CEAR denuncia que las peticiones de asilo por resolver han crecido un 27% en el último año

• A finales de 2024 España tenía más de 242.000 solicitudes de petición internacional pendientes de resolución
• La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este martes su informe Más que cifras

Las peticiones de asilo procedentes de Mali se han incrementado en un 700% durante el último año. GETTY IMAGES

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado este martes que, a finales de 2024, España tenía más de 242.000 solicitudes de petición internacional pendientes de resolución, un 27% más que el año pasado (191.095). Lo ha señalado en su informe Más que cifras, publicado este martes, en el que ha valorado que España haya mejorado su tasa de reconocimiento de protección internacional del 12 a 18,5%, aunque esta sigue alejada de la media europea, situada en el 40 %.

En su balance, la entidad señala que 167.366 personas solicitaron protección internacional en España en 2024, lo que, bajo su análisis supone "un ligero incremento con respecto al año anterior (163.218), pese a las previsiones alarmistas".

CEAR señala que "las resoluciones negativas siguen aumentando" debido, sobre todo, a las denegaciones que reciben un gran número de personas de Colombia año tras año, "pese a la situación de amenaza constante que siguen sufriendo en este país".

Las concesiones de protección internacional han crecido debido al "incremento exponencial de la protección subsidiaria", que sube casi un 200% respecto a 2023, especialmente por las personas procedentes de Mali. Sin embargo, la organización considera preocupante que las de estatuto de refugiado (6.355) bajen más de un 13% respecto a los datos de 2023, cuando se concedieron 7.330.

Por otro lado, han descendido también las resoluciones concedidas por razones humanitarias de 41.487 en 2023 a 33.535 en 2024, un tipo de protección menos garantista que se concede, sobre todo, a personas de Venezuela.

Mali, entre las tres nacionalidades con más peticiones

Seis de las diez principales nacionalidades solicitantes de protección internacional en 2024 proceden de América Latina, "región marcada por la inestabilidad política, los abusos de derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos armados no estatales". Las otras cuatro proceden del norte de África y de África occidental, "asoladas por conflictos armados prolongados, crisis políticas y los efectos de la crisis climática".

Venezuela y Colombia se mantienen como las dos primeras nacionalidades de personas solicitantes de asilo en España, acumulando más del 63% del total de peticiones, mientras que Mali, con un aumento del 700% en el número de peticiones, ha desplazado a Perú como tercer país de origen, con 10.673.

El país africano se enfrenta a una crisis humanitaria compleja que se prolonga desde 2012, en la que se combina la amenaza yihadista, la inestabilidad política tras el golpe de Estado en 2020, factores de vulnerabilidad estructurales, desafíos socioeconómicos y los efectos de la crisis climática, apunta la entidad. A estos países le siguen en la lista con más solicitantes Perú, Senegal, Marruecos, Nicaragua, Honduras, Mauritania y Ecuador.   

CEAR también destaca en su informe el aumento de solicitantes de asilo de personas de Senegal y de Mauritania, país fronterizo con Mali y Senegal y bisagra entre el África occidental y la región del Magreb. 

Persisten los obstáculos para acceder al asilo

Pese al aumento de solicitudes, CEAR ha recordado que miles de personas siguen encontrando "enormes obstáculos" para acceder al procedimiento de pedir protección internacional. Según su análisis, no solo no se habilitan suficientes vías legales y seguras, sino que el año pasado se introdujeron nuevos visados de tránsito aeroportuarios a hasta seis países (Sudán, Chad, Mauritania, Egipto, Senegal y Kenya), medidas que impiden a muchas personas necesitadas solicitar asilo en España "sin tener que jugarse la vida en el intento".

En un comunicado, CEAR se ha referido también a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo pendiente -que afectará a la ley de asilo y su reglamento y, en parte, a la ley de extranjería- y ha pedido al Gobierno "comprometerse a velar por la garantía de derechos" en su aplicación. Para ello, considera necesario incrementar los recursos humanos y la formación especializada a todo el personal en los procedimientos fronterizos, crear un mecanismo independiente de monitoreo de derechos humanos y que la nueva ley de asilo garantice el derecho a la asistencia jurídica gratuita especializada durante todo el proceso.