La ley contra el aborto de Portugal, de las más restrictivas de la UE: "Penalizamos a las que tienen pocos recursos"

• En Portugal, el plazo legal para interrumpir un embarazo es 10 semanas y seis días
• Además, las mujeres están obligadas a someterse a un periodo de reflexión de tres días

La ley contra el aborto de Portugal, de las más restrictivas de la UE

En Portugal, muchos hospitales públicos están derivando las interrupciones voluntarias del embarazo a centros privados, como la clínica Arcos en Lisboa, que actualmente atiende el 30% de los casos. El problema persiste enraizado en el estigma que rodea este procedimiento. Muchas mujeres optan por pagar o incluso viajar a España para acceder a servicios que en su país enfrentan múltiples limitaciones.

La clínica Arcos recibe gratuitamente a pacientes derivadas de hospitales públicos de las regiones centro y sur de Portugal. Además, opera una clínica en Badajoz, que el año pasado atendió a más de 400 mujeres portuguesas.

El director médico, Rui Marques, advierte sobre las desigualdades económicas asociadas: "Las mujeres que van a España son las que tienen capacidad económica, así que acabamos penalizando a las que tienen pocos recursos".

La ley portuguesa, de las más restrictivas de la UE

En España, el plazo legal para interrumpir un embarazo es de 14 semanas, ampliable a 22 en casos excepcionales, mientras que en Portugal la ley establece un límite de 10 semanas y seis días. Además, obliga a las mujeres a someterse a un periodo de reflexión de tres días, lo que, según Marques, añade un obstáculo innecesario: "El 85% de las mujeres que vienen a nuestra consulta tienen totalmente la decisión tomada".

Este periodo de reflexión puede ser determinante, impidiendo que algunas mujeres cumplan con el plazo legal: "Imaginaos que nos llega una embarazada de 10 semanas y 4 días. Con los tres días de reflexión, ya no pueden interrumpir su embarazo", explica Marques.

Otro desafío importante es la elevada cantidad de médicos objetores de conciencia. Según datos oficiales, el 30% de los profesionales de hospitales públicos portugueses no realizan abortos. Esto obliga a muchas mujeres a cruzar la frontera hacia ciudades como Badajoz o Vigo en busca de una atención más accesible y menos restrictiva.

La situación refleja las desigualdades y las barreras institucionales que persisten en el acceso a los derechos reproductivos en Portugal, y pone en evidencia la necesidad de abordar el estigma y las limitaciones legales que afectan a las mujeres más vulnerables.