Hacienda propone a las autonomías convocar el Consejo de Política Fiscal el 26 de febrero

• Está pendiente acordar una nueva senda de estabilidad y abordar la condonación de la deuda a las comunidades
• Andalucía reclama debatir la financiación y acusa al Gobierno de querer "pagar otro privilegio" a Puigdemont

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo EFE/ Fernando Villar

El Ministerio de Hacienda ha propuesto a las comunidades autónomas convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 26 de febrero. El departamento de la vicepresidenta primera y ministra, María Jesús Montero, tiene pendiente abordar la condonación de la deuda que el PSOE pactó con ERC y acordar una nueva senda de estabilidad para tramitarla en el Congreso de los Diputados, paso previo a presentar los presupuestos generales del Estado de 2025.

El Gobierno retiró la última senda de déficit por la falta del apoyo de Junts, pero la preparación para las nuevas cuentas no será el único tema sobre la mesa. Las comunidades reclaman seguir debatiendo la reforma del sistema de financiación autonómico, una petición que se escucha sobre todo desde los Ejecutivos regionales del PP.

Las comunidades piden hablar del sistema de financiación

Desde la Junta de Andalucía han lamentado que el Gobierno haya retrasado la fecha, cuando se prometió para enero, y han llamado a "arreglar" el modelo de financiación, que consideran "muy lesivo" para su autonomía. En concreto, la consejería económica andaluza cifra su carencia en 1.522 millones de euros anuales.

"Sospechamos en cambio que la señora Montero nos quiere reunir a las comunidades para hacerle otro pago a su socio a cambio de unos presupuestos. Nos tememos que quien ha convocado de verdad el CPFF es Puigdemont. Que no cuente con nosotros para pagar otro privilegio más, un nuevo chantaje", indican fuentes de la consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que dirige Carolina España.

Igualmente, desde la Junta de Extremadura valoran que ya van "tarde" en el calendario prometido, mientras el Ejecutivo de Castilla y León ha acusado a la ministra de estar más ocupada en mítines que en la administración de su cartera, según recoge Efe.

En la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado diciembre en Santander, el Gobierno anunció a las comunidades una reunión del Consejo para abordar la condonación de la deuda de las comunidades de régimen común, una medida que el Ejecutivo central pactó con ERC en noviembre de 2023 a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

La petición de una reforma del modelo de financiación fue una de las principales reclamaciones de las presidentas y los presidentes autonómicos en ese mismo foro, en el que se abordó también el problema de la vivienda, la sanidad y la inmigración.

El debate se avivó a raíz del pacto del PSOE con ERC para aplicar una financiación "singular" en Cataluña a cambio de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Al respecto, desde el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha han recalcado que no está resuelto y que el Ejecutivo sabe que no podrá sacarlo adelante. En línea con otras comunidades, el presidente Emiliano García-Page ha reclamado un "sistema justo de financiación": "Estamos llegando al límite de la capacidad de las autonomías para mantener lo que se ha puesto en pie durante tantos años".

Se ha pronunciado directamente sobre la "financiación singular" también el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, quien se ha quejado de que todavía no se conoce la propuesta ni tampoco la "supuesta reestructuración de la deuda".

Las autonomías que sufren niveles más altos de endeudamiento en relación con su PIB son la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, con deudas que representan más del 30 % de sus economías, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En cambio, en el caso de Andalucía es equivalente al 19% de su PIB y en el de Madrid no existe ninguna deuda con el Estado.

La Comunidad Valenciana y Murcia, seguidas de cerca por Castilla-La Mancha, son los territorios más perjudicados por el actual sistema de financiación, según múltiples análisis económicos.