Igualdad investigará los talleres de conversión en siete diócesis para ver si los sanciona
- La denuncia ha sido efectuada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión
- Las terapias "pueden acarrear consecuencias psicológicas", según la Dirección para la Igualdad real de las personas LGTBI+
El Ministerio de Igualdad ha abierto expediente para investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión sobre la celebración de talleres para cambiar la orientación sexual en siete diócesis españolas y determinar si deben ser sancionadas.
Igualdad ha hecho pública la apertura de este expediente después de la reunión entre la ministra Ana Redondo y el presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro.
Esta asociación ha denunciado ante Igualdad a siete diócesis por convocar y acoger charlas que promueven terapias de conversión de la homosexualidad impartidas por la empresa Media Salud Comunicación S.L. y su administradora única, Marta Sanz Lovaine, que difunden su mensaje en parroquias, entrevistas en medios de comunicación y documentales. Las diócesis señaladas son Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá y Sigüenza-Guadalajara, así como los sacerdotes de alguna de las parroquias de las que se tiene constancia que acogieron estas charlas durante 2023.
La competencia para incoar este expediente es de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, ya que los hechos han tenido lugar en varias comunidades autónomas. Su director, Julio del Valle, ha destacado en el comunicado de Igualdad la necesidad de "abrir un debate social sobre lo que significan las terapias de conversión, que niegan la identidad de las personas y/o su orientación sexual" y generan graves daños en las personas LGTBI+. "Pueden acarrear consecuencias psicológicas a lo largo de toda la vida, afectando a su vida afectiva-sexual", ha añadido.
La ley prohíbe terapias destinadas a modificar la orientación sexual
Desde el departamento que dirige Ana Redondo han recordado que la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI prohíbe por primera vez "la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal".
Asimismo, ha añadido que la norma establece sanciones que se sitúan entre los 200 y los 150.000 euros y que conllevan la prohibición de recibir ayudas públicas, en función de la gravedad de los hechos. Las infracciones leves contemplan, entre otros, la utilización o emisión de expresiones vejatorias, sancionadas con apercibimiento o con multa de 200 a 2.000 euros. Por su parte, las infracciones graves contemplan la no retirada de expresiones vejatorias en sitios web o redes sociales por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, siempre y cuando, habiéndoles pedido que lo retiren, no lo hagan y la sanción conlleva multas de entre 2.001 a 10.000 euros. Las muy graves, sancionadas con multa de 10.001 a 150.000 euros, recogen la promoción o práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento con la finalidad de modificar la orientación sexual, identidad de género o características sexuales.
Las diócesis rechazan las terapias de conversión
La semana pasada, la Archidiócesis de Madrid mostró su rechazo a las terapias de conversión sexual, "en línea con la posición del Vaticano", aunque puntualizó que todavía no habían recibido ninguna denuncia. Por su parte, la Diócesis de Getafe se posicionó también en contra y explicó que la denuncia recoge "charlas de personas que hablaron de su conversión a la fe".
En cuanto al Arzobispado de Barcelona, también se ha desmarcado de la organización de estas iniciativas, y en un comunicado aseguró su "oposición a estas terapias de conversión" y precisó que estas iniciativas están "presuntamente vinculadas a dos empresas privadas que no tienen ningún vínculo con la archidiócesis".