¿Qué efectos tendrán las medidas de vivienda anunciadas por el Gobierno y las comunidades del PP? El sector responde

• Advierten que herramientas como el aval público al alquiler asequible exigen consenso político para que se aprueben y apliquen
• Los economistas coinciden en que la construcción de viviendas llevará tiempo, por lo que piden fomentar la oferta en alquiler

Balcones y fachada de un edificio de viviendas, en una imagen de archivo GETTY

Con la resaca de los últimos anuncios del Gobierno para atajar el problema de la vivienda y las propuestas lanzadas por el PP para aplicar ya en sus comunidades autónomas, la atención vira ahora al análisis de economistas, sociedad civil y sector privado.

"Es difícil decir cuáles son buenas y cuáles pueden tener efecto, porque depende mucho de la aplicación". La catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull, condensaba así, en una entrevista en Las mañanas de RNE, el sentir de un sector que sabe que necesitará tiempo y consenso para cambiar su rumbo.

Y los discursos siguen alejados en la calle. Mientras el Sindicato de Inquilinas de Madrid considera que medidas como la exención fiscal del 100% del IRPF a los caseros de "alquiler asequible" solo servirá para "mimar el rentismo con el dinero de todas", desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) se aplaude el movimiento del Ejecutivo, que interpretan como una "autoenmienda a la ley de vivienda".

"Sus 12 propuestas mejoran, pulen, desarrollan de otra forma o liberan algunas de las medidas que estaban más encorsetadas en la ley", ha comentado su presidente, José María Alfaro, esta martes en La hora de la 1, donde ha reclamado más detalles y un calendario para llevarlas a cabo.

Las Mañanas de RNE - Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada: "El enfoque y la aplicación de las medidas de vivienda es clave" - Escuchar ahora

Exenciones y rebajas fiscales

Los principales partidos políticos, PSOE y PP, también la mayoría de economistas y el sector de la vivienda coinciden en un diagnóstico: la escasez de oferta es la principal causa del aumento de precios que dificulta que muchos españoles puedan pagar el alquiler cada mes o llegar a comprarse una casa. Por eso, buena parte de las medidas sobre la mesa buscan aumentar las viviendas en el mercado, a través de la construcción o incentivos al alquiler. Estos últimos son, además, la clave para aliviar el problema en el corto plazo, según los expertos.

"El PSOE, creo que con inteligencia, se ha centrado en el alquiler porque es más rápido. Si facilitas que se alquilen viviendas, saldrán al mercado y bajará el precio. Mientras, el PP se está centrando en algo, que también es importante pero a largo plazo, la propiedad. Si no tienes dinero y la vivienda está cara, va a ser complicado acceder a ella por mucho que te bajen los impuestos", ha valorado este martes la presidenta de la Asociación de Usuarios Finacieros (Asufin), Patricia Suárez, también en La hora de la 1.

Suárez se refiere en concreto al anuncio de que las comunidades del PP rebajarán al 4% el impuesto de transmisiones a los jóvenes que compren una casa de segunda mano, en contraposición a la exención total del IRPF a los caseros de alquiler asequible que quieren aprobar los socialistas. La primera medida, además, es un incentivo a la demanda, como apuntó el economista Santiago Carbo en el mismo programa de TVE el lunes.

"Todo lo que sea apoyar a la demanda cuando no tienes oferta, sea para compra o alquiler, lo que va a hacer es seguir disparando los precios. No olvidemos que cuando hay más demanda que oferta los precios suben", explicó, algo que se aplicaría igualmente al bono de alquiler joven del Gobierno, los avales vigentes del ICO o los "avales al 100% a la hipoteca de menores de 40 años" que propone el PP. "Las medidas de demanda ya llegarán, pero en este momento lo que hace falta es aumentar el parque de viviendas para comprar y alquilar".

En esa línea, Suárez (Asufin) ha sostenido que la exención del IRPF a los caseros puede servir para convencer a más propietarios de que poner un piso vacío en alquiler "compensa económicamente" y ha recordado que también los ayuntamientos suelen aplicar un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) superior a las viviendas vacías con el fin de incentivar que salgan al mercado.

La estrategia no se ve de la misma manera desde el Sindicato de Inquilinas, quienes han criticado la falta de concreción del concepto "vacío" de alquiler asequible. La bonificación "no solo va en contra de la progresividad fiscal que exige nuestra Constitución sino que es una medida completamente inútil: los caseros ya cuentan con demasiadas ayudas fiscales pongan el precio que pongan. La solución pasa por sancionar y gravar con contundencia la especulación inmobiliaria", han reclamado en una nota de prensa.

Sistema de garantías y avales públicos para los caseros de alquiler asequible

Pero en el mercado destacan otro elemento: las garantías a los caseros que saquen su casa al mercado del alquiler. "El principal problema por el que ha bajado el inventario de propiedades en alquiler es esencialmente la inseguridad jurídica", ha analizado el presidente de FAI, José María Alfaro, y ha celebrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzara en la víspera un "aval público" dentro de un sistema de garantías al alquiler asequible para caseros e inquilinos, como había pedido el sector inmobiliario.

"Solo saldrá adelante con el debido consenso. Primero, a nivel político, porque debe pasar por el Congreso. Y segundo, entre los tres niveles de la administración, estatal, autonómico y local", ha advertido Alfaro.

Según precisaron este lunes desde el Ejecutivo, el sistema de garantías, inspirado en el modelo francés, aseguraría al propietario el cobro de la renta de alquiler (siempre que cumpla el requisito de "asequible") y se comenzaría a aplicar en inquilinos de menores de 35 años, pero se desconocen los límites y requisitos que determinarán su aplicación.

