El hijo menor de Juana Rivas se queda en España hasta que se decida qué juzgado lleva el caso

• La Jueza de Granada rechaza asumir el caso al considerar que el supuesto delito se cometió en Italia
• Los abogados de Rivas explican que ahora se deberá determinar qué órgano tiene la competencia para el caso

El hijo menor de Juana Rivas se queda en España de manera provisional

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Granada ha emitido un auto en el que deniega las medidas de protección solicitadas para el hijo menor de Juana Rivas. El Juzgado ha decidido no asumir el caso, argumentando que los hechos ocurrieron en Italia, por lo que corresponde enviar una copia de la denuncia a dicho país, además de considerar que se trata de un caso de violencia doméstica. Asimismo, aclara que ni la Fiscalía ni Juana Rivas han solicitado que el caso sea trasladado a su jurisdicción.

Sin embargo, según el despacho de Aránguez Abogados, que representa a Rivas, esta decisión no afecta la medida cautelar de suspensión de la entrega del menor a su padre, dictada previamente por otro juez en el Juzgado de Instrucción n.º 4.

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La magistrada, Aurora Angulo, concluye que los mensajes enviados por el exmarido de Rivas no constituyen violencia de género y, por lo tanto, no entran en su competencia. Aún queda pendiente resolver la denuncia presentada por las 45 llamadas que Rivas recibió de su exmarido en menos de ocho días.

Los abogados de Juana Rivas han asegurado en una nota de prensa que continuarán trabajando para que la medida provisional de protección al menor se convierta en definitiva. Según ha explicado en La Hora de la 1 la abogada de Rivas, María Martos, no existe un plazo concreto para que el menor regrese a Italia. "La denuncia deberá volver al Juzgado de Instrucción n.º 4 y se tendrá que determinar quién tiene la competencia en el caso".

En este sentido, la abogada ha vuelto a hacer hincapié en que la violencia ejercida hacia los hijos para hacer daño a las madres es violencia vicaria y de género. "La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Granada es la competente para conocer sobre esta causa y así los haremos valer ante ese juzgado", ha señalado la abogada.

La misma jueza ocho años después

El equipo jurídico de Juana Rivas destaca que el caso haya vuelto a caer en manos de la misma jueza, Aurora Angulo, que en 2016 archivó la denuncia de Juana al llegar a España tras huir de su maltratador.

Ello, según sostienen, "desencadenó las nefastas consecuencias por todos conocidas" y ocho años después "el caso de Juana Rivas y la protección de su hijo menor vuelven a estar en manos de la jueza Aurora Angulo".

Los abogados lamentan que, a pesar de que el menor relató ante una jueza de guardia el abuso físico y psicológico que su padre ejerció sobre él, así como el miedo que siente ante la idea de regresar a Italia, la jueza Angulo haya dictado un auto en el que considera que los hechos no constituyen violencia de género.

Por el contrario, en un reciente comunicado, un grupo de jueces critica la nota enviada por el despacho, donde, en sus palabras, "cuestiona la comprensión de la jueza sobre la violencia vicaria".

Este grupo de magistrados lo considera "un ataque personal y mediático" que "desprestigia tanto a la jueza como al sistema judicial". Asimismo, han expresado su apoyo a la jueza Angulo, condenando las acciones del despacho de abogados y alertando sobre "el daño que estas campañas pueden causar a la confianza en la justicia y la lucha contra la violencia de género".

Igualdad considera que debe primar el interés superior del menor

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha subrayado en un comunicado que "siempre debe prevalecer el interés superior del menor". La ministra, Ana Redondo, ha detallado que este interés implica "escuchar al niño, garantizar su seguridad e impedir que conviva con un maltratador".

Además, la ministra ha recordado que los Juzgados de Violencia contra la Mujer, los de Instrucción y los de Familia pueden y deben proteger al menor, en cumplimiento de la obligación del Estado de aplicar la diligencia debida, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul.

Redondo destaca también que el Reglamento 2019/1111 de la Unión Europea permite denegar el reconocimiento de una resolución extranjera si es contraria al orden público, entendiendo este como el respeto a los derechos constitucionales, incluidos los del menor y su madre. Por último, la ministra ha enfatizado "la necesidad de renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que la violencia vicaria tenga una normativa aplicable en España".

