Investigan una muerte y 43 intoxicaciones tras comer montaditos de 'pringá' en un bar de Córdoba

• Facua denuncia incumplimientos del protocolo por parte de la Junta de Andalucía en el caso de las intoxicaciones en Córdoba
• El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Córdoba que abra una investigación de oficio para esclarecer el origen

Una persona ha fallecido en Córdoba tras sufrir una intoxicación alimentaria GETTY

Una mujer de 63 años ha fallecido tras una intoxicación alimentaria registrada en un establecimiento de Córdoba después de una celebración el pasado 4 de enero, que ha dejado a otras 43 personas afectadas. La Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía precisa que no se ha "podido confirmar que la causa sea el consumo de los alimentos relacionados con el brote". La gestión de la Junta ha generado críticas por falta de transparencia.

El evento tuvo lugar en un restaurante de la ciudad cuyo nombre no ha trascendido oficialmente. Según la Delegación Territorial de Salud y Consumo, todos los afectados consumieron un montadito de 'pringá'. Los análisis preliminares apuntan como posible responsable a la bacterias Escherichia coli y Clostridium perfringens, aunque las investigaciones todavía no han determinado con certeza el origen del brote.

De los 44 afectados, solo tres requirieron atención médica en centros hospitalarios. En los análisis no se han detectado agentes patógenos en coprocultivos ni hemocultivos, incluido el caso de la víctima fallecida.

Críticas a la gestión sanitaria

La asociación de consumidores Facua de Córdoba ha denunciado "graves irregularidades" en el manejo de esta crisis alimentaria. La entidad ha reclamado a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que "aclare cuáles son la marca y el fabricante, así como el establecimiento donde se distribuyó y cualquier otro dato que sirva para la identificación, de los ingredientes de la serie de montaditos de 'pringá' causantes de la toxiinfección alimentaria en la capital".

Consideran que la difusión de toda la información es fundamental para la atención de otros posibles casos: "puede haber consumidores que estén sufriendo igualmente esta intoxicación sin conocer que su origen puede estar en haber acudido a dicho establecimiento y consumido los alimentos afectados o incluso no reconocer que los síntomas que puedan estar padeciendo se deben a una infección por estas bacterias".

Cuidado con las intoxicaciones alimentarias

Su secretario general, Rubén Sánchez, ha defendido que la negativa a difundir el nombre del establecimiento "ha puesto bajo sospecha a toda la hostelería de Córdoba". Sánchez también ha aclarado que no está confirmada la relación ente la comida suministrada en el local y las intoxicaciones. A pesar de ello, se ha mostrado partidario de la "clausura preventiva" del local.

Retrasos en el cumplimiento del protocolo

Sánchez ha criticado también que las muestras de los alimentos sospechosos no se tomaran hasta 11 días después del evento, lo que podría dificultar el esclarecimiento de lo sucedido. Según la organización, esta demora y la gestión inicial de las alertas reflejan un "incumplimiento extraordinariamente grave" del protocolo sanitario.

Según la delegada provincial de la Consejería de Salud y Consumo, María Jesús Botella Serrano, hasta el día 13 "no llegó ninguna denuncia sobre este hecho y tampoco llegó ninguna comunicación por parte de ningún facultativo que hubiera atendido a ninguno de los afectados" a la Delegación de Salud. Sin embargo, el secretario asegura que uno de los afectados notificó la intoxicación por correo electrónico el pasado 10 de enero, pero la Junta no revisó el mensaje hasta el día 13. Este retraso, argumenta la organización, podría haber impedido una respuesta más rápida ante el brote.

El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía de Córdoba que abra una investigación de oficio para esclarecer el origen de la intoxicación. En un comunicado, han exigido que se analicen los controles sanitarios del establecimiento, las condiciones de los alimentos y los resultados de la autopsia de la víctima. La organización argumenta que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal".