Veterinarios de todo el país cierran sus clínicas para protestar ante la normativa actual sobre medicamentos

• Denuncian que se trata de una regulación "que compromete la salud animal y la profesión veterinaria"
• En ese sentido, solicitan que se tenga más en cuenta a los profesionales clínicos para crear la normativa

Grupo de veterinarios concentrados en Lugo (Galicia).

Veterinarios de todo el país se han movilizado este martes para protestar contra la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, que obliga al registro oficial de antibióticos. Desde principios de año, estos profesionales deben introducir los datos de los medicamentos que prescriben e información de la receta en una herramienta informática llamada Presvet.

El sistema centraliza todos los datos con el fin de controlar el uso de antibióticos en los animales en general y luchar contra las resistencias que se están desarrollando en la actualidad debido al abuso de estas sustancias.

Si bien el gremio está de acuerdo con que es necesario la reducción de su uso, consideran que esta herramienta,"dificulta la labor diaria y limita nuestra capacidad para prescribir tratamientos y, en muchos casos, compromete el bienestar de nuestros pacientes, llegando incluso a poner en peligro sus vidas", según apunta el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

La normativa actual "no permite" seguir su "criterio clínico"

Cientos de clínicas, convocadas por la plataforma VetsUnidos, han realizado un cierre simbólico de las clínicas a partir de las 11.00 horas. Una de las portavoces, Ana García, ha informado de que hay 5.000 veterinarios que han firmado un manifiesto "frente a una normativa que compromete la salud animal y la profesión veterinaria".

García ha asegurado que la profesión "se debe a sus pacientes y al código deontológico", mientras la normativa actual "no permite" seguir su "criterio clínico". En este sentido, el registro oficial de todas las prescripciones de antibióticos, incluida la de mascotas desde principios de 2025 a través de la herramienta Presvet, "ha sido la gota que ha colmado el vaso".

Se quejan de que el reglamento actual, especialmente el 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, les limitan mucho su actividad, hasta el punto de "tener que declarar cada gota inyectable o pastilla prescrita cuando ya hay otras formas de notificar".

Imagen de una veterinaria clínica accediendo a la plataforma PresVet. EUROPA PRESS

Una de las peticiones es la derogación de dicho real decreto para partir de cero y que "se nos tenga a los clínicos en cuenta para conseguir una normativa mucho mejor". Al respecto, el Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo, en Galicia, ha lamentado que esta normativa hace que "un prospecto elaborado por una determinada marca comercial prime sobre la experiencia y el conocimiento de los veterinarios". 

El acto de este martes ha contado con el apoyo de colegios veterinarios, como el de Madrid, Galicia o Castilla y León, y también se ha lanzado una petición de firmas por Change.org.

"Una carga burocrática excesiva"

Por su parte, la Asociación de Veterinarios Empresarios de Valladolid (Avemvall) ha asegurado que la implantación del sistema Presvet genera "una carga burocrática excesiva y retrasa tratamientos críticos", defendiendo que el Reglamento Europeo 2019/6 "permite que los veterinarios dispensen medicamentos y diferencia claramente entre fármacos de uso humano y veterinario".

El sector considera que la normativa trae un exceso de burocracia.

Sin embargo, la legislación nacional "impone restricciones injustificadas que penalizan a la profesión sin aportar beneficios reales en la lucha contra la resistencia a los antibióticos", ha continuado, para precisar que el mercado de antibióticos para animales de compañía representa solo el 0,08 por ciento del total farmacéutico.

Además, la normativa "ignora el papel esencial de los animales de compañía en el bienestar emocional y mental de las personas, especialmente en situaciones de soledad y envejecimiento", ha agregado.

Los servicios veterinarios siguen gravados con un 21% de IVA

Avemvall también ha denunciado que los servicios veterinarios continúan gravados con un 21% de IVA, "a pesar de que la legislación civil reconoce a los animales como seres sintientes".

"Esta carga impositiva encarece el acceso a la atención veterinaria, afectando tanto a los propietarios como al bienestar de los animales", ha criticado, para señalar que es necesario reducirlo "para equipararlo al de otras profesiones sanitarias".

De este modo, la asociación ha exigido una "revisión inmediata" de la normativa para "garantizar una regulación justa y eficaz". Así, ha reclamado una reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos que permita la dispensación directa de medicamentos veterinarios por parte de los veterinarios, como ocurre en otros países europeos.

Sobre la necesidad de una reforma ha hablado también el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, que ha solicitado al Ministerio de Agricultura la "suspensión cautelar" del sistema Presvet mientras "se modifica o diseña un sistema alternativo que garantice un control efectivo de los antibióticos, se adapte a la clínica veterinaria y respete la labor de los profesionales".

Agricultura asegura que han tenido más de año y medio para prepararse

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han remitido a una comunicación reciente del Departamento en el que, entre otros puntos, se detalla que los veterinarios de mascotas conocen la obligación de transmitir la información requerida a Presvet desde junio de 2023, "por lo que han tenido más de un año y medio para prepararse".

El Departamento ha recordado que los veterinarios llevan transmitiendo desde enero de 2019 las prescripciones de antibióticos de animales de granja, y en estos momentos la base de datos y todo el sistema de transmisión de información funciona "con total normalidad". Asimismo, Agricultura ha asegurado que Presvet "no establece limitaciones a las prescripciones y, por tanto, no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario".

En cuanto a la carga administrativa —una de las quejas del colectivo—, el Ministerio ha asegurado que es una información que las clínicas "ya la graban en sus sistemas", siendo "el único paso adicional necesario transmitirla desde el ordenador a la aplicación: solo se requiere una adaptación del sistema informático".

En lo relativo a las sanciones, el Ministerio ha recordado que están recogidas en la Ley de Sanidad Animal, pero cuando se puso en marcha el sistema para animales de granja, "se observó que era necesario graduar las sanciones iniciales en función de si la falta de comunicación era reiterada o no".