También la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha destacado en su cuenta de X que "todas las instituciones del Estado, incluido el poder judicial, tienen la obligación de cumplir la ley de Infancia".

"Un maltratador nunca puede ser un buen padre y Daniel no puede volver a Italia", ha añadido.

Previamente, la exministra de Igualad y actual europarlamentaria del Grupo de La Izquierda, Irene Montero, ha reivindicado en la red social que las instituciones españolas reconocen el riesgo que es para el menor convivir con su padre. "Que una jueza le obligue a ello es violencia y contrario a las leyes sobre derechos de la infancia y de las víctimas de violencia machista", ha señalado Montero.

Paralizada de forma cautelar la vuelta del menor

La vuelta del menor estaba prevista para el pasado 8 de enero, aunque previamente una jueza de guardia había paralizado de forma cautelar la orden de la Justicia italiana, después de escuchar al menor. Según RNE, el relato del niño, de 10 años, fue considerado serio y convincente, expresando su temor de regresar con su padre, quien tiene la custodia.

El despacho Aránguez Abogados, que representa a Juana Rivas, había solicitado el pasado 26 de diciembre medidas cautelares de protección para el menor y una comparecencia urgente ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Granada, presidido por Dña. Juana Carrero. Sin embargo, este juzgado notificó el martes que no era competente para dictar dichas medidas y remitió el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Granada.

En este contexto, la magistrada titular del nuevo juzgado se encontraba de vacaciones, y el caso fue archivado temporalmente. La jueza suplente indicó que no podía adoptar medidas hasta recibir y revisar el expediente. Ante la "extrema urgencia", el equipo jurídico de Rivas solicitó a la Fiscalía Provincial de Granada medidas urgentes para proteger al menor, alegando que estaba "en riesgo y bajo amenazas" y reclamando protección internacional.

Por su parte, la Justicia italiana había exigido este martes que el hijo menor de Juana Rivas y Francesco Arcuri regresara con su padre. Además, había solicitado el fin del permiso de visita que el menor había estado disfrutando en España, el cual concluyó el pasado 2 de enero, fecha en la que Rivas volvió a presentar una denuncia contra su exmarido, Francesco Arcuri.

Mensajes "intimidatorios" y un "constante acoso telefónico"

En esta nueva denuncia, Rivas acusaba a Arcuri de enviarle mensajes "intimidatorios" y de un "constante acoso telefónico" con más de 40 llamadas en una semana que, según su equipo jurídico, constituyen un delito de violencia de género. Asimismo, Rivas ya había advertido del "riesgo" que enfrentaba su hijo al regresar con Arcuri, investigado en Italia por presuntos malos tratos habituales.

En diciembre, Juana Rivas y su hijo mayor también denunciaron al padre en los Juzgados de Málaga por presuntas coacciones al hijo menor para que declarara a su favor. Según la denuncia, Arcuri habría amenazado al menor para que afirmara tener una mala relación con su madre y su hermano y dijera que prefería vivir con él. También se alega que el niño se vio obligado a mentir en una declaración judicial.

El documento señala además que Arcuri habría acusado a Rivas y a su hijo mayor de "sabotear" el teléfono del menor y que lo pondría ante las autoridades correspondientes. Los abogados consideran los hechos como un posible delito de coacciones y han solicitado remitir el caso al tribunal italiano competente, junto con medidas cautelares urgentes.

El caso se remonta al 2017

Estas denuncias se suman a un nuevo procesamiento a Arcuri en Italia por maltrato a sus dos hijos que el italiano ha negado.

Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores por desaparecer con sus hijos en 2017 para evitar que volvieran con su expareja, al que denunció por maltrato.

El Tribunal Supremo de España estimó parcialmente un recurso y le rebajó la pena a la mitad.

Rivas recibió un indulto parcial por el que el Supremo conmutó su condena por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y un curso de parentalidad positiva, medida de gracia que no eliminaba sus antecedentes en la Justicia italiana.