El PP acusa al PSOE de laminar al poder judicial ante su "desesperación" por la corrupción
- Critican la proposición de ley que prohíbe ser acusación popular a partidos y asociaciones afines
- Los 'populares' creen que Sánchez quiere "perseguir" a quienes "denuncian" e "investigan" la corrupción
El PP ha criticado la proposición de ley registrada este viernes por el PSOE en el Congreso de los Diputados con la que pretende, en su opinión, "laminar al poder judicial" en su "desesperación ante los casos de corrupción que acorralan al Gobierno" y le ha acusado "perseguir a quienes la denuncian, la investigan o informan sobre ella".
"Que el día en el que Maduro pretende perpetuarse en el poder en contra de la ley el Gobierno de España esté impulsando el control y el amedrentamiento de los jueces es bastante simbólico. Que hablen de ultras hoy después de haber guardado silencio respecto a la situación en Venezuela es directamente indecente", han apuntado fuentes del PP a RTVE.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha avanzado este viernes que su formación combatirá con todas los instrumentos a su alcance la propuesta de ley porque "solo busca impunidad para que no se investiguen delitos que afectan al gobierno, al presidente Pedro Sánchez y a su entorno".
Los socialistas han presentado una norma para garantizar la protección frente al "acoso de acciones judiciales abusivas", que se tramitará como una proposición de ley orgánica, después de que durante los últimos meses los socialistas hayan denunciado una estrategia de "acoso judicial" de la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno familiar en relación a los casos que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. La proposición de ley recoge, entre otras cosas, la prohibición de ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, la imposibilidad de abrir un proceso penal "con meros recortes de prensa" y sin el "menor indicio de irregularidades" y apartar a los jueces que realicen declaraciones en favor de partidos políticos.
"Control y amedrentamiento" de los jueces
Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que esta proposición de ley "cercena el derecho de particulares y asociaciones a personarse en casos de corrupción, como ha hecho el Partido Popular en las tramas de corrupción que rodean al Gobierno".
Además, consideran que pretende impulsar el "control y amedrentamiento de los jueces, ante un texto que propone que los magistrados puedan ser recusados cuando hayan manifestado públicamente su censura, acuerdo o desacuerdo con actuaciones de las autoridades, partidos o sindicatos, entre otros, que sean parte del el procedimiento.
"Dicen que hay procesos abusivos. Lo que es abusivo es enchufar a hermanos, enriquecer a amigos, hacer negocio de ser la esposa del presidente del Gobierno y sacar por la puerta de atrás de la administración miles de millones de euros en comisiones ilegales", critica el PP, para quien al Gobierno "no le vale con tener al fiscal general del Estado al servicio de Sánchez ni le parece suficiente usar a la Abogacía del Estado como abogado de familia presentando querellas contra los jueces".
Por todo ello, el PP concluye que el PSOE no quiere combatir la corrupción sino a los que la combaten: "Los españoles saben que tienen un presidente que no legislará más que para protegerse a sí mismo".
El PP cree que busca "paralizar procedimientos judiciales"
La iniciativa, que el PSOE plantea que pueda aplicarse con carácter retroactivo a investigaciones que están en marcha, se presenta "con prisas" porque el objetivo que buscar es, según Gamarra, "paralizar procedimientos judiciales que están siendo ya instruidos".
Para Gamarra, lo que obsesiona al presidente del Gobierno "es que se persiga la corrupción que ha cometido el Gobierno, su partido y el entorno más próximo" y por eso quiere acabar "con los que lo investigan y con quienes informan, y eso es una peligrosa deriva en este estado derecho". Ha añadido que son procedimiento abiertos en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, un juzgado de Badajoz y de Madrid que no están basado en recortes de prensa, sino en informe de la Guardia Civil y diligencias judiciales.