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Montero critica que el PP utilice foros como el Consejo de Política Fiscal "para plantear polémica y confrontación"

  • Gamarra acusa al Gobierno de querer "romper" el sistema de financiación y asegura que no caben los "privilegios"
  • Las comunidades reclaman que se debata la reforma del sistema de financiación en la reunión del 26 de febrero

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Montero critica que el PP utilice foros como el Consejo de Política Fiscal "para plantear polémica y confrontación"
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo EFE/ Rodrigo Jiménez

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este viernes que el PP "utiliza los foros siempre para plantear polémica y confrontación", en relación a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 26 de febrero, en el que las comunidades reclaman seguir debatiendo la reforma del sistema de financiación.

Hacienda, sin embargo, tiene previsto abordar la condonación de la deuda que el PSOE pactó con ERC y acordar una nueva senda de estabilidad para tramitarla en el Congreso de los Diputados, paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

En declaraciones a los medios en Huelva, Montero ha señalado que no recuerda "ninguna reunión" con el Gobierno central en la que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "acudan con ánimo constructivo, y mucho menos desde Andalucía", ha apostillado, y en esa línea, ha denunciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "manda a sus consejeros, de forma muy clara, a hacer un ataque" a su persona.

También ha criticado que desde la Junta digan que Andalucía "pierde 1.500 millones de euros" al año por el actual sistema de financiación autonómica cuando, a la vez, el PP "rechaza" en las Cortes Generales "el decreto-ley ónmnibus" que contemplaba "1.800" millones para la comunidad. Así, Montero ha acusado a los 'populares' de utilizar todo ello "simple y llanamente para intentar desgastar al Gobierno, para la confrontación, cuando los ciudadanos quieren que rememos en la misma dirección".

La ministra de Hacienda ha insistido en defender que el Gobierno "planteó al Congreso una senda de techo de gasto que permitía que las administraciones territoriales pudieran tener 4.500 millones de euros más de lo previsto en relación con la previsión anterior", y el PP "votó que no, y no fue posible sacar adelante esa senda para los territorios por culpa de un Partido Popular que es negacionista, que traslada un 'no' a todo en este tema".

Gamarra acusa al Gobierno de querer "romper" el sistema de financiación

A su vez, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar "romper" el sistema de financiación autonómico y le ha advertido de que en esta materia "no caben los privilegios" en esta materia. "Lo que es de todos se aborda entre todos", ha proclamado.

Así se ha expresado la dirigente 'popular' durante una entrevista en RNE, al ser preguntada por la intención del Ejecutivo de ampliar el margen de gasto de las comunidades autónomas. En concreto, Gamarra ha defendido que este asunto no puede ser negociado de manera "bilateral" con una comunidad. Por ello, ha instado al Gobierno a dejar de intentar "garantizarse unas mayorías" y abordar este asunto entre todos en el Consejo del 26 de febrero

Durante la entrevista, Gamarra ha hecho también referencia a la Ley del Suelo que ha registrado su formación este viernes en el Senado y con la que pretenden agilizar la construcción de vivienda, que haya más suelo disponible y dotar a la sociedad de más seguridad jurídica para conseguir "afrontar una crisis de emergencia" como es la del acceso a la vivienda.

Entretanto, siguen las críticas por parte de las comunidades autónomas en relación a la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La última en pronunciarse ha sido la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien ha confiado en que el consejero de Hacienda de la región, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, "se quite el traje de 'sanchista'" en la reunión y defienda los intereses de la región.

En su opinión, los servicios públicos de la región "no aguantan más" y necesitan más financiación, porque según Agudo: "No llegan, porque [el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page] no defiende verdaderamente los intereses de nuestra tierra". "De nada sirve posicionarse fuera si dentro aprueban reiteradamente, sistemáticamente, y sin preguntar, todo lo que Sánchez impone a las comunidades autónomas" ha considerado.

Alegría dice que el debate no está cerrado

Por su parte, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha advertido al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que el informe sobre financiación autonómico enviado a las comunidades autónomas de cara a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es un documento técnico y no cerrado al debate.

Alegría se ha pronunciado así en respuesta a unas manifestaciones previas realizadas este viernes por Azcón en las que afirmaba que la propuesta de financiación remitida haría perder a la Comunidad 422 millones de euros al excluir la despoblación y la orografía como criterios de valoración.

La ministra ha advertido que ese informe no elimina "absolutamente nada" sino que se conforma como un documento de partida para el debate, y ha retado al PP, tras las críticas formuladas desde las distintas regiones que presiden en el país, a poner sobre la mesa su propio modelo de financiación.

La Comunidad Valenciana y Murcia, las más perjudicadas

El debate sobre la reforma del sistema de financiación se avivó hace unos meses, a raíz del pacto del PSOE con ERC para aplicar una financiación "singular" en Cataluña a cambio de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

La Comunidad Valenciana y Murcia, seguidas de cerca por Castilla-La Mancha, son los territorios más perjudicados por el actual sistema de financiación, según múltiples análisis económicos. En cambio, en el caso de Andalucía es equivalente al 19% de su PIB y en el de Madrid no existe ninguna deuda con el Estado.