rechazo al texto.

Un "profundo error" para las asociaciones conservadoras

Desde la APM han apreciado que la proposición puede ser "inconstitucional" y han cuestionado también que se tramite como iniciativa del partido y no del Gobierno, con lo que se podrá evitar el "preceptivo informe" del Consejo General del Poder Judicial.

En unas declaraciones remitidas a RTVE, su presidenta María Jesús del Barco ha criticado el contenido del texto: "Parece que lo que pretenden es buscar la impunidad y la impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de los ciudadanos ante la ley", ha afirmado. Pero también ha cuestionado el momento de llevarlo a cabo, puesto que dejaría la acusación en algunos casos únicamente en manos del Ministerio Fiscal.

La presidenta de la APM ha concedido que se ha hecho un "uso abusivo" de la acción popular "por parte de todos los partidos políticos" y como "instrumento contra el adversario", si bien ha subrayado que dichas acusaciones han llevado también a condenas por delitos de corrupción que no se hubieran conocido de otra manera.

Por su parte, el portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, ha tildado la reforma de "profundo error" y ha asegurado que puede ir en contra de la Constitución Española, si bien ha reconocido que todavía está en fase "muy incipiente" y no se conoce todavía el texto final.

En su opinión, supone "la peor de las técnicas legislativas imaginables" desarrollar una ley sin "vocación de generalidad", concebida para casos concretos, y ha mostrado su preocupación por que "se dude de los jueces como colectivo", algo que considera una "tendencia" en los últimos tiempos que "socava la confianza de la sociedad en el Estado de derecho".

Hay que "confiar en la imparcialidad judicial, toda vez que el sistema actual ya contiene las garantías necesarias para proteger esta imparcialidad judicial a través de mecanismos como son la abstención y la recusación de los jueces, figuras a los que se recurre cuando es necesario en los juzgados sin problemas", ha zanjado.

Las críticas llegan también desde la asociación de carácter progresista, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Su portavoz Edmundo Rodríguez cree que la cuestión debería abordarse en el reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "dando un tratamiento coherente y ponderado al cambio de la responsabilidad de instruir" y considera "desacertado" excluir a los partidos políticos de la acusación popular o impedir que esta clase de acusación participe en la fase de instrucción, limitándose al juicio oral. "Debe garantizarse que la acusación popular tenga plenos derechos procesales", ha valorado. Aunque sí ven con buenos ojos que se suprima el delito de ofensas religiosas.

Críticas desde las acusaciones populares activas

Para la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), acusación en 'Koldo' y que ha representado al PSOE en otros casos, la propuesta es "una ocurrencia, una barbaridad y hace imposible el ejercicio de la acusación popular".

Por su parte, Hazte Oír —que ejerce la acusación popular en el caso 'Begoña Gómez' y en 'Koldo'— ha calificado la propuesta de "ley de 'Punto Final' que pretende instaurar el pensamiento único en el ámbito judicial", lo que a su juicio supone "un primer paso hacia una dictadura silenciosa", por lo que tomará "todas las medidas necesarias para defender los derechos y libertades de los ciudadanos".

Por otro lado, Luis Pardo, el abogado y presidente de Iustitia Europa —partido político personado en el caso 'Begoña Gómez' y 'Koldo'--, ha puesto en duda la imparcialidad de la Fiscalía y ha asegurado que la propuesta solo tiene como objetivo lograr una "mayor impunidad", igual que el aforamiento.

Desde la asociación Liberum, acusación en el 'caso Koldo' y en la causa contra Begoña Gómez, el abogado Alexis Aneas ha denunciado una "vulneración fragrante" de la Constitución, porque estaría intentando "amordazar la libertad de las asociaciones":

Igualmente, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, considera que la propuesta "supone de una manera flagrante la restricción de un derecho fundamental", contenido en el artículo 125 de la Carta Magna. "Una ley orgánica, por muy orgánica que sea, no puede restringir un derecho fundamental", ha incidido.

Finalmente, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa seguida en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, consideran que la proposición parece haberse planteado 'ad hoc' contra ellos.