Las autoridades surcoreanas piden colaboración al servicio de seguridad presidencial para arrestar a Yoon
- Están preparando un nuevo operativo para tratar de detener al presidente en el que podrían participar hasta 1.000 efectivos
- El servicio de seguridad presidencial ha reforzado el recinto de la residencia de Yoon con alambre de espino
La oficina anticorrupción que investiga al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha solicitado la cooperación del Ministerio de Defensa y del servicio de seguridad presidencial para arrestar al mandatario tras el intento fallido de detenerlo.
En una carta enviada a cada uno, las autoridades han pedido colaborar a ambos organismos para un nuevo intento de arresto de Yoon, además de advertir de consecuencias legales en caso de que no cooperen.
En su misiva al ministerio de Defensa, la oficina ha señalado que cualquier soldado que obstruya la ejecución de las órdenes para detener a Yoon podría exponerse a sanciones penales o económicas en caso de que se produzcan daños materiales o humanos durante la operación, según recoge la agencia local Yonhap.
La carta dirigida al servicio de seguridad, por su parte, advierte de consecuencias similares al personal que obstruya la aplicación de las órdenes, además de la posibilidad de ser despojados del estatus como funcionarios públicos y de ser sancionados para no volver a ocupar cargos de ese tipo.
El primer intento para ejecutar la orden de arresto de Yoon fracasó el día 3 después de que el Servicio de Seguridad Presidencial impidiera a funcionarios de la oficina anticorrupción y a decenas de agentes de policía el acceso a la residencia del mandatario, en un tenso encaramiento que duró varias horas antes de cancelarse el operativo.
Preparan un nuevo operativo
Las autoridades surcoreanas preparan un nuevo operativo para tratar de arrestar al presidente en el que podrían participar hasta 1.000 efectivos, después de que un tribunal de Seúl extendiera la orden de detención la semana pasada.
Tras el primer intento de detención fallido, el servicio de seguridad presidencial ha reforzado el recinto de la residencia de Yoon con alambre de espino, barricadas o alineando autobuses para dificultar el paso, por lo que se especula a su vez con el tipo de activos, desde helicópteros a vehículos acorazados, que la Policía podría llegar a desplegar en una segunda operación.
Yoon no tiene previsto asistir a la primera audiencia formal del juicio que se celebrará este martes ante el Tribunal Constitucional para determinar si su destitución será definitiva o no en relación a su fugaz declaración de la ley marcial en diciembre, según indicó en la víspera su equipo de defensa legal.
La ley surcoreana requiere que Yoon esté presente en las vistas ordinarias del proceso abierto por el Constitucional sobre su destitución, aunque establece que si el presidente no acude a alguna de las fechas que se han fijado para las cinco sesiones ordinarias (14, 16, 21 y 23 de enero y 4 de febrero), la vista en cuestión podrá moverse a una fecha diferente.
Si Yoon no apareciera una segunda vez, el tribunal tiene entonces potestad para seguir adelante con el procedimiento sin su presencia.
Delito de insurrección
El presidente ha rechazado también cooperar con las autoridades en la investigación penal paralela que está llevando a cabo contra él el ente compuesto por la citada oficina anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa por un supuesto delito de insurrección ligado a su declaración de la ley marcial
Por ello, la oficina anticorrupción obtuvo la antes citada orden para arrestarlo temporalmente.
Los abogados de Yoon han pedido una anulación judicial para la orden, ya que argumentan que solo la Fiscalía, y no la oficina anticorrupción, puede solicitar un arresto por un supuesto delito de insurrección, el único al que no es inmune un presidente surcoreano.
En caso de que puedan arrestarlo, los investigadores disponen de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo creen necesario.
Yoon, al que se ha prohibido salir del país, fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si lo restituye o lo cesa definitivamente.
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