De aforado a ‘lawfare’, desentrañando el lenguaje jurídico

• Son términos jurídicos que se usan en las causas penales
• En 2015 la ley cambió imputado por investigado

¿De qué me hablas?: Aforado, una garantía procesal con la que cuentan miles de cargos públicos

Aforado, investigado, suplicatorio, acusación popular, ‘lawfare’… A lo mejor alguien se hace la pregunta "¿de qué me hablas?". Todos ellos son términos jurídicos que se cuelan a diario en noticias, reportajes y entrevistas. Con el artículo de este martes comenzamos una serie de episodios para ayudar a entender qué significan.

Aforado, una condición muy de España

La princesa Leonor, el presidente del gobierno, los jueces o los parlamentarios están aforados. Todos ellos desempeñan un cargo público determinado y, por eso, cuentan con esta garantía procesal. Significa que si una persona aforada comete un delito, le juzgará un tribunal distinto al del resto de ciudadanos. Por ejemplo, el presidente del gobierno está aforado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. En cambio, los jueces y magistrados lo son ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

En España hay miles de aforados. No obstante, en seis comunidades -Cantabria, La Rioja, Aragón, Murcia, las islas Canarias y las islas Baleares- han eliminado esta condición en cada Estatuto de Autonomía.

Lo cierto es que el aforamiento se da en otros países europeos a nivel testimonial. Es el caso, por ejemplo, de Portugal o Italia, donde solo el presidente de la República está aforado. En otros lugares como Reino Unido o Estados Unidos no existe como tal la condición de aforado, pero sí ciertos niveles de inmunidad parlamentaria.

Suplicatorio

¿Cómo se puede juzgar a un aforado? Con un permiso que se llama suplicatorio. Es decir, el Poder Judicial se pone en contacto con la presidencia del Congreso de los Diputados o del Senado y, después de varios trámites de la cámara correspondiente, los parlamentarios tienen que decidir si uno de los suyos puede ser investigado y juzgado por la justicia.

El pleno toma la decisión mediante una votación individual y secreta.

Por ejemplo, desde 1979 el Congreso ha tramitado cincuenta peticiones del Tribunal Supremo y ha aceptado el 70% de ellas. De hecho, desde la década de los noventa no ha rechazado ningún suplicatorio. El último que se ha concedido es el del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Investigado, lo que antes era imputado

La condición de imputado se sustituye por investigado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, que se define como la persona sobre la que tan solo recaen meras sospechas y, por ello, resulta investigada. De esta manera, este término sufrió un lavado de cara porque la condición de imputado llevaba consigo connotaciones negativas y todavía a día de hoy causa confusión. Sin embargo, imputado e investigado significan lo mismo.

Entre sus derechos destacan que puede reservar documentación solicitada por el juez para su defensa. Delante del juez, el investigado puede guardar silencio en una declaración y también puede no decir la verdad, a diferencia de un testigo, por ejemplo, que siempre tiene que ser sincero.

Acusación popular

La acusación popular es un derecho constitucional en el que un partido político, una asociación o un colectivo participa en un proceso penal sin estar perjudicado por ello. Para ser parte de la acusación popular hace falta pagar una fianza o tener abogado propio. Además, pueden ver el sumario y proponer testigos.

Pese a los intentos de políticos de distintas ideologías de limitarla, las principales asociaciones de juristas se muestran a favor de mantener la acusación popular.

¿A qué se refieren los políticos con ‘lawfare’?

El anglicismo 'lawfare' se traduce de manera literal como ‘law’, ley, y ‘warfare’, guerra.

La llamada "guerra judicial" está en el debate de nuestro país. Los políticos se refieren a este concepto como el uso de la justicia para dañar su imagen. Algunos de ellos han denunciado ser víctimas de una “persecución judicial” o que se han visto afectados por lo que denominan la “judicialización de la política”.

Este término se incluyó en el acuerdo de la ley de amnistía entre PSOE y Junts de 2023. Los jueces, fiscales y poder judicial rechazaron este concepto porque lo consideraron una intromisión en la independencia judicial y, finalmente, la ley no lo recogió.