Deducciones, ayudas y reformas ante el problema de la vivienda: en qué se diferencian las propuestas de PSOE y PP

• Sánchez propone una exención del IRPF al alquiler asequible y Feijóo apuesta por reducir el impuesto de transmisiones
• Los dos principales partidos en el Congreso coinciden en la necesidad de reformar la ley de suelo para agilizar la construcción

Un edificio de viviendas en construcción Getty Images

La vivienda continúa siendo un quebradero de cabeza en la vida de muchos españoles, y también lo es en la agenda política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expuesto este lunes una batería de nuevas políticas para apuntalar lo que —ha dicho— debe ser el quinto pilar del Estado de bienestar en España. Y lo ha hecho solo un día después de que los barones del PP plantearan su alternativa en la 'Declaración de Asturias'. 

A continuación, comparamos las últimas propuestas del ala socialista del Ejecutivo, que ocupa el Ministerio de Vivienda, con las del principal partido de la oposición ante la "gravedad" del problema. Aunque alejadas, en ocasiones coinciden en el diagnóstico y otras, en las 'teclas' a tocar para guiar al mercado en la dirección deseada.

Impuestos: diferencias en el foco de las deducciones

El Gobierno ha propuesto una exención fiscal del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, independientemente de si están o no en zonas declaradas tensionadas. Hasta ahora, era necesario que la comunidad autónoma hubiera declarado el área de mercado tensionado y, entonces, los propietarios podían desgravarse hasta el 90% de la renta si rebajaban un 5% el precio del alquiler. Para que la nueva bonificación entre en vigor, deberá aprobarse antes en el Congreso de los Diputados, pero no es la única medida en materia fiscal que ha anunciado Sánchez.

Y es que, igual que se incentiva el mercado residencial asequible, los socialistas quieren desincentivar el turístico. De este modo, los pisos turísticos tributarán como negocios, y no como inmuebles, para equiparar sus impuestos a los de los hoteles. El jefe del Ejecutivo ha anunciado también un cambio en el régimen de ventajas fiscales de las sociedades de inversión en activos inmobiliarios (las llamadas SOCIMIS) para que solo se apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible. 

Por su parte, desde el PP apuestan por bajar los impuestos relacionados con la vivienda en todas las fases, de las construcción a la compraventa. En esta línea, las comunidades del PP han anunciado que rebajarán del 10 al 4% el impuesto de transmisiones a los jóvenes que adquieran una vivienda de segunda mano. 

De forma paralela, en la ‘Declaración de Asturias’ proponen incentivos fiscales a "colectivos diana" (jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, municipios con riesgo de despoblación, cascos históricos y núcleos rurales). Estos se deducirían el IRPF por "inversión" en primera vivienda habitual, si viven de alquiler, ponen su vivienda para alquilar o la rehabilitan para determinados fines (eficiencia energética, mejora de la accesibilidad, viviendas en cascos históricos, etc.).

El Gobierno se centra en el alquiler y el PP pide más ayudas a la compra

Una parte del diagnóstico de PSOE y PP coincide: es necesario aumentar el parque de vivienda asequible en España. Para ello, Sánchez ha anunciado que la Administración General del Estado ha transferido más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda, lo que aseguran que permitirá construir miles de viviendas protegidas destinadas al alquiler. Dicho organismo, además, incorporará a lo largo de este semestre más de 30.000 viviendas que actualmente están en manos de la SAREB (conocida también como el 'banco malo') y, a través de la ley, tendrá prioridad en la compra de viviendas y suelos.

Otras reformas en la agenda del Gobierno, ya conocidas, tienen que ver con garantizar que toda la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública. Igualmente con miras a evitar la especulación, limitarán la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes en España.

En lo que respecta a fomentar el alquiler asequible de viviendas ya construidas pero que están fuera del mercado, el presidente ha detallado dos nuevas medidas: un sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos, y un programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías que se saquen al mercado a bajo precio.

