Cronología del caso contra el fiscal general: del bulo de M.A.R a la filtración que terminó con la imputación de García Ortiz

• Álvaro García Ortiz declara como imputado por presunta revelación de secretos en la causa contra el novio de Ayuso
• El magistrado Ángel Hurtado ha desestimado su petición de aplazarla hasta la declaración como testigo de González Amador

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado en el Supremo por revelación de secretos. EuropaPress

La información es poder y cómo se usa ha terminado con la imputación en el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde el juez que lleva el caso, Ángel Luis Hurtado, le investiga, junto a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, por un presunto delito de revelación de secretos en la causa por fraude a Hacienda del empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Una investigación que se gestó a partir de un bulo lanzado por el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, tras conocerse que la Fiscalía había denunciado al novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal a Hacienda de 350.951 euros en 2020 y 2021 a través de facturas falsas.

Según consta en el sumario de la causa, la sucesión cronológica arranca a las 21:29 horas del 13 de marzo, cuando 'El Mundo' publicó que la Fiscalía ofrecía un pacto al novio de Díaz Ayuso. A las 22:10, 'La Sexta' publicó una información en sentido contrario, aclarando que fue la defensa la que manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo, reconociendo a cambio dos delitos fiscales. Desde ese momento se sucedieron las informaciones periodísticas.

La noticia saltó el 12 de marzo de 2024 y un día después, el día 13, varios medios de comunicación publicaron una información, facilitada por Miguel Ángel Rodríguez, en la que se apuntaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador, un hecho que se apresuró a desmentir el propio Ministerio Fiscal con una nota informativa el día 14 de marzo.

El mismo jefe de gabinete de la presidenta madrileña admitió en su declaración como testigo del pasado 8 de enero, que difundió un correo del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña, Julián Salto, otra de las patas en este caso.

De acuerdo a la información que se recoge en el sumario, el 7 de marzo la Fiscalía de Madrid puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado tanto la investigación contra González Amador como la judicialización de la misma.

Precisamente, a raíz de la publicación de 'El Mundo', esa misma noche del 13 de marzo se puso en marcha la maquinaria de la Fiscalía General para conseguir la cadena completa de 'emails' y aclarar así de quién había partido la iniciativa de pactar.

"El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024", quedaba reflejado en el escrito publicado desde el Ministerio Público.

La nota hacía referencia directa al cruce de correos que se produjo el 2 de febrero entre el abogado del empresario y el fiscal Julián Salto, relativos a la causa abierta por supuestos delitos fiscales.

Tras dicha aclaración, González Amador presentó una querella contra la Fiscalía, también lo hizo el Colegio de Abogados de Madrid y, posteriormente, la asociación ultra Manos Limpias, por un presunto delito de revelación de secretos.

La denuncia fue aceptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien tras investigar el caso, decidió elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que, si lo estimase, se investigase al fiscal general del Estado.

García Ortiz, previamente, había asumido en un escrito al TSJM las responsabilidades plenas de la emisión de esa nota informativa que salió de la Fiscalía de Madrid, donde aseguraba que ese comunicado no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones "expresas y directas”.

Finalmente, el 16 de octubre, el Supremo decide imputar a García Ortiz y a la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos en la causa por fraude fiscal abierta contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La clave de la imputación del fiscal general del Estado ha sido ese intercambio de información contenida en dichos correos entre la fiscal jefa de Madrid y Ortiz en las horas previas a la publicación de la nota y de saber cómo varios medios de comunicación tuvieron acceso al contenido de esos 'mails'.

El auto, que emitió la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, recoge que las publicaciones de los medios contienen información a la que solo pudieron acceder las partes implicadas, es decir, la Fiscalía y la defensa de la pareja de Ayuso, así como la fiscal jefa de Madrid y el propio fiscal general del Estado, tras la solicitud de este de los mismos para la elaboración de la nota de la discordia.

“Como tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa”, se exponía en el razonamiento del auto del Supremo.

Un argumento que señala directamente a ambos fiscales pero en el que no se apuntaba a la posibilidad de que los datos fuesen revelados desde la otra parte implicada en el caso, a pesar de que Miguel Ángel Rodríguez, en su declaración de hace apenas dos semanas, admitiese que filtró a varios medios las conversaciones entre la defensa de Amador y el fiscal que llevaba el caso, Julián Salto.

El papel de Ayuso desde que estalló el caso contra su pareja

Desde que se conoció que la Fiscalía estaba investigando a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, hasta la imputación del fiscal general del Estado por la filtración a los medios de datos de esta causa, la presidenta madrileña ha mantenido dos argumentos de cara a la opinión pública.

