La Fiscalía surcoreana acusa al presidente destituido Yoon Suk-yeol de insurrección por la declaración de la ley marcial

• De ser condenado, el delito se castiga en Corea del Sur con cadena perpetua o pena de muerte
• Paralelamente al proceso penal, el máximo tribunal determinará si destituye a Yoon o le restituye sus poderes presidenciales

El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, asiste a la cuarta vista de su juicio EON HEON-KYUN / REUTERS

La Fiscalía de Corea del Sur ha imputado por insurrección al presidente suspendido del país, Yoon Suk-yeol, en el marco de la investigación por la fallida declaración de ley marcial promulgada el pasado 3 de diciembre por el mandatario, ahora despojado de sus funciones, en una decisión que desató una histórica tormenta política en el país.

Yoon revocó la ley marcial unas seis horas después de que los legisladores del principal partido de la oposición, enfrentados a los soldados en el parlamento, votaran en contra del decreto. Durante el dramático enfrentamiento se vio a soldados equipados con fusiles, chalecos antibalas y equipos de visión nocturna entrar en el edificio del parlamento a través de las ventanas rotas.

"La Fiscalía ha decidido procesar a Yoon Suk-yeol, acusado de ser el cabecilla de una insurrección", ha reaccionado en rueda de prensa Han Min-soo, portavoz del Partido Democrático de la oposición. "Ahora comienza finalmente el castigo", ha añadido.

Los investigadores anticorrupción recomendaron la semana pasada acusar al encarcelado Yoon, que fue destituido por el Parlamento y suspendido de sus funciones por el incidente. Los abogados de Yoon habían instado a los fiscales a liberarle inmediatamente de lo que califican como una detención ilegal. Bajo investigación penal, lleva detenido desde que el 15 de enero se convirtiera en el primer presidente en ejercicio en ser arrestado.

Yoon no goza de inmunidad

La insurrección es uno de los pocos cargos penales de los que un presidente surcoreano no goza de inmunidad. Se castiga con cadena perpetua o pena de muerte, aunque Corea del Sur no ha ejecutado a nadie en décadas.

Yoon y sus abogados argumentaron en una vista del Tribunal Constitucional celebrada la semana pasada en su juicio de destitución que nunca tuvo intención de imponer totalmente la ley marcial, sino que las medidas solo pretendían ser una advertencia para desbloquear la situación política.

Paralelamente a su proceso penal, el máximo tribunal determinará si destituye a Yoon o le restituye sus poderes presidenciales, para lo que dispone de 180 días.

El Parlamento surcoreano, liderado por la oposición, destituyó a Yoon el 14 de diciembre, convirtiéndolo en el segundo presidente conservador en ser destituido en el país.