Un juez federal bloquea temporalmente la orden de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

• El magistrado ha calificado la medida de "manifiestamente inconstitucional"
• La Enmienda 14 de la Constitución establece que toda persona nacida en EE.UU. obtiene automáticamente la nacionalidad

Donald Trump firma órdenes ejecutivas en su primer día como presidente (archivo) REUTERS/Carlos Barria

Un juez federal ha bloqueado este jueves de manera temporal la orden ejecutiva de Donald Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense y la ha calificado de "manifiestamente inconstitucional". En su tercer día en la Casa Blanca, este es el primer revés en los planes del nuevo mandatario para reformar el sistema migratorio.

El juez federal John Coughenour ha emitido una orden de restricción temporal que impide a la Administración aplicar la orden, que se encuentra entre la multitud de medidas firmadas por Trump el lunes. En ella, el mandatario ordenó a las agencias estadounidenses que se negaran a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en EE.UU. si ni su madre ni su padre son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.

"Me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que esta orden es constitucional", ha afirmado el juez a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump. "Simplemente me deja perplejo".

La Constitución establece que los nacidos en EE.UU. tendrán la nacionalidad

El magistrado, nombrado para el cargo en 1981 por Ronald Reagan (1981-1989) ha afirmado que no recuerda "otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este" y ha subrayado que se trata de una orden manifiestamente inconstitucional".

La Enmienda 14 de la Constitución establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

De salir adelante, la medida impulsada por Trump impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños de padres migrantes y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

La decisión de Coughenour está relacionada con una demanda interpuesta por cuatro estados demócratas — Washington, Arizona, Illinois y Oregón — y estará en vigor durante 14 días, tiempo durante el cual podría haber recursos en su contra. También hay otras demandas pendientes en todo el país presentadas por grupos de defensa de los derechos civiles y fiscales generales demócratas de 22 estados, que califican la orden de violación flagrante de la Carta Magna.