En opinión de la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, debería servir para que si el inquilino deja de pagar, el Estado siga asumiendo esa renta hasta que a la familia se le dé "una solución habitacional".

Más vivienda protegida... y libre

Otro de los principales anuncios de Sánchez este lunes fue la incorporación de más 30.000 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda a lo largo del primer semestre del año. También el PP en su 'Declaración de Asturias' ha propuesto aprovechar las parcelas públicas inutilizadas y fomentar la construcción "ofreciendo facilidades" a promotores, con una regulación más flexible para constuir viviendas de preotección oficial o de precio tasasdo, públicas y privadas. La premisa de ambos es clara, se necesitan más viviendas, pero de nuevo ponen el énfasis en matices distintos.

"Toda la vivienda que hace falta en nuestro país no la podría aguantar el erario publico", advirtió el economista Santiago Carbó en TVE, y propuso una reforma de la ley de suelo y generar incentivos a la promoción privada, "aunque haya una parte importante que sea vivienda social y pública en las zonas tensionadas".

¿Y servirán las nuevas viviendas anunciadas por el Gobierno para ello? "Depende", ha insistido la catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull, en Radio Nacional, donde ha puesto el foco en dónde están esas viviendas. "No tiene mucho sentido que se oferten viviendas a 50 kilómetros sin medio de comunicación rápido", ha expuesto.

La cuestión, en cualquier caso, es que "no hay tantas" viviendas como se necesitan actualmente y la economista recuerda que ciudades de otros países ya están optando por crecer, creando nuevos anillos de zonas residenciales en torno a las urbes.

¿Cómo simplificar la ley de suelo?

Tanto Pedro Sánchez como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han expresado recientemente su interés en aprobar una reforma de la ley de suelo en el Congreso de los Diputados, aunque todavía faltan flecos en los que ponerse de acuerdo.

Los 'populares', que han anunciado que abrirán un portal de suelo público para agilizar los trámites en las comunidades en las que gobiernan, reclaman un plazo máximo de tres meses para la emisión de informes sectoriales y fijar que si no hay respuesta se entienda como positivo el silencio administrativo. En respuesta, los socialistas han avisado de que "liberalizar suelo trajo la burbuja, los desahucios y la destrucción del sector de la construcción".

Para la catedrática Taltavull, la reforma de la ley de suelo es más compleja de lo que puede parecer en un principio, en tanto que debe integrar las regulaciones locales, autonómicas, nacionales y también las europeas —en materia de protección del medioambiente, por ejemplo—.

"La simplificación administrativa, según mi opinión, es algo bastante difícil de aplicar, a no ser que tengamos todos los sistemas de planeamiento completamente integrados en bases de datos en los que la inteligencia artificial pueda ayudar a hacer esa aplicación rápida", ha dicho a los micrófonos de RNE, y ha asegurado que es un debate que se mantiene en otros países de la Unión Europea.

Jaime Palomera: "Se dan las condiciones para que el precio de la vivienda pueda seguir subiendo"

Impuestos a los pisos turísticos

Pero en el análisis del Gobierno no basta con construir o sacar más viviendas al mercado, porque la demanda está distorsionada. En ello ha ahondado este miércoles el director del área de vivienda y ciudad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, Jaime Palomera: "Las viviendas que salen a la venta se las están quedando actores que las usan sobre todo de manera especulativa", ha advertido en La hora de la 1.

Así, Sánchez anunció su intención de aumentar los impuestos a los pisos turísticos para que tributen "como lo que son, un negocio". Sin embargo, algunas voces descofían de eso que vaya a frenar al sector del alojamiento turístico.

"Lo único que espero es que esos impuestos que se recauden vayan luego destinados a la construcción de viviendas y a otro tipo de medidas", ha sugerido Patricia Suárez (Asufin) en La hora de la 1, mientras José María Alfaro, de la patronal inmobiliaria, ha insistido en que ha sido la inseguridad jurídica, y no la mayor rentabilidad del mercado de corta estancia, lo que ha lastrado especialmente el mercado del alquiler residencial.

Precisamente, desde este martes el Ayuntamiento de Málaga ha prohibido la implantación de nuevas viviendas turísticas en más de 40 barrios de la ciudad, como ya hizo Barcelona. Este miércoles, la consultora PwC asegura que la desaparición de esta actividad en la capital catalana pone en peligro más de 1.900 millones al PIB y más de 40.000 puestos de trabajo, un impacto que niegan desde el Ayuntamiento de Jaume Collboni, que pone el acento en la calidad de vida de los vecinos.

"En realidad, cuando desciendes a los ayuntamientos, PP y PSOE son conscientes de que los pisos turísticos son un problema que están expulsando a los vecinos de los centros de las ciudades y que están impidiendo que los ciudadanos de esa ciudad puedan alquilar un piso en unas condiciones razonables", ha valorado Suárez.

Con todo, economistas y agentes del sector recuerdan que parte de la solución debe proyectarse a largo plazo, si bien estas medidas pueden ayudar a “suavizar la dureza del problema” en áreas concretas, de acuerdo con Taltavull, que aplaude también las ayudas a la rehabilitación de viviendas, en las que coinciden socialistas y 'populares'.

Y en esto último encontramos el motivo para el optimismo más repetido en estos días: los dos principales partidos en el Congreso parecen al fin dispuestos a hablar de vivienda.