El PSOE registra una proposición de ley que prohíbe ser acusación popular a partidos y asociaciones afines

• Incluye también la doctrina del Supremo para impedir abrir un proceso con meros recortes de prensa
• Presenta esta proposición en medio de lo que el PSOE considera un "acoso judicial" a Sánchez y su entorno

El portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, durante una rueda de prensa. EFE/Javier Zorrilla

El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso una norma para garantizar la protección frente al "acoso de acciones judiciales abusivas", que se tramitará como una proposición de ley orgánica, después de que durante los últimos meses los socialistas hayan denunciado una estrategia de "acoso judicial" de la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno familiar en relación a los casos que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha presentando en el Congreso de los Diputados esta proposición, a la que ha tenido acceso RTVE, que pretende acotar el papel de las acusaciones populares "para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial". La proposición de ley recoge así la prohibición de ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.

Plantea además, entre otras cuestiones, la imposibilidad de abrir un proceso penal "con meros recortes de prensa" y sin el "menor indicio de irregularidades", además de apartar a los jueces que realicen declaraciones en favor de partidos políticos, ya que lo consideran "judicialización de la política" y suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.

Patxi López ha defendido esta proposición de ley con la que se pretende "impedir el acoso que se sufre con quien usa las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar con quienes no comulgan con sus planteamientos" y ha afirmado que se negociará con los diferentes grupos parlamentarios para sacar adelante en la Cámara Baja una norma que pone el foco en la generalización de "situaciones de acoso contra determinados colectivos, como artistas, activistas, creadores y también representantes políticos".

El portavoz socialista ha criticado a los "grupos ultras" y "organizaciones fundamentalistas" que usan la acusación popular para fines propios.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya había avanzado la intención del Gobierno de aprobar este año la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para sustituir a la actual, que se remonta al año 1882.

Reforma de la acusación popular

La propuesta socialista defiende que la participación de la acusación popular quede adscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella.

"La instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito. Se acaba así con la filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial.

El PSOE busca además que para personarse como acusación popular "exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente" de tal manera que el juez deberá comprobar si este vínculo existe y denegará la personación si no es así.

Obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa

La proposición de ley incluye expresamente la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con "meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades".

En este sentido, el texto dice que "la actual sociedad de la información, donde las noticias o juicios de valor periodísticos son de fácil difusión a través de canales digitales y redes de comunicación, genera un flujo de avisos, reportajes, testimonios, sucesos y revelaciones que no siempre están contrastados o que obedecen a móviles espurios. En estos supuestos la incoación de un proceso penal sin una mínima base probatoria o indiciaria puede ocasionar un daño reputacional de difícil reparación a la persona o personas afectadas lo que hace necesario regular la actividad investigadora de los órganos judiciales en estos supuestos".

"No sólo en España sino también en muchos otros países estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, de creadores, de científicos, de periodistas y adversarios políticos por parte de sectores extremistas, sectores de ultraderecha que pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos", ha lamentado López.

Supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos

Tal y como ya había avanzado el PSOE, esta proposición de ley incluye la supresión del artículo 525 del Código Penal, conocido como delito de ofensas a los sentimientos religiosos y los socialistas lo justifican así en el texto: "es un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal".

Añade la norma que son "tipos penales claramente obsoletos con el ánimo de atacar a creadores y activistas" y que "amenazan" a otros creadores "con la expectativa de que se autocensuren, privando así a la sociedad de puntos de vista y expresiones artísticas plurales".

A su juicio, esta estrategia va cada vez a más y ha puesto como ejemplo las críticas realizadas contra la presentadora Lalachus por mostrar una estampita con la vaquilla del Grand Prix en la retransmisión de las campanadas de TVE.

En relación a este apartado, López ha dicho que con esta eliminación no se despenaliza el ataque o el acoso por motivos religiosos si se ataca o se acosa por su fe en la reputación de una persona porque para eso, ha dicho, está el delito de injurias.

Abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político

Por otro lado, el PSOE busca mecanismos para evitar la "judicialización de la política" porque en su opinión se corre el riesgo de "desembocar en una politización de la Justicia".

"Para seguir asegurando la neutralidad y el derecho a un juez imparcial y a la tutela judicial efectiva se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o recusación: cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte", reza el texto de la proposición de ley.

Para López la judicialización de la política tiene una consecuencia "fatal" para la imagen de la imparcialidad del Poder Judicial "donde la inmensa mayoría de los profesionales, en cuanto se ponen la toga, toman distancia de sus propias convicciones ideológicas y religiosas".