Qué medidas económicas se aprueban y qué se queda fuera del nuevo decreto tras el pacto del Gobierno y Junts
- Se recupera la revalorización de las pensiones, las bonificaciones para el transporte público o las ayudas relativas a la dana
- Incluye una medida adicional, que es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos
El acuerdo entre el Gobierno y Junts firmado este martes recoge parte de las medidas incluidas en el decreto 'omnibus', que fue rechazado la pasada semana en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP, Vox y la formación catalana. En total, se incorporan 29 de las 80 iniciativas que contenía la anterior norma, entre otras, se recupera la revalorización de las pensiones, las bonificaciones para el transporte público o las ayudas relativas a la dana.
A su vez, se suman otras medidas en materia de vivienda, como la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos.
Quedan fuera de este decreto todas las medidas tributarias, que se negociarán más adelante, según Junts; las medidas relativas a las ayudas a empresas electrointensivas o las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente. Estas son las principales claves:
¿Qué medidas incluye el nuevo decreto?
Revalorización de las pensiones: el Gobierno aprobó el pasado diciembre un incremento de las pensiones contributivas del 2,8% para 2025, conforme al IPC; mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizan un 9%.
Bonificaciones a los abonos y títulos de transporte: se reactiva el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y en los servicios de cercanías/media distancia de Renfe y las rebajas del 30% (de hasta el 50% en copago con las comunidades autónomas) de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano. Según ha anunciado el Ejecutivo, se reactivarán esta semana.
Ayudas por la dana: amplía los préstamos e incrementa las ayudas a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas por las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre. Además, permite al Gobierno de la Comunidad Valenciana “formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo” de forma excepcional con el fin de ejecutar los planes de reconstrucción necesarios.
Ayudas a los afectados por del volcán de la Isla de La Palma. Entre otras, se incluyen los ERTE, la prestación por cese de actividad a los autónomos o la extensión de la moratoria hipotecaria en los municipios afectados.
Prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, así como la prórroga de la situación de excepcionalidad del bono social de la luz destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que se reforzó para dar respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.
Moratoria de desahucios, que estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2025.
Creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos afectados por la ocupación ilegal de su vivienda.
El escudo antiopas para proteger de inversores extranjeros intracomunitarios a las empresas de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, salud y orden público.
La cesión al PNV del palacete de París que ocupó el Gobierno vasco en el exilio, según ha confirmado el propio partido vasco.
¿Qué se queda fuera?
A falta de la confirmación del Ejecutivo, desde Junts avanzan que se quedan fuera del decreto las siguientes iniciativas:
Medidas tributarias. Entre otras, incluye la bonificación en el IRPF para los contribuyentes que hagan reformas de eficiencia energética en sus viviendas.
Ayudas a industrias electrointensivas, que tenía previsto prorrogarse hasta final de año, y la prórroga del Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga. En ambos casos, Sánchez ha señalado que formarán parte de un paquete económico que se aprobará más adelante.
Impuesto a la banca. No se incluye la corrección prevista para limitar el impacto contable del nuevo gravamen sobre las entidades financieras.
Subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente.
Entregas a cuenta para las comunidades autónomas.
Tampoco se incluye la modificación de la ley de la sociedad de la información o servicio postal.