El Gobierno mantiene su confianza en el fiscal general del Estado y el PP denuncia que Moncloa "estaba en el ajo"

• Lo hace después de que el Supremo cite a declarar a Álvaro García Ortiz como imputado por revelación de secretos
• Investigan la presunta filtración de un correo en el que el abogado del novio de Ayuso admitía fraude fiscal

El vicesecretario de Cultura y portavoz del Partido Popular, Borja Sémper Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno mantiene su "absoluta confianza" en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo le citara a declarar como imputado el próximo 29 de enero por un supuesto delito de revelación de secretos.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha mostrado "convencido" de que la actuación de García Ortiz ha sido "conforme a derecho". En La noche en 24h, tras esta afirmación, ha sido preguntado si considera que hay una persecución contra él. Entonces, el diplomático ha respondido que "si el fiscal actúa conforme a derecho y se encuentra en esta situación, alguien debe de tener otros intereses".

A García Ortiz se le investiga por la presunta filtración de correos entre el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía, en relación con un presunto caso de fraude fiscal de este particular. Se persigue "al que persigue el delito", han criticado este lunes otras fuentes del Ejecutivo.

También desde Sumar, socios minoritarios del Gobierno de coalición, han lamentado que es "más fácil lanzar un bulo que desmentirlo" y que cargos como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, "puedan mentir sin ningún tipo de consecuencia", según ha asegurado en una rueda de prensa el portavoz del partido, Ernest Urtasun.

El PP denuncia que el Gobierno "estaba en el ajo"

Por su parte, el PP ha calificado la citación del fiscal, así como la imputación de su "mano derecha", de "escándalo inédito en la política española". "Es de una gravedad extraordinaria", ha asegurado el portavoz del partido, Borja Sémper, "que quien tiene la obligación de perseguir delitos sea investigado por la comisión de delitos penales de tamaña gravedad", y que "cuente a día de hoy con el apoyo cerrado del Gobierno".

Sémper también ha denunciado que el Gobierno "estaba en el ajo" y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "probablemente" lo estuviera también. Hace referencia a un fragmento del auto del magistrado del Supremo en el que incide en que el correo electrónico filtrado tuvo "salida" de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde dice que se hicieron "gestiones" para que acabara publicado.

"Por la dignidad de la institución", ha apuntado el portavoz 'popular', García Ortiz "debería dimitir hoy" y el Ejecutivo "debería decir públicamente a los españoles que este es un comportamiento inaceptable".

Vox también ha sido crítico con la citación como imputado del fiscal general. Su presidente, Santiago Abascal, ha asegurado que no se siente sorprendido por las informaciones relativas al supuesto papel de Moncloa en la filtración de los correos, y lo ha relacionado con las causas judiciales abiertas contra la mujer de Pedro Sánchez y el hermano de este.

"Todo lo que está ocurriendo tiene un 'señor X', el señor Sánchez. Todo viene de la Moncloa. ¿El fiscal general de Estado de quién depende?", se ha preguntado en una rueda de prensa.

Podemos critica que el PSOE esté "a por uvas" ante un caso de 'lawfare'

Desde Podemos, su secretario de Organización, Pablo Fernández, ha criticado que el PSOE está "a por uvas" ante el caso de "lawfare" que, a su juicio, implica la imputación de García Ortiz. En rueda de prensa en la sede del partido, ha indicado que esa citación y la imputación del 'número dos' de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diego Villafañe, es algo "gravísimo" y una situación "muy elocuente" de guerra judicial.

Así, ha reprochado que mientras el juez del Supremo Ángel Hurtado llama a declarar al fiscal general e imputa a su "mano derecha", para el PSOE el problema es "la acusación popular", en referencia a la proposición de ley registrada en el Congreso para limitarla.