Tras las primeras informaciones sobre el presunto fraude, Ayuso aseguró que su pareja estaba "sufriendo una inspección fiscal salvaje" y llegó a afirmar que era Hacienda la que le debía dinero a él. "Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe a él casi 600.000 euros". Una afirmación cuestionada por el correo filtrado en el que se reconocen dos delitos fiscales por parte de su pareja. De hecho, González Amador ha sido imputado por la jueza de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias Sánchez.

Al empresario y pareja de la presidenta madrileña se le atribuyen dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

La denuncia de González Amador contra la Fiscalía ha paralizado de manera indirecta -se ha pospuesto hasta cuatro veces- su declaración en la investigación judicial contra él por haber defraudado presuntamente más de 350.000 euros a la Hacienda Pública.

Además, la Fiscalía se sumó el pasado 15 de enero a la petición realizada por Más Madrid y el PSOE de que se abra una causa separada contra González Amador por el presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de la empresa sanitaria 'Quirón Prevención' a través de la compra de una empresa en la que podría haber una "comisión encubierta".

El otro argumento esgrimido por Ayuso cada vez que sale a relucir la investigación contra su pareja o el caso contra el fiscal general del Estado, derivado precisamente de la filtración de datos de la primera, es que "todo es una operación del Estado" contra ella, una máxima que también se ha asumido como respuesta desde Génova.

El último en usar este tipo de declaraciones, sin aportar pruebas, ha sido el portavoz en el Congreso de los ‘populares’, Miguel Tellado, quien ha asegurado que "cada vez es más turbio" lo que "rodea" a lo que ha calificado como "la operación del Gobierno para derribar" a Ayuso.

Estas declaraciones las hizo tras conocerse que habían robado en casa de los abogados de González Amador, a pesar de que la Guardia Civil lo desvinculó desde un principio del caso y finalmente llevó a la detención en Algeciras de los ladrones. Se trataba de delincuentes comunes que actuaban en la zona.

Por parte del Gobierno siempre se ha defendido la idea de que el caso contra el fiscal general del Estado es "una cortina de humo" para desviar la atención sobre la causa abierta contra González Amador. Además, también se ha mostrado "plena confianza" en la labor de Ortiz tras su imputación por parte del Supremo por el presunto delito de revelación de secretos.

Juan Lobato, la primera víctima política del caso

El caso, que no ha parado de sacar aristas, dio otro cambio de guion a finales de noviembre, cuando el magistrado Ángel Hurtado decidió llamar a declarar como testigo al por entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, tras las informaciones publicadas en el diario ABC en las que se apuntaba a Moncloa como filtradora directa de los correos entre la Fiscalía y la defensa del novio de Ayuso.

El que era secretario general del PSOE en Madrid registró ante notario la conversación que tuvo con la jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, en la que mandaba supuestamente información confidencial del caso de González Amador para que la usara en la Asamblea de Madrid, algo a lo que Lobato se negó.

El 29 de noviembre, Juan Lobato prestaba declaración como testigo ante el Alto Tribunal, el mismo día que el PSOE celebraba su congreso nacional en Sevilla y ya dimitido como líder de los socialistas madrileños. En su testimonio ante el juez aportó de manera voluntaria su móvil para el volcado de datos, además del acta notarial de la conversación con Pilar Sánchez Acera.

Lobato se convirtió, sin querer, en la primera víctima política en el caso contra el fiscal general del Estado que, desde el inicio, ha contado con el respaldo del Gobierno, que ha salido en su defensa ante las múltiples peticiones de dimisión por parte del Partido Popular y Vox.

En las actas notariales, a las que tuvo acceso RTVE, se relata que desde Moncloa le dicen que la carta sobre el novio de Ayuso la tienen los medios, aunque a esa hora no se ha publicado. También le dicen que espere y después le mandan ya un enlace de 'El Plural' con la información.

Lobato dijo que no sabía si el documento que recibió a primera hora del 14 de marzo de Pilar Sánchez Acera, asesora del entonces jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López, con el 'email' donde Alberto González Amador reconocía delitos fiscales provenía de la Fiscalía o de los medios de comunicación.

Las contradicciones de Miguel Ángel Rodríguez

La declaración como testigo del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, uno de los actores clave de esta película, se produjo el pasado 8 de enero.

M.A.R, las siglas por las que se le conoce, admitió ante el juez Hurtado que mandó a varios medios de comunicación la información que le había remitido previamente el novio de Ayuso el día 12 de marzo a las 9.09 horas. Según él, en el pantallazo de ese mail que mandó a los medios se podía comprobar que lo remitió a las 22.27 horas de ese mismo día, donde se aseguraba que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto al novio de la presidenta madrileña y que luego esta se echó atrás.

