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Trump hace efectivo el regreso de Estados Unidos a las políticas antiabortistas más restrictivas

  • Corta las ayudas a las interrupciones del embarazo electivas y retira los fondos a ONG extranjeras
  • EE.UU. se reincorpora a la Declaración de Consenso de Ginebra contra el aborto

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Trump contra el aborto: activistas antiabortistas se manifiestnan en Washington
Grupos antiabortistas celebran su marcha anual en Washington GETTY IMAGES via AFP / KENT NISHIMURA

Dos nuevas órdenes ejecutivas del presidente Trump han revocado este viernes sendas normas de la administración Biden sobre el aborto. La administración republicana restaura políticas previas con la intención de restringir y limitar más el derecho a la interrupción del embarazo, que en Estados Unidos ya es casi inexistente en casi la mitad de estados.

Además, el gobierno de Trump renueva la participación del país en dos pactos internacionales antiaborto, incluido uno que corta los fondos de planificación familiar de Estados Unidos para organizaciones extranjeras si proporcionan o promueven abortos.

Estas medidas llegan después de que el jueves, Trump indultase a 23 antiabortistas que habían sido condenados por bloquear el acceso de mujeres a clínicas donde se practicaban abortos o por lograr su cierre temporal mediante protestas.

En primer lugar, Donald Trump ha ordenado este viernes cortar los fondos federales dirigidos a financiar o promover los abortos electivos. Su orden ejecutiva subraya que desde hace casi 50 años el Congreso ha promulgado anualmente leyes que impiden una financiación federal a la interrupción voluntaria del embarazo y que la administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) no las ha respetado.

Biden había permitido el uso de fondos federales a este objeto en 2022. Ante la "crisis sanitaria" desatada el Gobierno federal estaba tomando medidas para proteger la prestación de servicios sanitarios y promover el acceso a servicios críticos de salud reproductiva, incluido el aborto. El expresidente firmó ese decreto un mes después de que el Supremo estadounidense, de mayoría republicana, revocara la protección federal al aborto que había desde 1973 y dejara en manos de los estados la política al respecto. Por eso, Trump afirma que con su orden se pone fin "al uso forzoso del dinero de los contribuyentes federales para financiar o promover el aborto electivo".

Sin embargo, cabe recordar que actualmente el aborto es ilegal o está severamente restringido, sin excepciones para casos de violación o incesto, en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, según el Center for Reproductive Rights (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto.

Su segundo decreto, de agosto de 2022, iba en la misma línea. La Casa Blanca ha apuntado en la nueva orden ejecutiva que el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto promulgará directrices a los jefes de departamentos y agencias ejecutivas relacionadas con la implementación de lo acordado ahora.

"Si bien esta orden no tiene un impacto inmediato, es una indicación de que la administración Trump está redoblando la apuesta por negar el acceso al aborto a las personas con bajos ingresos", dijo el proveedor de atención médica para mujeres Planned Parenthood en un comunicado recogido por la agencia Reuters.

Restauración de políticas antiaborto

Trump ha firmado también otra orden ejecutiva que restablece la política antiabortista llamada "Mexico City Policy", que prohíbe que se destinen fondos federales a organizaciones no gubernamentales extranjeras que practiquen o realicen abortos.

Esta política, instaurada por el expresidente Reagan en 1984, ha sido rescindida por cada presidente demócrata desde entonces y restablecida cuando un republicano regresa a la Casa Blanca. Joe Biden (2021-2025) la eliminó y ahora Trump la recupera. Los opositores la llaman la "orden de la mordaza global" porque dicen que silencia a los defensores del aborto.

"No supimos trasladar que Trump es responsable de las leyes antiabortivas"

El presidente de Estados Unidos requiere el retorno de esta medida "para garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses no financien organizaciones o programas que apoyen o participen en la gestión de un programa de abortos coercitivos o esterilización involuntaria". Los demócratas y los defensores del derecho al aborto sostienen que la norma altera otras formas de acceso a la atención médica e impide que las organizaciones no gubernamentales en el extranjero reciban fondos estadounidenses, incluso si usan su propio dinero en la atención del aborto.

Janeen Madan Keller, investigadora de políticas del Centro para el Desarrollo Global, en declaraciones a la agencia Reuters, ha dicho que las investigaciones mostraron que la "orden de mordaza" ha llevado a un aumento de embarazos no deseados y abortos, en contra de su impacto previsto. "En términos generales, estas decisiones realmente harán retroceder a Estados Unidos en el avance de la igualdad de género", asegura Madan Keller, en parte al limitar la capacidad de las mujeres y las niñas para completar la escuela e ingresar a la fuerza laboral.

Declaración de Consenso de Ginebra

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado que Estados Unidos se reincorpora a la Declaración de Consenso de Ginebra. Es un acuerdo internacional antiaborto de carácter simbólico que, según los críticos, tiene como objetivo limitar el acceso al aborto a millones de mujeres y niñas en todo el mundo.

"Hoy, Estados Unidos informó a los signatarios de la Declaración de Consenso de Ginebra de nuestra intención de reincorporarnos de inmediato", dijo Rubio en un comunicado a última hora del viernes.

La Declaración de Consenso de Ginebra, de la que ahora forman parte 36 países, fue copatrocinada por Estados Unidos, Brasil, Uganda, Egipto, Hungría e Indonesia en 2020, cuando Trump estaba en el cargo durante su primer mandato.

Trump contra el aborto: manifestación de activistas antiaborto en Washington

Activistas antiaborto celebran su marcha anual en Washington GETTY IMAGES via AFP / KENT NISHIMURA

Marcha anual en Washington

Este viernes se ha celebrado en Washington la llamada "Marcha por la vida", que se celebra desde hace décadas. En ella, a través de un mensaje grabado reproducido en una gran pantalla, el presidente Donald Trump ha prometido apoyar a los activistas contra el aborto durante los próximos cuatro años.

"En mi segundo mandato, volveremos a defender con orgullo a las familias y los derechos de los no nacidos, protegiéndolos de los ataques de la izquierda radical contra las iglesias", dijo.

Esta manifestación de organizaciones y ciudadanos contra el aborto comenzó a celebrarse en 1973, tras el fallo del Tribunal Supremo Roe v. Wade, que protegió el derecho al aborto, y cada año reúne a miles de activistas en Estados Unidos que llenan la Explanada Nacional con todo tipo de imágenes y consignas contra la interrupción del embarazo.

Se rebaja la protección a las clínicas

Según un memorando emitido por Chad Mizelle, jefe de gabinete del fiscal general, los futuros procesos judiciales y causas civiles relacionados con el aborto que se lleven a cabo en virtud de una ley llamada Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés) sólo se permitirán en casos graves y "circunstancias extraordinarias".

La ley de 1994 prohíbe el uso de la fuerza y la obstrucción física para impedir que una persona obtenga o preste servicios de salud reproductiva. En el documento al que ha tenido acceso la agencia Reuters, Mizelle también ordenó la desestimación inmediata de tres causas civiles presentadas contra acusados de obstruir el acceso a clínicas en Florida, Pensilvania y Ohio.

En adelante, dijo Mizelle, los casos futuros relacionados con el aborto en virtud de la Ley FACE se presentarán solo en "circunstancias extraordinarias o en casos que presenten factores agravantes significativos, como muerte, lesiones corporales graves o daños materiales graves". Mizelle dijo que hasta nuevo aviso, no se permitirá ningún caso nuevo relacionado con el aborto en virtud de la ley sin una autorización de alto nivel dentro de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.