La UE exige a España aprobar el impuesto al diésel para recibir el quinto pago de los fondos europeos de recuperación
- Los Veintisiete aprueban los cambios del plan de recuperación para acceder a 25.000 millones de euros
- Cuerpo asegura que el Gobierno trabaja "en paralelo" con la UE y los partidos políticos en España
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han aprobado este martes los cambios propuestos en el plan de recuperación de España para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos, que asciende a 25.000 millones de euros, si bien este está supeditado a la adopción del impuesto al diésel.
De esta forma, las modificaciones planteadas el pasado diciembre por el Gobierno español han sido adoptadas formalmente por los Veintisiete miembros de la Unión Europea (UE) en una reunión en la que también han dado luz verde a la senda fiscal remitida por las autoridades españolas para los próximos siete años.
La quinta petición de pago fue 'ampliada' por el Gobierno y depende ahora de 84 hitos y objetivos, de los cuales 55 de ellos han sido adelantados porque estaban previstos en futuros desembolsos. Así, el pago ascenderá a 8.000 millones de euros netos en subvenciones y 15.900 millones en créditos una vez su cumplimiento sea verificado por la Comisión Europea y confirmado por los Estados miembros.
El impuesto al diésel, nuevo requisito
La novedad de las modificaciones es que la lista de requisitos de los que depende la parte de ayudas directas incluye ahora un aspecto que no se nombraba en las versiones anteriores del plan español: la aprobación de un impuesto al diésel.
En concreto, este hito exige a España la adopción de reformas en "ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo".
Además, detalla que todas estas medidas deberá conducir a un aumento "permanente" de los ingresos de "al menos" 0,3% del producto interior bruto (PIB), que equivale a unos 4.500 millones de euros.
Cuerpo: "Avanzamos para tenerlo aprobado lo antes posible"
Sin embargo, la subida del diésel es una medida que enfrenta al Gobierno con Podemos, formación que ha avisado de que solo lo apoyará si se impulsa también un gravamen permanente sobre las compañías energéticas que, a su vez, tiene el rechazo de Junts y PNV.
En cualquier caso, la Comisión procederá ahora a evaluar el cumplimiento de las medidas vinculadas al quinto desembolso, pero, si detecta deficiencias en alguno de los objetivos asociados, España solo recibirá un pago parcial, algo que ya ocurrió con el cuarto tramo del plan.
Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado que el Gobierno está en proceso de discusión con la Comisión Europea en relación con la valoración del cumplimiento. "Nosotros avanzamos para tenerlo aprobado lo antes posible", ha expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión de Ecofin.
Así, ha apuntado que el Gobierno trabaja "en paralelo" con las formaciones políticas en España para sacar adelante la iniciativa a nivel "doméstico". "Vamos en paralelo y todavía estamos a tiempo por ambas vías", subrayó Cuerpo.
Adoptado el plan fiscal español
Por otro lado, el Ecofin ha dado luz verde a los 21 planes fiscales a medio plazo que fueron ya validados por la Comisión Europea para que los países controlen su déficit y deuda pública, entre ellos la senda de ajuste de España.
Los ministros europeos de Finanzas remarcan que la "plena aplicación" del plan de ajuste español "permitiría garantizar unas finanzas públicas saneadas y apoyar la sostenibilidad de la deuda pública, así como un crecimiento sostenible e integrador". Con el visto bueno al plan, también validan la lista de reformas e inversiones que España tendrá que acometer a cambio de que la senda de ajuste sea de siete años y no de cuatro.
El plan español, que ya había sido aprobado por la Comisión Europea en noviembre, prevé en concreto un aumento promedio del gasto público del 3% anual para el periodo 2025-2031, dos décimas superior al que sugirió Bruselas.
La senda implica un ajuste anual estructural medio del déficit público de 0,4 puntos del PIB, lo que permitiría reducir el déficit público al 3,0% del PIB este año, al 1,6% en 2028 y al 0,8% en 2031, según el plan.