Ayuso califica como un nuevo Watergate el caso del fiscal general del Estado y Óscar López pide su "dimisión inmediata"

• La presidenta madrileña asegura que la imputación García Ortiz demuestra que Sánchez urdió una operación contra ella
• El Gobierno mantiene su "máximo apoyo y confianza" hacia el fiscal general del Estado

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso EUROPA PRESS/EDUARDO PARRA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de nuevo Watergate el caso que envuelve al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tendrá que declarar como imputado el próximo 29 de enero en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación se secretos.

Ayuso ha defendido que, tras darse a conocer el auto emitido por el juez Ángel Luis Hurtado en el que considera apuntalados los indicios delictivos contra García Ortiz, se confirma la "operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra un adversario político", refiriéndose a ella misma.

En concreto, el magistrado incide en que el correo electrónico filtrado sobre la pareja de la presidenta madrileña tuvo "salida" de la Fiscalía y "destino" en "Presidencia del Gobierno", desde donde dice que se hicieron "gestiones" para que acabara publicado.

"La Fiscalía, que debería estar para velar por la legalidad de los procesos judiciales, se ha utilizado para dinamitar el Estado de Derecho, para vulnerar los derechos de un ciudadano", ha señalado la presidenta madrileña en una breve declaración.

El Gobierno expresa su "máximo apoyo y confianza" hacia García Ortiz

El Gobierno ha reiterado su "máximo apoyo y confianza" hacia la figura del fiscal general del Estado así como ha solicitado la "dimisión inmediata" de Isabel Díaz Ayuso tras las palabras que ha expresado contra García Ortiz.

"Aquí el único Watergate pero de pacotilla es el del señor Rodríguez. No diría que es un Watergate sino un whiskeygate", ha expresado el ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López en alusión al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado a Rodríguez como el autor de los "bulos, las mentiras y las filtraciones" que envuelven el caso del fiscal general y le ha acusado de "utilizar todos los recursos y todas las amenazas con el objetivo de tapar a la señora Ayuso y a su pareja".

Asimismo, desde el Ejecutivo no comparten la imputación de García Ortiz porque "no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general" como culpable de los presuntos delitos por los que se le imputa. "El origen del delito está donde está, en la pareja de la señora Ayuso", ha añadido.

"Estamos en un Estado de derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones", ha insistido.

Así lo ha asegurado Alegría en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que el jefe de gabinete de Ayuso admitió haber difundido a los medios de comunicación un correo del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña. "Allí explico la cantidad de mentiras que había trasladado", ha aseverado.

Feijóo sugiere que Sánchez mandó al fiscal general filtrar los correos

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez no puede pedir el cese del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación en el Tribunal Supremo porque "probablemente" fue él mismo quien mandó a la Fiscalía "combatir a una presidenta autonómica", en alusión a Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, ha apuntado durante un desayuno informativo que la causa va "dejando en evidencia como quien tiene el deber de perseguir los delitos no habría tenido ningún rubor en cometerlos por orden o en conocimiento o en connivencia con la Presidencia del Gobierno".

El líder de los 'populares' ve más verosímil que Pedro Sánchez amplíe la proposición del PSOE para reformar la Justicia, a la que ha denominado como su "ley de impunidad", para "salvar al fiscal general del Estado, a que le pida su dimisión".

Y ha argumentado que la imputación del fiscal general, el "acoso de la justicia", "el uso de las instituciones del Estado al servicio del un partido" o el "recorte a la libertad de prensa y de expresión", revelan "un miedo clamoroso de quien toma esas decisiones". "Cuando no las haces no las temes", ha añadido.

Vox dice que García Ortiz ha ejercido como "abogado de la familia de Sánchez"

También se ha pronunciado sobre este asunto la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien ha considerado "sorprendente" que Álvaro García Ortiz siga ejerciendo como fiscal general del Estado.

"No puede mantener el Gobierno a alguien que es el abogado particular de la familia de Sánchez" y "que ha sido imputado", ha defendido la diputada.

En este sentido, ha sostenido que el auto del magistrado Ángel Hurtado despeja las dudas sobre que "hubo colaboración del Gobierno y el fiscal general para utilizar datos de ciudadanos en contra de aquellos que le son incómodos, que simplemente no le gustan".

El Tribunal Supremo resolverá el recurso contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado el próximo 28 de enero, la víspera de que declare como imputado en la causa por presunta revelación de secretos.

La Sala de lo Contencioso Administrativo se reunirá ese mismo día para la deliberación y fallo del recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público, una asociación que, por otra parte, está personada como acusación popular en la causa que instruye el juez Ángel Hurtado.