Por su parte, los ‘populares’ subrayan la necesidad de aumentar el suelo disponible para construir vivienda "pública, social y asequible, en alquiler o en propiedad". Para ello, piden aprovechar las parcelas públicas que no estén en uso y fomentar la construcción "ofreciendo facilidades" a los promotores. Asimismo, se aboga por impulsar el desarrollo de nuevos suelos urbanos y ampliar las ciudades.

Por el lado de la vivienda en propiedad, los barones del PP quieren "flexibilizar el marco regulatorio" para facilitar que se construyan viviendas de protección oficial o de precio tasado, públicas y privadas. La intención es facilitar el acceso a la vivienda libre a la parte de la población que, sin poder ser beneficiaria de una vivienda social, tienen dificultades para comprarse una casa. En este sentido, señalan el "modelo de éxito que permitió hacer una España de propietarios en los años 80 y 90" con incentivos a promotores y constructores. Asimismo, hablan de avales para facilitar el acceso a la hipoteca por el 100% del precio de la vivienda a personas menores de 40 años.

Por el lado del alquiler asequible, creen que la Administración debe promover su construcción cediendo derechos de superficie o suelos públicos. La meta: viviendas con cuotas hasta un 30% por debajo del mercado. "En caso de que la promoción sea privada, se gestionará el alquiler durante un período de 75 años y luego las viviendas revertirán al patrimonio público", desarrolla el documento, que lo señala como una medida "referente" en su plan.

Ley de suelo: PSOE y PP buscan la reforma en el Congreso

La ley de suelo es quizás el punto en el que las posturas están más cercanas. Tanto PP como PSOE hablan de una reforma que reduzca la burocracia, acelere los trámites y amplíe así el suelo disponible. 

No obstante, desde el PP consideran "coja" la propuesta del PSOE en el Congreso y, además de una reforma de la ley estatal para evitar que los proyectos puedan anularse por defectos de forma, proponen centralizar la gestión del suelo en un órgano autonómico o provincial y flexibilizar también las regulaciones autonómicas. 

Otras: del PERTE del Gobierno a la ley contra la ocupación del PP

Por el lado del Ejecutivo, es también una novedad la creación de un Proyecto Estratégico del Plan de Recuperación (PERTE) dedicado a la vivienda. Según ha detallado Sánchez, se destinará a impulsar la innovación e industrialización del sector de la construcción, con especial vista a la construcción "modular" para reducir tiempo y costes. Tendrá su sede en la provincia de Valencia, para contribuir a la reconstrucción tras la DANA, si bien el objetivo es generar "valor añadido" para todo el país.

Finalmente, el presidente ha avanzado su intención de endurecer la regulación para perseguir los fraude en los alquileres de temporada —con un fondo para que los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos puedan reforzar las inspecciones— y ha expresado el compromiso de mantener y aumentar los programas de ayudas a colectivos vulnerables. Estos últimos se recogerán en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, pendiente de terminar, para su entrada en vigor en 2026.

En cambio, el PP cree que ha sido la intervención del Gobierno precisamente la que ha exacerbado algunos de los problemas. Una vez más, la 'Declaración de Asturias' recoge su deseo de derogar la ley de vivienda estatal por ser un "fracaso absoluto que ha reducido la oferta, incrementado los precios y desincentivado la inversión". Como han reiterado en los últimos meses desde los gobiernos autonómicos, rechazan cualquier tipo de intervención de precios y las declaraciones de zonas tensionadas, que consideran una "persecución" a los propietarios que ponen sus viviendas en alquiler. En el manifiesto, consideran también que la legislación que "ampara" los impagos de los inquilinos ha supuesto un "auge del fenómeno de la inquiocupación".

Finalmente, los 'populares' cierran su plan de acción frente al problema de la vivienda con la propuesta de impulsar una ley contra la ocupación ilegal que acelere las expulsiones de viviendas en las que no resida el propietario, incremente las penas y permita a las comunidades de propietarios llevar a cabo acciones preventivas. Plantean también crear un servicio de atención a víctimas de la ocupación, algo que se comprometen a ofrecer ya desde sus autonomías.