Sanidad pacta con las autonomías que los menores de 6 años sean atendidos en menos de 45 días

• El acuerdo incluye casi 42 millones de euros a repartir entre los gobiernos autonómicos
• Casi 130.000 niños y niñas necesitaron atención temprana durante 2023

Un bebe recibe tratamiento de fisioterapia Getty

Los ministerios de Derechos Sociales y de Sanidad, junto con los gobiernos autonómicos, han aprobado, por primera vez, mejorar la Atención Temprana y reducir los tiempos de espera para los menores de 6 años. El nuevo plazo establece un máximo de 45 días desde que se detecta el caso hasta que reciba atención.

Este es uno de los compromisos adoptados en una hoja de ruta que será un referente de calidad común para todas las CCAA. Este documento ha sido aprobado en la conferencia multisectorial en la que han estado presente Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Mónica García, ministra de Sanidad.

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El plazo para la implantación total de estas medidas será el 2030, se hará de forma gradual y coincidirá con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030), ya que en el marco de este marco se distribuirán fondos a las comunidades autónomas para impulsar la implementación de las medidas contempladas.

Garantizar los tiempos de espera en la franja de edad de 0 a 6 años era uno de los puntos "fundamentales", ya que se trata de "una etapa crucial y crítica y cuando se sientan las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social".

"Habrá una evaluación cada cierto tiempo para ver cómo va implementándose en las comunidades autónomas. Y ya en 2030 tienen que estar perfectamente operativas en la red de atención temprana, tal y como se estipula en el acuerdo", señalan a Europa Press fuentes de Ministerio de Derechos Sociales.

Centros de Atención Temprana en todas las comunidades

Además de mejorar los procesos de detención y reducir los tiempos de espera, el acuerdo aprobado este lunes contempla que todas las Comunidades Autónomas dispongan de una Red de Atención Temprana con una norma que regule específicamente la materia. En este documento deben establecerse los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas.

Desde Derechos Sociales y Sanidad alertan de las consecuencias graves que pueden impactar en niños con necesidad de atención temprana si no se cuenta con un sistema público de calidad. Entre ellas, ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de incluirse plenamente en la comunidad y de alcanzar su pleno potencial.

La falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias del sistema con sus propios recursos económicos, y con su tiempo y energía y esto provoca un desequilibrio que genera sociedades más desiguales y con menos oportunidades, señalan desde ambos ministerios.

Una inversión de casi 42 millones de euros

El acuerdo incluye también una dotación económica de casi 42 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales repartirá entre los gobiernos autonómicos, con cargo al Fondo Social Europeo Plus. El objetivo es que los menores tengan un acceso adecuado a la atención temprana con independencia de su lugar de residencia y de sus circunstancias familiares y sociales.

Según la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT), en 2023, último año del que hay datos globales, casi 130.000 niños y niñas (129.529) necesitaron atención temprana, lo que supone más de un 5% (5,38%) de la población infantil entre 0 y 6 años.