Un juzgado de Melilla ve indicios de delitos económicos en el programa de reposición de libros de la Ciudad Autónoma

• Se investigan las subvenciones otorgadas a los centros públicos desde 2016 hasta 2021
• Ya han declarado como investigados los exconsejeros de Educación Antonio Miranda, Gloria Rojas y Elena Fernández Treviño

Juzgados de Instrucción de Melilla

RTVE ha tenido acceso al sumario de la investigación judicial que arrancó en el año 2022 a raíz de la denuncia de un funcionario del Ministerio de Educación y que alertaba de presuntas irregularidades en el programa de reposición de libros de la Ciudad Autónoma.

La instrucción judicial ve indicios de delitos de prevaricación, fraude en subvenciones, cohecho, y malversación, ya que, podrían haberse producido presuntas irregularidades en la contratación por parte de los directores de los centros sin que la ciudad Autónoma hubiera fiscalizado correctamente el proceso.

La causa abierta afecta a hechos que tuvieron lugar entre 2016 y 2021. El juez instructor ha tomado ya declaración en calidad de investigados a los exconsejeros de Educación Antonio Miranda, del Partido Popular, y a Gloria Rojas y Elena Fernández Treviño, ambas del Partido Socialista. También han declarado un director general y un secretario técnico de la consejería y, al menos, uno de los directores escolares de uno de los centros educativos, así como el propietario de una librería de la ciudad.

LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS PRESUNTAMENTE SE ENCARGABAN DE SELECCIONAR A LAS LIBRERIAS

La Consejería, hasta el año 2022, momento en que se inicia la investigación y que la Ciudad Autónoma modifica el proceso de licitación, sacaba una convocatoria de subvenciones para facilitar los libros de texto a los distintos centros escolares de educación primaria de la ciudad.

A partir de ese momento todo pasaba a manos de los directores escolares de los centros que se presentaban a dicha convocatoria y que, debido a la normativa de contratación pública, no pueden licitar contratos que superen los 15.000 euros. Sin embargo, en el sumario de la causa aparecen facturas de librerías superan esta cantidad. La consejería describe en las bases del programa de reposición el procedimiento para estos casos: los directores de los centros debían reunir presupuestos de, al menos, tres “librerías de su elección”. El criterio económico era el que debía prevalecer, por lo que el presupuesto elegido sería siempre el que tuviera el precio más bajo.

Una vez seleccionado el proveedor, la Consejería de Educación autorizaba el pago de las facturas directamente a las librerías tras recibir de los centros toda la documentación de la licitación.

Tras analizar parte del sumario se ha comprobado que hasta en 25 ocasiones los directores de ciertos centros decidían pedir ofertas a dos librerías que pertenecen a la misma empresa, y a otro proveedor más, quedando este último en clara desventaja en el concurso. En estos casos, una de las dos sucursales de dicha empresa era siempre la seleccionada como la oferta “más ventajosa”.

Documento público que recoge las tres ofertas solicitadas por el director del centro. Apenas hay poco más de 8 euros de diferencia entre los presupuestos presentados y el elegido.

“VALES” POR MATERIAL ESCOLAR

El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla sospecha que parte del dinero de las subvenciones podría no haber acabado en la compra de libros. Según el sumario del caso, el juez ha preguntado a distintos investigados por cantidades de dinero no reflejadas en los presupuestos y que supuestamente irían destinadas al suministro de otros materiales escolares que no son objeto del programa de reposición, lo que implicaría que las librerías ganadoras del concurso compensarían, presuntamente, con material escolar extra a los centros escolares que les otorgaban la licitación.

El dueño de una librería se ha personado en la causa como acusación particular debido a que su presupuesto en el año 2018, según su propia declaración, “no fue seleccionado y no aparece en el expediente del centro educativo”. El perjudicado afirmó ante el juez que entregó su presupuesto en mano al director del centro y fue entonces cuando le comentó lo siguiente: “¿Usted sabe que un 8% recae sobre el colegio? […] no te preocupes que si ganas ya te explicaré cómo va la cosa.”. Ese año, la licitación recayó en otra librería de la ciudad, a pesar de que la suya, afirma el perjudicado, “era mucho más barata”; su oferta rebajaba a la ganadora en 2.015,77 euros.

El director de este centro, investigado por cohecho, a preguntas del juez instructor admite que eran las librerías las que comunicaban a los centros que contaban con “un vale del 8% para gastarlo en material escolar […]”. No era dinero, si no material escolar, explica, y los libreros iban descontándolo del total: “ir retirándolo en lo que os haga falta”. Esto, según el investigado, no se incluía en el presupuesto que presentaba la librería: “se decía de palabra”.

Este procedimiento lo describe el exconsejero de Educación durante la época del Partido Popular, Antonio Miranda, durante su declaración el 29 de julio de 2024. Miranda admite ante el juez que tenía referencias de “un entendido entre el colegio y la papelería” para gastar en material escolar: “Si ese colegio ha vendido 30.000 € a esa librería, ese centro público creo que era un 7-8-9 % lo que tenían para material a lo largo del año”. El ex consejero del Partido Popular responde al magistrado que los directores no se llevaban nada, sino que el beneficiario era el propio centro escolar y ponía un ejemplo: “El colegio necesita papel de reprografía. Si la librería le hacía un beneficio de 2.000 € para todo el año, pues van retirando a lo mejor 300€ o 400€ … para material de oficina”. Miranda sostiene que las partes llegaban a dicho acuerdo después de ofrecer el presupuesto.

CAMBIO EN EL PROCESO DE REPOSICIÓN TRAS LA DENUNCIA

A raíz de la denuncia, a partir de 2022, se cambia el procedimiento administrativo del programa de reposición de libros. Se pasa de una convocatoria de subvenciones a un proceso de licitación donde la Ciudad Autónoma adjudica, tras un proceso de concurrencia competitiva, la compra de libros. Esta vez sin a mediación de los directores de los centros.

En este mismo año, Elena Fernández Treviño –recién nombrada Directora Provincial de Educación– se encontraba al frente de la Consejería de Educación (cargo que ocuparía desde diciembre de 2019 hasta julio de 2023). El pasado 6 de mayo la exconsejera defendió ante el juez que el programa en cuestión es “un programa que se ha hecho durante más de 20 años” y cree “que pocos centros habrían superado los 15.000 € de presupuesto”. Sin embargo, según el sumario, el total de las 51 licitaciones de compra de libros, entre 2017 y 2021 superó los 15.000 euros marcados como límite, siendo la de mayor cuantía una adjudicación en 2019 por valor de 69.413 euros.

Factura pagada a una librería por los libros adquiridos en el programa de reposición.

En el año 2021 llega la denuncia, de la que se hace eco el partido político Podemos y que se personaría también como acusación popular en el caso. Treviño admite en su declaración que, a pesar de no haber tenido nunca queja de la Intervención sobre este asunto, la denuncia llegó a oídos del Ministerio de Educación, que les contactó vía telefónica para “preguntar sobre el programa de reposición”. Según la exconsejera les recomendaron cambiar el procedimiento “sobre todo para que los directores de los centros educativos no tengan ningún problema con el Interventor General del Estado”. El juez se pregunta por qué cambiar el sistema al no haber una “comunicación oficial” por parte del Ministerio.

En su respuesta Treviño reconoce que los centros educativos se inquietaron al ver el revuelo mediático de la noticia “por lo que nosotros decidimos cambiar el procedimiento. […] ahora se hace por contratación mayor”.

El caso continúa en fase de instrucción.