El fiscal general amplía su queja al CGPJ y denuncia que la UCO difundió todas sus llamadas de 10 meses

• Álvaro García Ortiz acusa al Supremo de no adoptar medidas para preservar su intimidad y pide al CGPJ que lo haga
• Denuncia que la UCO excedió el mandato judicial, ya que el juez había acotado la investigación a un periodo de siete días

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo AGENCIAS

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito en el que amplía su queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la difusión de datos personales en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil. Este documento incluye su tráfico de llamadas (realizadas y recibidas) en un periodo de diez meses, concretamente desde diciembre de 2023 a octubre de 2024, más allá del límite temporal que fijó el juez que dirige la causa contra él.

La queja ha sido remitida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, a la que ya presentó una primera queja por la filtración de sus datos personales el pasado lunes, en la que alegaba que le parecía "manifiestamente injustificado" que se hubiesen recopilado dichos datos. El motivo de la misma y lo que reprocha a la UCO es que haya excedido el mandato judicial y al instructor, Ángel Hurtado, que no haya adoptado medida alguna para salvaguardar su intimidad, por lo que insta al CGPJ a hacerlo ahora.

El Tribunal Supremo (TS) revisaba este martes la investigación del juez Ángel Hurtado contra García Ortiz sobre la supuesta revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, estudiaba varios recursos de la Fiscalía y la Abogacía que buscan anular el registro del despacho del pasado 30 de octubre, la diligencia clave de la instrucción.

El jefe del Ministerio Público cuestiona, en este nuevo escrito, que la información que la UCO ha hecho llegar al magistrado —que a su vez remitió los datos a las partes personadas en la investigación abierta— desglosa el registro completo de sus llamadas durante diez meses. El instructor acotó la pesquisa a una semana (desde el 8 al 14 de marzo de 2024), tramo en el que se centra la investigación de la causa. No obstante, el informe incluye 240.000 registros de su actividad diaria y profesional.

Los referidos documentos contienen datos personales —números de teléfono, direcciones postales y DNI— tanto del fiscal general del Estado como de un escolta, así como de otro fiscal, un abogado y un periodista, entre otras personas.

El pasado lunes se conocieron las conclusiones de ese informe que determinó que el fiscal general borró todos sus mensajes de WhatsApp hasta en dos ocasiones el día (16 de octubre) que el juez abrió la investigación contra él.

Información irrelevante para la causa

García Ortiz detalla que, de las dos líneas de teléfono analizadas, se aporta de forma injustificada un desglose de la actividad en tiempo real que considera un minutaje desmesurado de su vida, incluso estando imputado.

En este nuevo escrito, precisa que en una de las líneas se cubre toda la actividad desde el día 7 de marzo de 2024 hasta el día 15 de marzo de 2024, lo que supone 7.105 anotaciones; mientras que de la otra se aportan los tiempos de conexión desde el 5 de diciembre de 2023 hasta el 24 de octubre de 2024 —más de 10 meses—, unas 8.000 anotaciones.

Precisamente este miércoles, el CGPJ ha iniciado actuaciones previas para estudiar las reclamaciones realizadas tanto por García Ortiz como por su antecesora inmediata, Dolores Delgado, ya que su número de teléfono es uno de los que consta en el informe de la UCO.