El juez del 'caso Hidrocarburos' imputa a la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a Ferraz

• Santiago Pedraz ha citado a declarar a Carmen Pano, a su hija, y a otra quincena de personas por el caso
• También acuerda, como de costumbre en muchas macrocausas, la agrupación de las acusaciones populares bajo una sola

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado entre el 5 de marzo y el 3 de abril a los primeros investigados del caso Hidrocarburos. Entre los imputados no se encuentra, sin embargo, el empresario Víctor de Aldama, situado por los investigadores en la "cúspide" del fraude millonario a Hacienda, pero sí Carmen Pano, la empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Poco después de levantar el secreto de la causa, el magistrado ha programado una batería de declaraciones, entre ellas la de Pano, que fue detenida por esta causa el pasado mes de diciembre, y a su hija, expareja de Aldama.

Según una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso RTVE, en total son 17 las comparecencias acordadas por el juez, entre las que también figura uno de los socios de Aldama, Luis Alberto Escolano, investigado también en el caso Koldo sobre presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas en pandemia.

Aldama, en la cúspide del caso Hidrocarburos, según la Guardia Civil

El juez Pedraz investiga en el caso Hidrocarburos una presunta organización criminal, en cuya cúspide la Guardia Civil sitúa a De Aldama y al empresario Claudio Rivas, que habría defraudado 182,5 millones en IVA al erario público entre 2022 y 2024, aunque uno de los últimos informes policiales eleva el presunto fraude a 231 millones desde 2021.

Ambos empresarios declararon brevemente cuando fueron detenidos el pasado mes de octubre y enviados a prisión provisional por esta causa. Ambos se encuentran ya en libertad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia cita también a un representante de la empresa Villafuel SL, operadora sobre la que pivota la trama, así como a su administrador en el momento de los hechos, Pedro Antonio Marín, y a un directivo.

La providencia también acuerda, como ya es costumbre en muchas macrocausas, la agrupación de las acusaciones populares bajo una sola representación, una medida que en los últimos meses ha sido objeto de discrepancia y protesta en otros procedimientos como el caso Koldo.

En esta causa están personados partidos como PP, PSOE y Vox, así como la asociación Liberum, el autodenominado sindicato Manos Limpias o la organización ultracatólica Hazteoír, a quienes el magistrado da un plazo de 10 días para que aleguen lo que estimen conveniente y se pongan de acuerdo en agruparse en una sola. Pese al levantamiento del secreto, el juez acordó mantener la reserva de la pieza separada que abrió con el contenido del móvil intervenido a Aldama cuando fue detenido.

El socio de Aldama negó cualquier implicación

Cuando Pedraz decretó en octubre su ingreso en prisión junto a su socio Claudio Rivas, el presunto conseguidor de la trama de las mascarillas prestó una breve declaración en la que negó cualquier vínculo con los hechos.

Su posterior confesión voluntaria el 21 de noviembre en el caso Koldo propició su excarcelación en la causa de hidrocarburos auspiciada por el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, que también investiga el caso Koldo.

A las detenciones a primeros de octubre de Aldama, Rivas y la hermana de este María Luisa Rivas, siguieron en diciembre las de Carmen Pano y su hija Leonor.

También la del presunto testaferro de De Aldama, Luis Alberto Escolano, a quien supuestamente le habría además confiado la custodia de "documentación de carácter sensible" como "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez