Jueces y fiscales muestran su preocupación ante la imputación del fiscal general y discrepan sobre si debe dimitir

• Álvaro García Ortiz debería dimitir, según la Asociación de Fiscales (AF), para preservar la imagen de la institución
• La Unión Progresista de Fiscales (UPF) denuncia la "caza de brujas" y el intento de "deslegitimar" al Ministerio Fiscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una conferencia sobre la Constitución. EFE/Ángeles Visdómine

Asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su preocupación ante las consecuencias que puede tener para este colectivo profesional la citación como imputado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en la causa sobre la presunta filtración de datos personales de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al que se investiga por dos presuntos delitos fiscales.

Ante la imputación del fiscal general, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) creen que García Ortiz debería dimitir para "preservar la imagen y la imparcialidad" del fiscal que actúa en el procedimiento, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) discrepa de la decisión del Supremo, considera que la dimisión sería un "error" y cree que la imputación supone "criminalizar el trabajo diario" de los fiscales.

La investigación a García Ortiz tiene su raíz en la información publicada en los medios el 13 de marzo de 2024, cuando se difundieron unos correos en los que el abogado de González Amador habría admitido a la Fiscalía del caso haber cometido fraude fiscal.

El Supremo investiga esta filtración que tuvo lugar horas antes del 14 de marzo, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa desmintiendo un supuesto acuerdo ofrecido por el Ministerio Fiscal al novio de Ayuso.

La Unión Progresista de Fiscales cree que supone "criminalizar" al Ministerio Fiscal

La Unión Progresista de Fiscales, en un comunicado publicado en la red social X, alega que esta imputación supone "criminalizar el funcionamiento normal de la Institución del Ministerio Fiscal" y ponen de manifiesto que los principios de la unidad de actuación y dependencia jerárquica son "el ADN del Ministerio Fiscal y están consagrados en la Constitución", apunta el texto, citando el artículo 124 de la Carta Magna.

El portavoz de la UPF, Félix Martín, entrevistado en Las Mañanas de RNE, ha asegurado que es un "intento de deslegitimar al Ministerio Fiscal".

UPF: "Supone criminalizar el trabajo diario de los fiscales"

En este contexto, los fiscales progresistas consideran que la resolución judicial es "altamente discutible" e "ignora la norma esencial que rige la actuación del Ministerio Fiscal", lo que, a su juicio, supone un "ataque directo a la Institución" y a su "funcionamiento interno en aras a la aplicación del principio de jerarquía y unidad de actuación de la carrera". por la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que califican de "auténtica caza de brujas" y supone "criminalizar" el funcionamiento normal de la institución.

Al hilo, la UPF recalca que la dación de cuenta a García Ortiz de los asuntos trascendentes "no es una posibilidad sino una obligación de los fiscales jefes en aras de mantener estos principios de jerarquía y unidad de actuación".

Por otro lado, y en cuanto al relato de hechos en los que se basa la resolución judicial para investigar a la teniente fiscal de la secretaria técnica, Pilar Rodríguez, los fiscales progresistas defienden que no supone otra cosa que "manifestar que la dación de cuentas al superior jerárquico puede ser considerado a partir de ahora un indicio de delito".

La UPF manifiesta que la resolución judicial del Supremo es "no sólo la falta absoluta de indicios de criminalidad contra las personas a las que se dirige sino además la existencia de sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento".

Por su parte, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha preferido no hacer comentarios en relación con la decisión de imputar al fiscal general del Estado.

La AF y la APM creen que debería dimitir para preservar la imagen de la Fiscalía

La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, cree que García Ortiz debería dimitir por razones jurídicas para "preservar la imagen y la imparcialidad" del fiscal que actúa en el procedimiento penal, lo que además facilitaría según ha asegurado que "pudiera preparar mejor su defensa".

"Lo que provoca la situación crítica de la institución en este momento es que quien está siendo investigado, va a declarar como investigado es el fiscal general del Estado, por tanto el superior jerárquico de aquel fiscal que va a tener participación activa en el procedimiento y eso sin duda puede propiciar una cierta sensación de que el principio de imparcialidad que rige en la carrera fiscal puede verse perjudicado porque lógicamente algún tipo de interés directo o indirecto se puede tener respecto del resultado de la causa", ha señalado la presidenta de la AF, entrevistada en 24 horas de RNE.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria de la judicatura española, también cree que el fiscal general del Estado debería dimitir. Así lo ha asegurado Alejandro González Mariscal de Gante, miembro de la Ejecutiva de esta asociación: "El problema es que con independencia del resultado del proceso, la presunción de inocencia existe, que se encuentre imputado implica que la máxima autoridad en el ejercicio de la acción penal está en cuestión y eso genera una duda sobre el sistema".

"Pensando en la Fiscalía, ¿cómo se presenta mañana un fiscal a solicitar instrucción contra personas cuando la cúspide está imputado", ha señalado Mariscal de Gante, que recuerda que la Fiscalía que es "una institución del Estado un pilar fundamental del estado de derecho que tiene que protegerse".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha asegurado a través de su portavoz, Sergio Oliva Parrila, que la declaración como investigado de García Ortiz "es un paso normal en todo proceso de instrucción" y que en una fase de instrucción "solo hay indicios y no se determina la culpabilidad". Sin embargo, Oliva añade que el hecho de que el fiscal general esté investigado "traslada a la ciudadanía dudas acerca de la independencia y neutralidad". "Es necesario que nuestros dirigentes políticos realicen una profunda reflexión sobre la necesidad de cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas y profundizar en la necesaria independencia de la Fiscalia respecto del resto de poderes del Estado", concluye Oliva.