Pocos días después de su versión como testigo en todo este caso, trascendió el pantallazo que aportó como prueba ante el magistrado del Supremo y donde se puede comprobar que el jefe de gabinete de prensa de Ayuso sí que conocía que la defensa de González Amador había ofrecido un pacto al fiscal del caso, Julián Salto, en el que se reconocía la comisión dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades 2020 y 2021 y ofrecía que su defendido se declarase culpable de dichos delitos por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.

"He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima", escribió el abogado Carlos Neira a su cliente González Amador. El novio de Ayuso le reenvía el 12 de marzo a las 9.09 horas el pantallazo del mensaje a Miguel Ángel Rodríguez, que guarda el contacto de González Amador en la agenda como "Alberto QUIRÓN González".

Unas pruebas aportadas por el propio M.A.R ante el juez que evidencian que era falsa la información que él mismo filtró a varios medios de comunicación y que fue el origen de esta imputación al fiscal general del Estado. La Fiscalía nunca ofreció un pacto a González Amador, sino que fue la defensa de este quien lo propuso a cambio de asumir la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública.

Unos hechos que provocaron la nota emitida desde la Fiscalía para desmentir el bulo y que ha terminado con la imputación ante el Supremo de Ortiz, la jefa provincial de Madrid y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.

Lastra cree que la filtración solo pudo salir de la Fiscalía

Ocho días después del testimonio de Miguel Ángel Rodríguez, llegó el turno para la declaración, también como testigos, de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y del fiscal de delitos económicos que investigó a González Amador por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.

Lastra aseguró ante el juez Hurtado que, a su juicio, la filtración a los medios de los mails entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal que llevaba su caso solo podría haber salido de la Fiscalía, tras argumentar que a esos datos no tenían acceso otras partes.

Además, le contó al magistrado del Supremo que le preguntó a García Ortiz la mañana del 14 de marzo si él había filtrado a la prensa la información relativa al caso de González Amador. "¿Álvaro, has filtrado tú?", afirmó Lastra, a lo que el fiscal general del Estado le respondió: "Eso no importa ahora".

También habló en sede judicial en calidad de testigo Julián Salto, el fiscal que llevaba la causa por delitos económicos contra el empresario Alberto González Amador. Salto negó ante Hurtado que exista un protocolo de borrado en la Fiscalía.

Cabe recordar que en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aportado al juez del Supremo se registró que se encontraron "cero mensajes" en el móvil de Álvaro García Ortiz.

En este mes de enero, el juez también ha tomado declaración a los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, Íñigo Corral, quienes negaron que tuviesen acceso a los correos filtrados.

La defensa de Ortiz cree que Hurtado se salta pruebas clave

A todo esto, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz, presentó un recurso de reforma en el que señalaban al magistrado Hurtado por haber omitido pruebas que exculparían a los tres imputados en la causa de revelación de secretos del caso contra González Amador y de sostener "algunas de las imputaciones en meras opiniones, carentes de base probatoria”.

Desde la Abogacía del Estado se sostiene que el juez del Supremo ha omitido elementos de “esencial relevancia” que ponen de manifiesto que "no concurre" en ninguno de los investigados "sospechas fundadas para considerarles posibles autores del delito" de revelación de secretos.

El Fiscal General del Estado declara como imputado

Ahora, el turno para declarar en el caso le llega a Álvaro García Ortiz, que lo hará en calidad de imputado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso. Será este 29 de enero cuando, por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado declare como imputado en una causa.

Tras él, también tendrá que declarar el próximo día 30 de enero la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Una semana después también declarará ante el magistrado el tercer imputado en este caso, el 'número dos' de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, al que llama para el 5 de febrero.

Según el auto al que ha tenido acceso RTVE, el juez Ángel Luis Hurtado considera apuntalados los indicios delictivos contra García Ortiz, en especial tras conocerse los informes elaborados por la UCO en esta investigación. En ellos, los agentes hallaron que el fiscal cambió de teléfono una semana después de ser encausado el pasado mes de octubre.

El caso por revelación de secretos en la causa contra González Amador entra en un tramo decisivo para el futuro del fiscal general del Estado y de los otros dos investigados.

Mientras, dicha causa abierta contra el novio de Ayuso por delitos fiscales sigue en 'stand-by', después de que la jueza que instruye su caso haya estimado la de petición de su defensa de suspender su declaración, prevista para el día 7 de febrero, por cuarta vez, por un viaje profesional ese mismo día a Estado Unidos.

No se ha señalado nueva fecha por el momento, cuando se va a cumplir un año desde que fue imputado por un presunto fraude contra Hacienda de más de 350.000 euros en venta de mascarillas durante la pandemia.