El Gobierno afronta su primer examen del año en el Congreso: la subida de las pensiones y ayudas al transporte en el aire

• Se trata de tres decretos: el impuesto a energéticas, el de la jubilación parcial y el denominado 'ómnibus'
• Para convalidar el 'ómnibus' el Ejecutivo necesita el apoyo de Junts o del PP

El Gobierno afronta su primer examen del año en el Congreso con la votación de tres reales decretos

El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota este miércoles tres reales decretos del Gobierno: el impuesto a energéticas, el de la jubilación parcial y el denominado 'ómnibus'. De los tres reales decretos leyes, el denominado decreto 'ómnibus'-que recoge desde la subida de pensiones a las ayudas al transporte- es el que genera más incertidumbre, ya que parece asegurado tanto el rechazo del gravamen energético como la convalidación de la compatibilidad entre trabajo y pensión.

Para convalidarlo es necesario el apoyo o bien de Junts -una formación con la que el Gobierno asegura mantener contactos pese a que su líder, Carles Puigdemont, amenazó la pasada semana con suspender todas las negociaciones- o bien del PP, que por el momento no ha desvelado el sentido de su voto.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que sigue negociando con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante los decretos. "Como suele pasar con las convalidaciones de estos reales decretos leyes, por supuesto que hay conversaciones", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La norma en cuestión recoge un amplio paquete de medidas económicas y tributarias aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024 —están en vigor desde el pasado 23 de diciembre y el Congreso tiene que decidir si las convalida o los deroga—. Entre ellas, se incluye la revalorización de las pensiones, la prórroga de las ayudas al transporte público o la prohibición de cortes de suministros básicos a personas vulnerables.

A este respecto, fuentes gubernamentales precisan que desde Moncloa buscan el apoyo tanto del PP como de Junts. Según las mismas fuentes están "avanzando en las negociaciones" con los de Puigdemont para poder salvar la votación.

En la misma línea indican que se trata de un decreto que se lleva negociando mucho tiempo porque contiene medidas complejas y resaltan que no hay ninguna medida incluida que pueda llevar al PP a oponerse. Además, según apuntan, les cuesta creer que los 'populares' puedan tumbar este decreto por la importancia de las medidas que contiene.

El PP, por su parte, no ha querido avanzar cuál será el sentido del voto de su grupo. Lo que sí han señalado es que "es el pleno de las vergüenzas al aire del PSOE", por las cesiones a sus socios y por el suplicatorio para investigar por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, sí ha expresado que su partido va a votar en contra del decreto, ya que ve la norma como una "estafa". Millán ha asegurado que el texto relativo a la reforma del sistema de pensiones "trae una letra pequeña siempre para beneficiar a sus socios y no para solucionar verdaderamente el problema que plantea".

El impuesto a las energéticas, en el aire

El gravamen para el sector energético —lo pactó Hacienda con ERC y Bildu y fue aprobado por decreto ley— está en juego, ya que varios de los socios habituales del Gobierno amenazan con votar en contra. Tras la negativa del PNV para apoyar esta medida, Podemos ha anunciado que romperá las negociaciones sobre los Presupuestos Generales de 2025 si deroga el decreto para ampliar el impuesto a las energéticas.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha admitido que tiene "muchas dudas" sobre la aprobación de los Presupuestos para 2025 ante la difícil situación parlamentaria que afronta el Gobierno.

En el caso de convencer a Junts y Podemos, el Ejecutivo contaría con 174 apoyos frente a los 176 votos en contra que sumarían PP, Vox, UPN y PNV. No obstante, la negativa de los nacionalistas vascos aboca al Ejecutivo a una nueva derrota parlamentaria.

El portavoz de la formación morada en la Cámara Baja, Javier Sánchez Serna, considera que el Gobierno no quiere cumplir con su formación y "quería cumplir con el PNV y Repsol". Además, cree que Moncloa "no ha hecho lo suficiente" para sacar adelante los votos, dada la negativa del PNV y Junts contra esa medida.

Podemos considera que el PSOE ha incumplido los compromisos adquiridos y, por eso, "se genera una situación de desconfianza". Sánchez Serna ha recordado que Podemos votó a favor de la reforma fiscal a cambio de que el Gobierno aprobara un impuesto a las empresas energéticas para 2025 para recaudar unos 1.100 millones de euros —finalmente no se aprobó y, en su lugar, se renovó el gravamen por decreto ley—.

Los del PNV se niegan a salvar el gravamen a cambio de tramitarlo después como proyecto de ley, trámite que EH Bildu quería utilizar para convertir esta tasa en impuesto permanente. El portavoz del grupo en el Congreso, Oskar Matute, ha dicho, como en reiteradas ocasiones, que "si no se prorroga el decreto, las haciendas vascas y navarra pierden 100 millones de euros para que los ahorre Repsol".

En la misma línea, el portavoz de Bildu ha criticado al Gobierno por las negociaciones que ha mantenido con los grupos parlamentarios conservadores para aprobar el gravamen energético, y en concreto por no haber ofrecido contrapartidas a PNV y Junts, que no han asistido a ninguna de las reuniones.

La portavoz de los Comuns y diputada por Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha apostillado que el Gobierno "tiene que negociar con todos, no solo con Junts. Y a los grupos hay que recordarles que hay que favorecer esta mayoría".

Convalidación de la jubilación demorada, parcial y activa

Por el contrario, parece garantizada la convalidación del real decreto ley que recoge los cambios en materia de pensiones pactados el pasado verano por el Gobierno con patronal y sindicatos y que afectan, entre otros aspectos, a la jubilación demorada, la parcial y la activa.

Esta norma cuenta con el apoyo del PP, lo que garantiza su aprobación, pese a que grupos de izquierdas como Podemos, BNG y EH Bildu han avanzado su rechazo al considerar que supone "alargar la edad de jubilación de forma encubierta".

El texto mejora los incentivos para demorar la edad de jubilación, así como hacerlos compatibles con la jubilación activa y establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades con elevados índices de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, entre otros cambios.